Guerrero está en llamas. La primera semana de julio, el grupo armado de “Los Ardillos” incendió Chilpancingo bajo la sombra de una reunión entre líderes de ese grupo y la presidenta municipal electa para el periodo de 2021-2024, Norma Otilia Hernández. Supuestamente, el encuentro dejó acuerdos en el que aquellos criminales cobraban el triunfo de la alcaldesa de Morena. Los atacantes de Iguala hicieron algo similar: pactar desde la criminalidad organizada con la política desorganizada, en este caso, con la del priismo que sobrevive con el presidente municipal David Gama Pérez tras el ataque a balazos en contra de la aspirante a sucederle por Morena, Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado. Mientras el obispo de Chilaba, Salvador Rangel, acusa un vacío de poder, la realidad es que Guerrero se acerca a ser un narcoestado con elementos que dejan claro que el monopolio de la violencia no es exclusivamente del Estado, que es también de los criminales y grupos que controlan las actividades ilícitas, que son aquellos quienes controlan territorios y gravemente, quienes controlan también las preferencias electorales de sus pobladores, gremios, cotos, transportistas, sindicalistas, maestros e inclusive, quienes determinan qué aspirantes llegan y quienes sobreviven.

En 2022, el presidente municipal de San Miguel Totolapan, fue asesinado y junto a él murieron 20 servidores públicos. En 2018, Abel Montúfar, candidato del PRI al congreso local y exalcalde de Coyuca, fue también ultimado. En aquel entonces, Guerrero acumuló cerca de 20 aspirantes a cargos de elección popular asesinados entre septiembre de 2017 y el primero de julio de 2018, en el marco de la contienda electoral.

Probablemente, el presidente jamás imaginó que adelantar por meses el proceso electoral implicaría también que madrugar el clima de violencia por la lucha territorial que advierte una de las peores amenazas al Estado democrático de derecho. Cientos de comunidades se jugarán la vida en el voto y esa es la manera menos libre de participar o inclusive, de auto censurar las preferencias electorales por el miedo que imponen los actos de terror como la quema de autos, bloqueos, tiroteos y casillas cuidadas por personas armadas.

El fenómeno parece ser causal y no es posible que sea normalizado: elecciones y disputa territorial por el poder se traduce en el uso del crimen organizado como brazo extraoficial de las fuerzas que se disputan los espacios, la vía “pacífica” contempla los pactos y las entregas de plazas; la vía violenta dispone de disturbios para crear terror, asesinatos para enviar mensajes y en los casos más extremos, el exterminio o los ataques para neutralizar adversarios.

No son casualidad que los ataques en contra de operadores de las corcholatas de Morena vayan cobrando tantas vidas o amenazándolas con ataques críticos siendo que aún no inicia oficialmente el tiempo electoral:

  1. Zayma Zoraya Zamora García, excandidata a la alcaldía de Poza Rica y operadora de Adán Augusto en Veracruz, asesinada el 25 de julio.
  2. Daniel Flores Nava, empresario, operador político y principal aportado a la causa de Adán Augusto, fallecido misteriosamente tras el desplome de un avión en Veracruz ocurrido el 29 de julio.
  3. José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel Fuentes de 20 años, empresario dueño de la compañía Corporativo Comercial Millenium y tío de la pareja de la gobernadora Evelyn Salgado, aportado financiero y operador de Marcelo Ebrard. Asesinados junto con un testigo que presenció el ataque en Guerrero, durante un traslado en la carretera que conecta la Ciudad de México con Acapulco, a la altura de Zumpango de Neri el 31 de julio.
  4. Jamile Moguel Coyoc, promotora de Morena en Campeche, aspirante para ser alcaldesa de Campeche en 2024, ex dirigente de Movimiento Ciudadano y activista, atacada el viernes 4 de agosto afuera de su hogar cuando llegaba con su esposo Rafael Maldonado, ambos baleados y en estado delicado de salud tras recibir impactos en el estómago.
  5. Zulma Carbajal Salgado, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Iguala, simpatizante y promotora de Claudia Sheinbaum, prima de la gobernadora Evelyn Salgado, víctima de un atentado armado el domingo 6 de agosto en un episodio en que su marido Humberto del Valle Zúñiga, ex policía federal y ex funcionario de Félix Salgado Macedonio en Acapulco, perdió la vida.

Enfocándonos en Guerrero: Entre la disputa territorial por el poder político-criminal de tres cárteles: El del sur, el de Los Ardillos y el de los Rojos, hay bastante qué analizar comenzando con las graves acusaciones que afirman la violación a “pactos” que hizo la familia Salgado Macedonio para que Morena pudiese ganar aquella entidad. La inacción de la Fiscalía de Guerrero se antepone a los deseos de la población por vivir en paz. Los delitos en contra de Carbajal Salgado y “Beto” Del Valle se investigan por parte del Ministerio Público como “lesiones” y no como homicidio en grado de tentativa y homicidio para el caso del expolicía. No hay certeza sobre si es que el crimen es reconocido ya como el sexto poder o si es que la impunidad es parte de una extraña modalidad de “construcción de paz”. Ambas son una tragedia para los guerrerenses. Civilizar la política implicaría combatir que los grupos criminales se hayan convertido en un brazo armado de presidentes municipales. Reconocer la conveniencia para algunos del creciente clima de violencia. No fue solamente José Luis Abarca y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es la ausencia de garantías de no repetición y el sinónimo que representa <<periodo electoral>> a <<batalla campal>>. ¿Quiénes son los más beneficiados del dominio criminal? Comente aquí mismo.