Dos narrativas completamente distintas se confrontan en la transición. El diálogo y parlamentos abiertos que ofrece la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no encaja con el mandato de no mover ni una coma a los proyectos de ley presidenciales que se envían al poder legislativo para su pronta aprobación. La veintena de reformas que comprenden el paquete de reformas conocido como el Plan C, ha priorizado la reforma al Poder Judicial, que se perfila como la primera enmienda constitucional que podría ser aprobada por la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. La promesa es que en septiembre podría ser votada y aprobada.
Lejos de la lectura de poder que le resta a Claudia Sheinbaum la posibilidad de encabezar un necesario proceso de cambio para el Poder Judicial, destaca la incertidumbre jurídica que representa esta reforma, así como la que desaparece los organismos autónomos, que ya se refleja en la inestabilidad del superpeso y el tipo de cambio.
Es urgente que el presidente López Obrador pueda administrar por unos meses la enorme ventaja y legitimidad con que ha sido electa Claudia Sheinbaum, que ha proyectado tranquilidad y ha tratado de dar certezas para derribar los mitos del Nuevo Venezuela. En nada ayuda el ánimo voraz presidencial que pretende dar de golpe tantísimas reformas trascendentales con la advertencia de aprobación rápida so castigo de que no habrá ni discusión, ni debate público, menos debate parlamentario y mucho menos parlamentos abiertos con organizaciones de la sociedad civil. Ensucia el triunfo presidencial de Claudia Sheinbaum que, tanto el coordinador de diputados Ignacio Mier como la acelerada presión obradorista, le contradiga en aquello de sostener diálogos y parlamentos abiertos.
Peor que la reforma judicial en abstracto, la simple idea de que personas con toda una vida de experiencia, servicio civil de carrera y trabajo quedarán en la calle es devastador. Muchos creen que los ministros de la Corte son los que resuelven todo lo que llega en asuntos al Poder Judicial, pero eso es completamente falso. El resentimiento contra aquellos es una consecuencia de la incapacidad de López Obrador para aceptar y reconocer que gran parte de sus propuestas son y fueron inconstitucionales. Las y los ministros están en vilo de ser duramente castigados, hasta destituidos, por hacer su trabajo y cumplir la ley en el caso de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que en tantos y necesarios casos aplicaron suspensiones con efectos generales porque así lo establece la ley. No es una reforma para mejorar al Poder Judicial, sino para debilitarle y hacer del sistema democrático donde todos los poderes pesan lo mismo, uno hiper presidencialista, donde el Ejecutivo sea tratado como superior.
Lejos de eso, quienes en realidad trabajan resolviendo la justicia de los de a pie son en primer lugar, los poderes judiciales locales y el cuerpo especializado de secretarios proyectistas que son quienes realmente redactan sentencias, investigan precedentes y jurisprudencias, con quienes jueces y magistrados toman decisiones sobre el sentido de una resolución, quienes más trabajan y lejos están de ganar como juzgador. Ellos son los que acumulan experiencia en años de carrera judicial que les permite crecer y los que deberían ser considerados en los ascensos y nombramientos de ministras y ministros para evitar que lleguen personas improvisadas.
La reforma judicial necesita muchos cambios y discusión para explicar por qué es necesario que existan dos salas y cómo es que cada una de ellas tiene materias diferentes, cómo es que los juzgadores necesitan especialización y eso únicamente se logra con materias por sala. ¿Acaso no ha sido suficiente ver a la ministra Lenia Batres, con mucha experiencia como ex legisladora pero con tantos momentos perdida en las discusiones de la Corte? ¿Cómo es posible que un juzgador pueda especializarse si es que toda su carrera dependerá de campañas y votos populares?
Es necesaria una reforma judicial feminista que coloque en el centro del debate las desigualdades e inequidades de género, económicas, geográficas y culturales para acceder a la justicia. Una que, además, aumente la capacidad de respuesta y atención. ¿Sabía usted que, en la Ciudad de México, el cómodo horario para la impartición de justicia es de lunes a jueves de 9 de la mañana a 3 de la tarde y los viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde? ¿Qué no se pueden presentar demandas si no es con una cita previa que puede tardar hasta dos o tres semanas en estar disponible? ¿Sabía usted que de cada 10 mujeres que necesitan pensión alimenticia, apenas 4 logran llegar a juzgados por el alto costo de dinero y tiempo que esto representa? Una reforma judicial sin organizaciones de la sociedad civil es venganza y no justicia, es incertidumbre jurídica y no avance. Es machismo en contra de Claudia Sheinbaum y no reconocimiento de que implementar una reforma de tal calado estaría en sus manos, por lo tanto, también la presentación y discusión deberían estarlo.