La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el 2 de abril que Mario Marín, exgobernador de Puebla durante el periodo 2005-2011, ha sido trasladado nuevamente al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, luego de que un tribunal revocara el beneficio de prisión domiciliaria que se le había concedido.
El caso se remonta a 2005, cuando la periodista Lydia Cacho publicó “Los Demonios del Edén”, obra que documentaba una red de pornografía infantil presuntamente dirigida por el empresario Jean Succar Kuri y protegida por numerosos funcionarios públicos. Como aparente represalia, Cacho fue detenida irregularmente en Cancún y trasladada hasta Puebla en un vehículo propiedad del empresario textil Kamel Nacif.
En febrero de 2006, se filtró a los medios una conversación telefónica entre el entonces gobernador Mario Marín y Kamel Nacif. Durante esta llamada, Marín se jactaba de haber dado “un coscorrón a esta vieja”, refiriéndose a Cacho, mientras Nacif lo llamaba “mi gober precioso” y “héroe de esta película”. Este episodio generó gran indignación pública y se convirtió en un símbolo de abuso de poder y complicidad entre autoridades y empresarios.
Aunque Cacho presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en marzo de 2006, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero fue desestimado en 2007. La periodista interpuso una contrademanda en 2009, lo que motivó nuevas investigaciones por tortura que se mantuvieron sin avances significativos durante años.
Según informó la FGR a través de la Fiscalía Especial en materia de Derechos Humanos (FEMDH), el Tribunal Colegiado de Apelación del vigésimo séptimo circuito, con sede en Cancún, determinó que la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada a Marín en agosto de 2024 “careció de fundamentación adecuada, no valoró los riesgos procesales y omitió considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados”.
En consecuencia, agentes de la Guardia Nacional ejecutaron la orden para reingresar al exfuncionario de 70 años al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrentará el proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra Lydia Cacho.
La Fiscalía subrayó la trascendencia nacional del caso “no solo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión, en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información”.
Por su parte, Lydia Cacho se pronunció en redes sociales sobre el regreso de Marín al Altiplano, afirmando que el exgobernador había establecido vínculos con gobiernos del partido Morena para evadir la justicia.
Este caso ha sido emblemático en la lucha por la libertad de prensa en México y contra la impunidad del poder político, por lo que la decisión del tribunal ha sido recibida con satisfacción por organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión.