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El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hace unos días que la Reforma Energética que aprobaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que tanto afecta a los mexicanos, se debió a que la gente no fue enterada realmente de lo que significaba porque “los neoliberales tenían el control absoluto de los medios”, y lamentó que entonces no pudieron detenerla pese a los mítines realizados en la Ciudad de México; por estas razón dijo “nos faltó pueblo”; es por ello que el jefe del ejecutivo propone informar sobre la Reforma Eléctrica del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).
Si bien es cierto que la gente no fue enterada de cómo afectarían las modificaciones legislativas en materia energética en el 2013, sí hubo voces que alertaron sobre los efectos nocivos de dicha ley, las cuales no fueron escuchadas como la del gobernador de California de ese entonces Edmund Gerald Brown, quien recomendó a legisladores mexicanos “mano dura” en la regulación que se aplicaría a las empresas privadas en el sector energético con la reforma.
La recomendación del político estadounidense se debía a que los consumidores californianos fueron víctimas de un fraude por parte de la empresa privada que abastecía de electricidad a ese estado a finales del año 2000.
Enron manipuló dolosamente la crisis energética de California de principios de siglo, cuando los precios de la electricidad se dispararon mientras se producían cortes y restricciones en el suministro, según documentos internos de la compañía hechos públicos. La compañía tejana creaba excesos de demanda o congestiones artificiales cuya solución le reportaba beneficios millonarios.
Una de las estrategias que usó Enron para defraudar a los consumidores, era comprar en California electricidad al precio máximo entonces fijado de 250 dólares el megavatio/hora y la vendía fuera de la zona a cinco veces ese precio. Pero la empresa privada también adquiría energía eléctrica, la vendía fuera y se volvía a adquirir y revender a California como procedente del exterior y a precios muy superiores al tope fijado por la electricidad producida en el Estado.
Cuando hacía falta el proveedor privado creaba congestiones artificiales en la red y se programaban movimientos de alivio en sentido contrario sin que en realidad hubiera movimiento.
Empleados de alto rango de la empresa texana, encargados de controlar el suministro eléctrico para los consumidores californianos, después que el estado desreguló y privatizó la industria, bromeaban sobre el dinero que estaban ganando al manipular ilegalmente el flujo de electricidad mientras los consumidores sufrían apagones y alzas extraordinarias de precios, según audio grabaciones dadas a conocer hace algunos años.
Funcionarios del gobierno californiano y ejecutivos de las empresas energéticas llegaron a la conclusión de que la crisis eléctrica en California, fue resultado del mal manejo del proceso de privatización del suministro eléctrico y la desregulación de la industria en el estado, por no llevarse lo suficientemente lejos.
La mala experiencia que tuvieron los californianos a principios de este siglo no fue analizada por los legisladores mexicanos que aprobaron la reforma energética en materia eléctrica en el 2013, con lo que se avaló una ley que favorece a las empresas privadas.
Los precios de la luz subieron con las modificaciones a la ley en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2015, el KiloWatt-hora (KWh) costaba 1.39 pesos, y en 2017, dos años después de los cambios constitucionales, la cifra aumentó a 1.88 pesos.
Las cosas no han llegado a México al grado de lo sucedido en California, pero los abusos de los generadores privados que abastecen electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o compañías particulares, son muchos.
El Gobierno de la 4T tiene que explicar a la población en qué consiste su propuesta de Reforma Eléctrica y convencer a legisladores de la oposición de las bondades de las modificaciones en materia eléctrica.
Al parecer se cumplió el dicho de que “nadie escarmienta en cabeza ajena”.