Cada vez son más los frentes abiertos que acumula el todavía el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el polémico Alejandro Gertz Manero, quien, como reza un conocido dicho mexicano, “ya no siente lo duro sino lo tupido”. Y es que si bien hasta el día de hoy ha resistido los embates contando con el respaldo presidencial, no se sabe por cuánto tiempo más lo podrá sostener el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien una y otra vez se ha cubierto ojos y oídos para hacer como que no se da cuenta de lo que ocurre en torno al fiscal que él mismo propuso para el cargo.
Una columna que escribí en septiembre pasado para este espacio en SDP, fue titulada ¿Quién detendrá al todopoderoso fiscal?, y la pregunta y el asunto cobra relevancia nuevamente, porque a pesar de que cada día suman más las acusaciones en su contra; las evidencias de sus extraños manejos; la presunta corrupción; el tráfico de influencias; la transgresión a las leyes; el abuso de poder; la persecución política; el desvío de recursos; su exorbitante riqueza escondida en paraísos fiscales; más lo que se acumule, es fecha que nadie lo ha podido tumbar del cargo que -ya está visto-, voluntariamente no está dispuesto a abandonar.
Aquí parte de la colaboración que escribí en septiembre de 2021:
“Cuando en enero de 2019, Alejandro Gertz Manero fue propuesto en una terna por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser elegido el primer Fiscal General de la República FGR por nueve años, se le vio como un elemento idóneo y un nombramiento lógico para tutelar dicha instancia que goza de plena autonomía, siendo éste precisamente el único cuestionamiento que se dió, pues a los ojos de muchos, su independencia estaría en predicamento dado que el elegido por el Senado había desempeñado el puesto de asesor de AMLO durante la campaña presidencial. El asunto es que a casi tres años de distancia, nadie esperaba ver al titular de la institución del Estado mexicano que debe investigar y perseguir los delitos federales, envuelto en venganzas personales, abuso de autoridad, persecuciones políticas, y actos de prepotencia, como se encuentra ahora este personaje a quien el presidente definió en algún momento como ‘un hombre íntegro, recto, e incorruptible’”.
Pero el propio Gertz Manero se ha encargado de destruir esa reputación que al menos López Obrador le concedió en algún momento.
Recientemente, el poderoso fiscal, fue evidenciado por el caso que lo enfrentó con su ex cuñada (95 años de edad) y sobrina política (69), quienes lo vencieron en tribunales. Gertz acusó a ambas de homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico, fallecido en 2015, pero, después de que el caso se hizo mediático en redes sociales y medios de comunicación, y de que se filtraran audios en los que deja al descubierto que tiene a ministros de su lado para votar la sentencia a su favor, a la corte no le quedó más remedio que dictaminar la inocencia de las dos mujeres y decretar su libertad.
Por cierto, a un mes y días de haber abandonado la cárcel, Alejandra Cuevas, su sobrina política, lo acusó de usar pasaporte falso para entrar a Estados Unidos y tener dos aviones para viajar a París, Ibiza, Madrid y Santa Mónica, California.
Además, en un tuit, el pasado viernes le recriminó:
“Desbarataste a la madre de tus tres hijas, a la esposa de tu hermano, a mí me metiste a la cárcel, ahora le avientas a la FGR a mi hija @Anapaulaa74 y a la novia de mi hijo @gcastillocuevas. Gertz el misógino que fabrica delitos #DePendejaNoTengoUnPelo”.
La que también ya le ganó un round al fiscal es la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, luego de que un Tribunal Colegiado ratificó la sentencia de un juez de Amparo en la que se determinó que “Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), no puede emitir ningún comentario o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de Robles Berlanga, también ex secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)”.
Robles Berlanga permanece recluida en la prisión femenil de Santa Martha Acatitla, desde agosto de 2019, cuando un juez de Control la vinculó a proceso y determinó imponer la prisión preventiva justificada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con el supuesto desvío de más de cinco mil millones de pesos.
Pero eso no es todo, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra denunció al Gertz Manero, y otros colaboradores suyos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.
La denuncia penal interpuesta ante la FGR incluye no sólo a Gertz, sino a Juan Ramos López, Manuel Granados Quiroz, Adriana Campos López y María Eugenia Castañón Osorio.
Según Scherer Ibarra, esas personas construyen carpetas de investigación por venganza contra empresas, personas y empresarios por ser considerados “enemigos” de Gertz Manero.
Scherer asegura que no quiso participar en el caso de Federico Gertz, hermano del fiscal, por lo que hubo represalias en su contra y que incluso, el titular de la FGR le dijo “usted pudo haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.
Ya antes, Scherer había acusado al fiscal de la República, y a la otrora secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atacarlo y hostigarlo con un modus operandi al que definió como “extorsivo”. En una carta publicada en Proceso, el exconsejero jurídico dijo que el modus operandi se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga.
También en la ya citada columna escribí:
“Alejandro Gertz Manero, de 81 años de edad, ha actuado de forma implacable en los casos que a él le importan y le duelen personalmente. No ha faltado quien se pregunte porqué no procede de la misma forma para atajar los flagelos que laceran a la ciudadanía; para usar esas mismas herramientas poderosas convertidas en leyes con las que cuenta para ir a perseguir delincuentes y criminales en lugar de hacerlo con investigadores y científicos, o con mujeres de la tercera edad”.
Por cierto, Alejandro Gertz Manero fue quien decidió en su momento exonerar y no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, quien en octubre de 2020 fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), acusado de cinco cargos relacionados con narcotráfico. Sin embargo, tras haber sido extraditado a México bajo la promesa de que las autoridades de nuestro país emprenderían la investigación correspondiente, éstas no cumplieron con tal, de ahí que algunas versiones señalen que nuestros vecinos del norte le están haciendo marca personal al fiscal mexicano, quien habría caído de su gracia desde que en complicidad con Andrés Manuel López Obrador, dieron carpetazo a la supuesta investigación que harían del caso Cienfuegos.