Lo que sucedió en Guanajuato, Jalisco y Chihuahua y amenaza extenderse a Baja California, ha sucedido antes y puede replicarse. Está conceptualizado a partir de la inmensa experiencia colombiana y del análisis internacional especializado como insurgencia criminal. A partir de las necesidades de coordinación regional de las fuerzas delictivas y de los enfrentamientos inter-criminales (por rutas, mercados, cargamentos, dinero y control social y territorial, se lanzan desafíos directos al Estado, a la institucionalidad pública, a los cuerpos armados, se atemoriza a la población de esos Estados y se muestra el músculo de una criminalidad empoderada. Salvo en el caso de ataques a “población civil no combatiente” que está tipificado como terrorismo. No es lo mismo lo uno que lo otro. Entendámonos.
Es suma, en ambos casos se ataca el Orden Social constitucional, ya muy atacado por cierto desde hace varios lustros Estamos ante eventos que golpean la seguridad interior como variante de la seguridad nacional por organizaciones que expresan su poder desestabilizador. Hoy es una de las pocas veces (otra fue durante el llamado “Culiacanazo”) en que estos eventos se tratan oficialmente, se informan y se comentan como lo que son: ataques del crimen transnacional organizado, retos propios de la seguridad nacional. Enhorabuena. Se relegó el discurso y enfoque absurdo de tratarlos como eventos relativos a la seguridad pública.
El conflicto entre la criminalidad transnacional y el Estado-gobierno ha escalado, y éste último –que no renuncia a su concepción pacificadora- ha dado un viraje táctico ante la agresividad criminal. Ello sucede en cualquier tipo de guerra (“los virajes tácticos”) particularmente en la guerra asimétrica en donde los combatientes adversarios del Estado presentan combate frontal sólo en coyunturas específicas ante su desventaja estratégica, o desarrollan insurgencia criminal de impacto.
El evento de la reunión entre dos líderes regionales del CJNG fue descubierto y las fuerzas armadas se movilizaron para detenerlos. Todo indica también que dichas acciones rebasaron la contrainteligencia criminal y que se actuó rápido. Detuvieron al “RR” (otras fuentes indican que no lo capturaron) y a otros líderes del siguiente círculo de poder y la reacción sobrevino. Hubo que concentrarse en limitar el tamaño de la respuesta criminal y se detuvo a personas que protagonizaban la respuesta delictiva a la acción de las autoridades y los cuerpos armados.
Es la concentración de fuerza logística, táctica y de capacidad de fuego de los cuerpos del Estado lo que más eficazmente puede inhibir la reacción violenta de represalia. Se impone una valoración a fondo del evento en términos de qué es lo que falló para lograr completo el objetivo propuesto: la captura de los dos líderes regionales y prever una reacción de gran violenta que no pudo evitarse o neutralizarse por completo. Y a partir de ello qué se debe recomponer, cada operación deja lecciones asimilables. Entonces y sin duda, hay algo importante siempre que mejorar o reformar.
La insurgencia criminal es la expresión del desafío al Orden Social y Constitucional, es el rechazo violento a la interferencia del Estado en sus asuntos delictivos, no quieren librar dos guerras, la inter-criminal y otra contra las fuerzas del Estado, quieren cohesionar sus filas para su mejor actuación en pro de los negocios ilícitos. Claro que el Estado no lo puede permitir. La oposición sin propuesta alguna y el huelga legislativa para reformas constitucionales que urgen en esta materia,, se adelantan con el oportunismo que les caracteriza a decir, que lo que sucede es la evidencia del fracaso de la GN (cuya creación y funciones legales ellos aprobaron) y de la estrategia general oficial.
Dicha insurgencia criminal –dice John P. Sulivan- es diferente del terrorismo y que la insurgencia clásica o revolucionaria, porque el motivo político general de los insurgentes criminales es ganar control o influencia o marcar territorios de su dominio y actuación e inhibir la acción del Estado en su contra (la represión legítima). El profesor Steven Metz apuntó en su monografía Repensando la Insurgencia, que no todas las insurgencias se ajustan a los modelos clásicos revolucionarios. No todos los insurgentes tratan de apoderarse del gobierno o tienen una base ideológica y una plataforma programática para un futuro gobierno. Es el caso de las organizaciones criminales.
Algunos buscan un alto impacto usando las estructuras correspondientes a su acción delictiva, mediante la cual logran beneficios económicos y de poder. Sin embargo, tienen una cierta dimensión política al usar métodos o formas de acción del tipo maniobras políticas propias de la “lucha callejera”, de la “lucha con barricadas”, es decir, la violencia instrumental para lograr sus objetivos, aunque en el caso de Guanajuato y Jalisco la percepción oficial es la de una represalia contra el Estado pegando en donde más le duele: en la tranquilidad social y en los establecimientos comerciales altamente sensibles al ataque de su patrimonio económico que reclamarán al gobierno estatal y federal “la falta de garantías” para su función económica. Una tranquilidad social de por sí muy alterada ya desde hace lustros por el tema de la expansión criminal.
