Este jueves, los integrantes de la comunidad Otomí, vecinos de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco vivieron una represión violenta en la que al menos 500 granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina agredieron a mujeres e indígenas que exigían libertad para Hortensia Telesforo.
La Coordinación de Pueblos de Xochimilco realiza actividades de formación con talleres, difusión y acción política para proteger humedales, agua y zonas naturales frente al desarrollo desmedido que amenaza a su comunidad, por lo que denuncian que los abusos represivos vividos este 5 de septiembre no son un hecho aislado sino uno de os tantos actos de hostilidad en su contra al oponerse a obras de la alcaldía, que fueron las autoridades frente a las que protestaban antes de la violencia de Estado.
Lo que debía ser un espacio libre para exigir justicia se transformó en una violenta embestida de represión estatal y desapariciones forzadas, en un acto que no solo vulnera los derechos humanos, sino que reafirma la persecución contra quienes defienden la vida, el ambiente, los territorios y la justicia.
La manifestación tenía como principal demanda el retiro de la denuncia penal contra Hortensia Telésforo, una valiente defensora del territorio de su comunidad acusada supuestamente del delito de despojo y de haber dañado a las autoridades. Sin embargo, lo que sucedió fue una intervención comparable con el modus operandi del Halconazo, represiva y premeditada, desde la actuación mediante grupos de choque vestidos de negro, encapuchados y no identificados que acudieron a la protesta con la finalidad de golpear a la comunidad Otomí y entonces, justificar de alguna manera, la intervención de granaderos.
En lugar de escuchar las demandas de los pueblos originarios, el Estado respondió con detenciones arbitrarias y desapariciones por varias horas. Un grupo de 30 golpeadores, portando armas blancas, atacó a manifestantes de varias organizaciones sociales frente a la alcaldía de Xochimilco. Entre las víctimas de estos ataques estuvo Mayahuel, quien fue agredida brutalmente y arrestada, junto con otras compañeras de medios libres y de los pueblos originarios.
El saldo de esta jornada de violencia es escalofriante: 8 personas resultaron heridas, con agresiones sexuales incluidas, rostros ensangrentados y el robo de equipo. Pero lo más grave es la desaparición forzada de varias personas, entre ellas, Anselma Margarita Francisco, quien fue golpeada en el rostro frente a testigos, torturada y desaparecida. Las autoridades, en un acto de total impunidad, ahora niegan que haya estado detenida.
La lista de personas desaparecidas y detenidas incluye también a Roberto Rodrigo Contreras (Gato), Jorge Manuel Cancino García, Uriel García Rosas y Penélope Estefanía Galicia Argumedo. Sus familiares y compañeros no tienen información de su paradero, y el silencio cómplice de las autoridades solo agrava el dolor y la indignación. A pesar de que este viernes ya han sido liberados en su mayoría, fueron acusados por delitos que ni siquiera están vigentes en la Ciudad de México, como el delito de motín.
El colmo es que Hortensia Telesforo fue perseguida por ¡reabrir una biblioteca comunitaria!
Hortensia Telesforo está denunciada por el delito de despojo, por parte de la alcaldía. La acusación se relaciona con la reapertura de la biblioteca “Adolfo López Mateos” en San Gregorio Atlapulco, cerrada al público desde el sismo del 19 de septiembre de 2017. Este espacio, dañado en aquel desastre natural, se ha convertido en un símbolo de la lucha vecinal y la defensa del territorio.
En julio pasado, Hortensia recibió en su domicilio una notificación que la obligaba a presentarse el 5 de septiembre en el Reclusorio Sur para conocer los detalles de la investigación en su contra. En respuesta, los vecinos de Xochimilco decidieron acompañarla en este proceso, organizándose para asistir a la audiencia en una muestra de solidaridad.
El jueves, la movilización comenzó frente a la biblioteca de San Gregorio Atlapulco, donde los manifestantes entonaron el himno nacional y lanzaron consignas de apoyo. Sin embargo, al llegar al Reclusorio Sur, les informaron que la audiencia había sido suspendida debido a las protestas de los trabajadores del Poder Judicial. Ante este contratiempo, los vecinos decidieron dirigirse a la alcaldía de Xochimilco para exigir el cese de la criminalización tanto de Hortensia como de aquellos que luchan por la defensa de los espacios comunitarios.
La biblioteca “Adolfo López Mateos” es mucho más que un edificio; representa el pulso de una comunidad que ha luchado por recuperar un espacio cultural para su pueblo. En 2018, el entonces candidato a alcalde, José Carlos Acosta, prometió que el inmueble sería remodelado y transformado en un museo al que llamaría “Casita de la ciencia”. Sin embargo, tras dos periodos al frente de la alcaldía, el proyecto nunca se concretó y la biblioteca nunca volvió a abrir sus puertas.
El descontento entre los vecinos de San Gregorio creció cuando, en octubre de 2023, descubrieron por redes sociales que la alcaldía promocionaba el edificio como una parada en un recorrido turístico dentro del programa “Barrios Mágicos”. El edificio fue remodelado, pero cerrado para la comunidad, como si únicamente pudiera disponerse de él para extranjeros, turistas o eventos de la alcaldía. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, en diciembre de ese año, los vecinos decidieron abrir la biblioteca por cuenta propia y transformarla en un centro cultural. Cabe recalcar que tanto los libros como los insumos sobre la defensa territorial que realiza esta comunidad, fueron donativos y artículos realizados por la propia comunidad, que realiza la recuperación de este espacio sin fines de lucro y sin compensación alguna.
Desde entonces, este lugar ha sido sede de conciertos, espectáculos de danza y teatro, y ha albergado una nueva biblioteca equipada con libros donados por los propios habitantes. A pesar de estos esfuerzos comunitarios, la respuesta institucional ha sido criminalizar a quienes han trabajado para revitalizar este espacio.
Resulta indignante que en lugar de reconocer y apoyar los esfuerzos de una comunidad para recuperar su tejido social y cultural, las autoridades opten por la criminalización. El caso de Hortensia Telésforo es solo un ejemplo más de cómo el poder institucional se utiliza para sofocar las voces que defienden el territorio y el derecho de las comunidades a participar activamente en la gestión de sus espacios públicos.
Es crucial que esta criminalización sea detenida de inmediato y que se reconozcan los derechos de los vecinos de San Gregorio Atlapulco a mantener y gestionar sus propios espacios. ¿Hasta cuándo las autoridades seguirán respondiendo con represión a los reclamos legítimos de una comunidad que lucha por preservar su identidad cultural y territorial?