El pasado martes, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó por unanimidad una medida que, en teoría, marca un hito en la atención a la discapacidad auditiva infantil en México: la entrega gratuita de implantes cocleares a niñas, niños y adolescentes con hipoacusia bilateral severa o profunda. Según el director general del IMSS, Zoé Robledo, estos dispositivos electrónicos no solo restauran la función auditiva, sino que garantizan el derecho a la igualdad y no discriminación de los menores por su discapacidad. Sin embargo, detrás de este aparente triunfo, se esconde una realidad más compleja y un camino que aún debe recorrerse.
Primero, es crucial reconocer que esta medida histórica no surgió de la nada ni de una repentina epifanía del IMSS sobre los derechos de los menores con discapacidad. Fue la presión y la labor incansable de diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con la intervención del Poder Judicial de la Federación a través de amparos, lo que obligó al Instituto a tomar esta acción. Sin estas acciones legales promovidas de manera gratuita, los primeros dispositivos auditivos no se habrían entregado, dejando en evidencia la falta de proactividad del IMSS en temas de inclusión y derechos humanos.
Los primeros menores que lograron acceder a este dispositivo que puede costar más de 7 mil pesos mexicanos pudieron hacerlo gracias a una resolución de amparo que les protegió para poder recibir de forma gratuita este tratamiento. La lucha les significó encontrar organizaciones de abogadas y abogados que pudieran presentar tales amparos de manera completamente gratuita y el litigio estratégico ha tenido como resultado un avance gigantesco.
Durante la sesión ordinaria del Consejo Técnico, se destacó que el objetivo de otorgar estos implantes es brindar atención médica integral y restaurar la función auditiva. No obstante, es importante recordar las palabras de Zoé Robledo, quien mencionó que históricamente, diversas gestiones habían argumentado múltiples impedimentos para implementar beneficios de este tipo. Ahora, con la “sensibilidad jurídica” y una interpretación pro persona y de la protección superior de la niñez, parece que el IMSS ha encontrado la manera de superar esos obstáculos. Pero, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvieron que intervenir jueces y organizaciones civiles para que el IMSS cumpliera con su deber? Sin amparo ¿En cuánto tiempo la voluntad política podría lograr lo que la justicia federal ha permitido?
Karen Berlanga, directora Jurídica del IMSS, habló sobre la ampliación de la cobertura del Seguro de Enfermedades y Maternidad para incluir los implantes cocleares como una acción afirmativa de salud e inclusión. Sin embargo, esta afirmación choca con la realidad de un sistema que solo reacciona bajo presión judicial y social, en lugar de actuar proactivamente en beneficio de sus derechohabientes.
El doctor Hermilo Domínguez Zárate, director de Prestaciones Médicas, y otros miembros del Consejo Técnico, destacaron la importancia de esta medida y su alineación con la Ley General de Salud. Es importante recalcar que la implementación efectiva y eficiente de esta cobertura aún depende de los recursos disponibles y de la capacidad del Instituto para gestionar esos recursos de manera adecuada. La progresividad en la aplicación de esta medida es un recordatorio de las limitaciones estructurales que enfrentan instituciones como el IMSS.
A propósito de lo incómodo que resulta para juzgadores y analistas el amparo en materia de derechos fundamentales, vale la pena recordar que el aborto legal ha visto la luz a punta de amparos, pues el gobierno más feminista de la historia no ha legislado de manera general sobre el acceso a la salud de las mujeres; el matrimonio homosexual también ha sido un logro del reconocimiento e interpretación de los derechos fundamentales así como la marihuana legal como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Hoy que se recita desde las tribunas y púlpitos oficiales que “el amparo es de ricos y poderosos para abusar”, se debe releer, reconocer, revivir, compartir y difundir al máximo que esos “ricos empresarios poderosos” de los que tanto hablan, son el 1% del país y representan probablemente esa equivalencia en usuarios del Poder Judicial de la Federación que, como cualquier ciudadano, ejerce su derecho al amparo. Sin embargo, el otro 99% de usuarios de la justicia federal son seres de a pie, humanos de carne y hueso que encuentran la justicia cotidiana que otros juzgadores, esos sí, muy cuestionables, les negaron a nivel de la justicia local, en ese espacio donde los magistrados son cuota de gobernadores y partidos, jueces son familiares de magistrados y Fiscales son omisos de la verdad.
Es innegable que la aprobación de la entrega gratuita de implantes cocleares es un avance significativo, y no se debe restar mérito a las acciones que han permitido este logro. Pero también es esencial mantener un enfoque crítico y vigilante. Este es solo un paso en un largo camino hacia la verdadera inclusión y equidad en la atención a la salud. La sociedad civil, el Poder Judicial y la ciudadanía en general deben continuar presionando y vigilando para asegurar que el IMSS cumpla con sus promesas y que los derechos de los menores con discapacidad auditiva sean plenamente garantizados y respetados. Solo así podremos hablar de un verdadero cambio en el paradigma de la atención a la salud en México.
POR CIERTO, a propósito del recién vivido “Pride” o marcha del orgullo gay, también vale la pena recordar que, ante la omisión para entregar antirretrovirales por parte de clínicas y hospitales, sea por desabasto o sea por serofobia, el Poder Judicial a través del amparo ha logrado salvar vidas de personas VIH positivas ordenando el suministro del medicamento o bien, la entrega de la cantidad de dinero necesaria para su adquisición.
La mejor parte: tal como en el caso de la marihuana legal, los modelos de escrito de amparo circulan de forma gratuita en redes sociales y páginas de organizaciones, colectivos y activistas que acompañan esta causa. No costó un solo peso tramitarlos e inclusive, por tratarse de un derecho imprescindible y urgente como la salud, los juzgadores pudieron suplir cualquier tipo de error o posible deficiencia con tal de proteger en el fondo a quienes requirieron el medicamento. ¡Aquellos amparos se siguen presentando y las tan criticadas facultades de interpretación en amparo por derechos humanos continúan salvando vidas, sin prejuicios ni estereotipos de las tiránicas mayorías que en un país fóbico como México bien podría seguir gritando “Puto!” mientras los ve decaer.