Como tales, los actores no estatales de las acciones en Jalisco y Guanajuato son insurgentes aunque de una variedad heterodoxa, es decir, criminal, no revolucionarios. Claro, un abogado penalista dirá que simplemente son malhechores y transgresores de la ley. Un criminólogo no. Pero quienes nos hemos educado en otras disciplinas tenemos una valoración, apreciación y un enfoque distinto de lo ocurrido.
De facto la insurgencia no es simplemente una variante de la guerra en general o de la guerra asimétrica en lo particular, sino que la verdadera amenaza proviene de los efectos nocivos del conflicto hoy en desarrollo con el CTO, ya prolongado. Y porque además es resultado de una serie de fallas sistémicas y de una patología social en la que las élites económicas, políticas e intelectuales en México, abordaron el problema en forma equívoca y costosa durante décadas.
En cambio el terrorismo ocurrido en Ciudad Juárez a partir de un enfrentamiento dentro de un penal (CEFERESO No. 3, con muertos y heridos) se desarrolló un ataque criminal a tiendas de conveniencia y distintas y a una gasolineras y se ataca a civiles con armas de fuego. Ello está tipificado internacionalmente como “acto de terrorismo” porque se ataca en forma armada a civiles indefensos y que no participan “como combatientes” en el conflicto en desarrollo. Distinto al incendio de negocios, autos, y camiones de transporte público tanto en Jalisco, Guanajuato como en Ciudad Juárez. Esto intenta aterrorizar a la población y atacar el orden social y político para efectuar una represalia de alto impacto para el gobierno. Todos hechos muy graves, pero diferenciados legal y conceptualmente, incluso para organismos internacionales.
Hay dos interpretaciones diametralmente opuestas: que los hechos graves ocurridos y que pueden replicarse obedecen a la dinámica general de la guerra asimétrica que se libra y a los golpes asestados a las organizaciones transnacionales del crimen. Otra sugiere un montaje “una mano o muchas manos, negras” contra el gobierno federal para acompañar el discurso del fracaso de la estrategia vigente el crimen vigente. Me posiciono en la primera interpretación.
No podemos descartar la idea aunque absurda e irresponsable de que haya grupos de poder civil a quienes les importa que el problema no tenga una mejora sustancial, y hayan apostado para que el conflicto de criminalidad se sostenga y agudice para seguir jugando un rol detonante en la deslegitimación del gobierno actual y del curso de las transformaciones. Para contrarrestar y derrotar esa maniobra política es fundamental fortalecer la concepción y la estrategia actual con ajustes, enmiendas y reformas, es decir, con una reingeniería sistemática y no simplemente fortaleciendo al gobierno para que pueda hacer prevalecer sus ideas y voluntad con más eficacia. En todo el mundo se procesan ajustes a estrategias y programas.
Lo que se procesó en un operativo criminal como fue la captura del “Apá” y del “RR”, y solo se logró la del “RR” (Ricardo Ruiz Velasco), expresa la necesidad de ir a ajustes en los aparatos de inteligencia, porque se echó a andar un importante operativo de precisión, quirúrgico, de captura, que no admite falla ni en el detalle más mínimo y no tuvo éxito completo. En algún punto el esfuerzo fue insuficiente y uno de los líderes principales en la reunión pudo escapar (salvo que lo haya hecho al calor del enfrentamiento armado que se produjo alrededor de la reunión en la que irrumpió la fuerza armada del ejército) además de otros subalternos. ¿Qué es lo que falló en mínima medida para el éxito completo de la operación? Tal vez algo.
Luego la confrontación criminal en la prisión de Ciudad Juárez ¿en dónde está la inteligencia que alertó de la factibilidad de que dicho enfrentamiento criminal escalara hacia fuera del penal, a las calles de la ciudad? El presidente AMLO, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debe entender que no todo está dicho en materia de inteligencia, seguridad y combate al crimen transnacional en México o en su círculo más íntimo. Cualquier estrategia (no la concepción política general del problema) es susceptible de ajustarse –como parece está sucediendo por la fuerza de las circunstancias- reforzando los aparatos de inteligencia y los cuerpos armados con innovaciones operativas, con enmiendas organizativas que aumenten -de acuerdo a otras experiencias exitosas- la eficacia, es algo factible y plausible. Él es un líder de Estado con amplia sensibilidad. Pero la guerra asimétrica como cualquier otra tiene su lógica de los enfrentamientos.
Dentro de ello y por ello, las reformas institucionales son sustanciales al proceso. No deben cegar esa perspectiva los éxitos tácticos inmediatos o parciales.