Ayer, en medio de un clima intenso de argumentos, el consejo general del INE aprobó la distribución de espacios legislativos por la vía proporcional. Es decir, aquellos legisladores que han ganado un lugar por el porcentaje obtenido en el proceso electoral que vivimos hace poco. De hecho, fue alrededor de las cinco de la tarde cuando el punto se sometió a juicio y, con ello, finalizó la votación con 7 votos a favor y cuatro en contra. Con ello, se pone fin a la lista definitiva de posiciones que cada fuerza política tendrá en la cámara baja. Para ser más exactos, Morena, como la fuerza dominante, contará con 236 activos en la fracción parlamentaria del lopezobradorismo; seguido de ello, el PVEM, con 77 legisladores, constituirá la segunda expresión más nutrida.
Es muy claro: los consejeros del Instituto Nacional Electoral, con fundamento sólido, actuaron conforme a la Constitución y el artículo 54. Estos días, de hecho, comenzó a circular un anteproyecto que anticipó lo que hoy aconteció. No fue una decisión fuera de la realidad, sino una determinación con apego a principio legal. Desde luego, esto favorece al lopezobradorismo, sin embargo, el voto popular, al final de cuentas, fue quien marcó el rumbo de los destinos legislativos que, sabemos, muy pronto se pondrán en marcha con la toma de protesta. Y como se trata de un tema inmediato, se agilizará el registro y papeleo para oficializar la designación de los avalados ayer mismo.
Y para poner fin a las especulaciones sin fundamento de la oposición, los mismos consejeros, ante la opinión pública, han respetado la voluntad popular que, para efectos de proporción, se materializa en espacios legislativos de acuerdo con la ponderación de las cinco circunscripciones del país. Para ser más precisos, no habrá sobrerrepresentación como atizaron los grupos conservadores. Es verdad, habrá que estar atentos ante la reacción. Lo cierto es que, más allá del berrinche que hagan en el PRIAN, no hay nada que puedan hacer, pues la proporción asignada se sujeta al porcentaje de la votación a nivel nacional. Esa fue la voluntad del pueblo de México.
Morena, a partir del primero de septiembre del presente año, comenzará a escribir una nueva historia en la vida pública de México. Será, en definitiva, una fuerza dominante para llevar a cabo los cambios constitucionales que se han planteado. Desde luego, habrá una responsabilidad política para poner en marcha la naturaleza legislativa. Es decir, se abordarán los temas en comisiones y, con ello, se someterán las minutas a la asamblea. En ese sentido, la pluralidad y la tolerancia, como ha venido sucediendo en el Senado de la República, serán los elementos fundamentales para que los procedimientos tengan el cauce institucional. De hecho, el mismo Ricardo Monreal, futuro coordinador en San Lázaro, ha dicho que respetarán la opinión de las minorías antes de poner en funcionamiento cualquier postura o punto de vista.
Al respecto, es prácticamente un hecho que Ricardo Monreal tomará la coordinación de los diputados en la cámara baja. Será, además del líder, un estratega clave para comandar el paquete de iniciativas que presentó el mandatario federal hace algunos meses. Para tal efecto, la ganadora de los comicios, por principios y congruencia, respalda cada uno de los puntos que puso en la mesa López Obrador. Es más, defiende a capa y espada la esencia que, por un lado, pondrá fin a las excentricidades del poder judicial. Recordemos que, hoy por hoy, el tema principal es el que hemos citado. Hasta el día de hoy, en efecto, todos los reflectores han acaparado la atención en torno a ello. Inclusive, la gran mayoría, en una encuesta levantada, respalda los cambios y ajustes en virtud de lo necesario qué significa esa concepción en el poder judicial.
Se convertirá, ni más ni menos, en una de las reformas constitucionales de mayor trascendencia sociopolítica, especialmente para poner fin a los abusos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, serán los mecanismos de participación democrática, los que tomen el rumbo del país para elegir magistrados y jueces. Es, de manera clara, la vía más democrática para alcanzar un equilibrio entre poderes. Así como se ha ido explicando, así se manifestarán los ajustes en nuestra carta magna. El mismo Ricardo Monreal, al que Claudia Sheinbaum le delegó esa encomienda, ha examinado paso por paso la importancia del tema, y los alcances positivos que tendrá, principalmente en la justicia social.
A propósito de ello, la decisión de modificar el marco constitucional está en manos de Morena. Tiene la mayoría calificada en la bolsa y, con ello, respaldará al pueblo de México. Es, como dijo Monreal, la responsabilidad que ha dejado el mandato popular en México. En efecto, eso se llevará a cabo inmediatamente después de que los legisladores tomen protesta. O sea, sucederá en los primeros días del mes de septiembre, fecha que se tiene previsto se avale el proyecto de reforma al poder judicial. Eso, desde luego, solo será el principio de una larga lista de cambios que, evidentemente, vendrán a democratizar la vida pública de la nación.
Es, por así decirlo, la puesta en marcha del ‘Plan C’.
Notas finales
Ese mismo fin que se persigue a nivel nacional, es adoptado por las entidades que gobierna el lopezobradorismo. Resulta que, en medio del clima de transformación, el gobernador de Zacatecas, a través de la Secretaría General de Gobierno, entregó un proyecto al legislativo para elevar a rango constitucional la entrega de útiles escolares y material pedagógico de apoyo. Hay que aplaudir esa decisión, pues la sociedad civil, desde la educación, tiene las herramientas necesarias para adentrarse en el universo del cambio. Eso, sin duda, será un ajuste que vendrá a revolucionar el devenir social y, de paso, ayudará positivamente para continuar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Esto, evidentemente, también hay que reconocérselo al titular de gobernación, Rodrigo Reyes, que ha sido un gran sostén para profundizar las políticas que siguen teniendo un impacto positivo. El resultado, hay que decirlo así, pondrá muy en alto en nombre de Zacatecas, una vez que el congreso local resuelva una idea que nació de la 4T.