La reforma al Poder Judicial continúa provocando serios debates en la opinión pública. Desde su entrada en vigor el pasado 16 de septiembre, tras la firma televisada del decreto la noche del 15, ha trascendido que los partidos políticos de oposición presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
La oposición presentaría elementos de invalidez de la reforma basados en la presuntas violaciones al derecho parlamentario tanto en el Camara de Diputados como en el Senado, con el propósito de que el máximo tribunal suspendiese temporal –y más tarde, permanentemente– la aplicación de la reforma.
Estas acciones conllevarían graves riesgos jurídicos y políticos. En opinión de destacados abogados constitucionalistas, la Suprema Corte no contaría con las competencias para dictaminar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Sí que puede sonar redundante.
En otras palabras, la Corte, en caso de que aceptase el recurso presentado por la oposición, cruzaría una línea jamás atravesada antes, pues no únicamente sentaría un precedente al pronunciarse sobre una reforma constitucional, sino que lo haría sobre un texto que involucra el futuro de los propios ministros.
En opinión de juristas como Diego Valadés, a pesar del desaseo y serie de ilegalidades que condujeron a la votación de la reforma en ambas cámaras, se cumplieron formalmente las disposiciones contenidas en el artículo 135 constitucional, por lo que no procedería, a su juicio, un pronunciamiento de la Corte, y menos aun, una declaratoria de inconstitucionalidad.
Ahora bien, si la Suprema Corte decidiese aceptar el recurso y declarar mediante el voto de 8 de sus 11 ministros su inconstitucionalidad, el país se enfrentaría a una seria crisis constitucional.
La presidenta Claudia Sheinbaum se encontraría frente a dos peligrosos escenarios: acatar la decisión de la Corte y dejar sin aplicación la reforma, lo que provocaría una crisis sin precedente dentro de Morena y el obradorismo, o ignorar la resolución judicial, aplicar el texto, desafiar al tribunal y así lanzar al país a una incertidumbre que podría ser detonante de nefastas consecuencias para el futuro inmediato.
El futuro luce asaz desalentador. Por un lado, la aplicación de la reforma promete un océano de incertidumbres políticas y económicas, y por el otro, su posible inconstitucionalidad desencadenaría una crisis jurídica sin precedente, mientras que un acatamiento de la presidente Sheinbaum detonaría una revolución en el partido oficial.