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La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2023 fue aprobada por el Senado la madruga de este martes 25 de octubre; dicha legislación prevé una bolsa de ingresos totales por 8.3 billones de pesos, un crecimiento económico en un rango entre 1.2% a 3%, un precio del petróleo de 68.70 dólares por barril y un techo de deuda de 1.2 billones de pesos que equivalen 3.6% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
El incremento del techo de la deuda se debe principalmente a un incremento de las tasas de interés en todo el mundo como una forma de parar la inflación y no porque el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador haya contratado más débitos.
Los legisladores opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación critican al actual administración por la subida de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto que era en 2018 de 44.5%, y este año llegará a 49.2%, que el monto del techo de endeudamiento interno para el 2023 este en un nivel máximo histórico y que este presupuesto contradiga el discurso del jefe del ejecutivo federal de que no habrá mayor endeudamiento.
El límite de deuda o también conocido como el “techo de la deuda” hace referencia al monto máximo autorizado por el Congreso de fondos que el gobierno puede pedir prestado para poder cumplir con sus obligaciones ya existentes como: seguridad social, beneficios médicos, salarios del ejército, intereses de la deuda ya emitida, etc.
En la LIF 2023 se solicitó un techo de endeudamiento interno por 1 billón 170 mil millones de pesos, mientras que para el endeudamiento externo lo solicitado es de 5 mil 500 millones de dólares.
El pago del servicio de la deuda de México aumentara el próximo año entre otros factores, debido al incremento en las tasas de interés de referencia de los Bancos centrales de casi todo el mundo, esto como una estrategia de política monetaria para parar la inflación.
La deuda del Gobierno Federal comprende las obligaciones de los poderes Legislativo y Judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentrados, así como las obligaciones contraídas por entidades que formaron parte de la Administración Pública Federal paraestatal y que fueron transformadas en órganos autónomos, en particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Por su parte, la deuda del Sector Público está integrada por la deuda del Gobierno Federal más las obligaciones de las entidades de control presupuestario directo, de las Empresas Productivas del Estado y sus subsidiarias, y de la banca de desarrollo.
Finalmente, el SHRFSP está integrado por la deuda del Sector Público Presupuestario más las obligaciones que, por diversos ordenamientos jurídicos y prácticas presupuestarias, no se incluyen en la deuda pública. En particular, el SHRFSP incluye las obligaciones financieras netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) el “famoso Fobaproa” y el programa de apoyo a deudores, las obligaciones de los Pidiregas, las obligaciones derivadas del entonces Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), hoy Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); y el patrimonio de las Instituciones de Fomento.
El cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público específico para 2023 del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que es el antecesor del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) es el siguiente: “Se estima un monto de 968,523.1 millones de pesos para el saldo de la deuda neta del IPAB. Por otra parte, se considera una tasa de interés real de financiamiento del IPAB de 7.78% anual. Ésta resulta de sumar la tasa de interés real de 5.98% prevista en el marco macroeconómico para el 2023 de los Criterios Generales de Política Económica y un diferencial de 1.80 puntos porcentuales. Este diferencial resulta de las características propias de los instrumentos que coloca el IPAB considerando principalmente las sobretasas de los instrumentos del Instituto en su colocación primaria. Al multiplicar la estimación de la deuda neta del IPAB por la tasa de interés real de financiamiento del Instituto se obtiene como resultado un monto de intereses a ser”.
“El saldo de la deuda neta del IPAB estimado al cierre de 2023 es de 968,523.1 millones de pesos. Este saldo resulta de restar al saldo de la deuda bruta del IPAB proyectado al 31 de diciembre de 2023, estimado en 1,017,739.8 millones de pesos, el monto de recursos líquidos o disponibilidades con los que se espera cerrar el ejercicio 2023, los cuales se estiman en 49,216.7 millones de pesos”.
Valdría la pena recordar que el Fobaproa fue creado en 1990 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después, en 1994 llega la crisis económica más grave de la historia moderna de México, se disparan las tasas de interés y el tipo de cambio y la mayoría de los créditos se hicieron impagables. Esto puso en riesgo la liquidez de los bancos y es cuando el expresidente de México Ernesto Zedillo, decidió activar este fondo en 1995. Para marzo de 1998, Zedillo Ponce de León notificó al Congreso de la Unión la existencia de un pasivo por 552 mil millones de pesos resultado del rescate bancario, y propuso convertirlo en deuda pública.
En 1999 entra en vigor la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y se crea el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que es el organismo que desde esa fecha administra los pasivos derivados de los apoyos que en su momento otorgó el Gobierno Federal al sistema bancario.
De estos programas del IPAB actualmente se encuentra vigente el programa de reestructuración en Udis. En este programa, que se originó en 1995, tanto la banca comercial como la de desarrollo ofrecieron a sus acreditados la opción de reestructurar sus adeudos en Udis. Los costos para el Gobierno Federal por este programa están asociados a un calendario que sigue a los vencimientos de los créditos que se reestructuraron bajo este esquema.
Para 2027 conforme a los vencimientos de créditos reestructurados de acuerdo con este programa, habrá erogación de recursos por 35,034.2 millones de pesos corrientes equivalentes a 30,534.5 millones de pesos de 2023.
Las obligaciones derivadas del entonces Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), hoy Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), es otra deuda heredada por los gobiernos neoliberales
El proceso de privatización, que se dio en la década de los noventas del siglo pasado, en la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, consideró entre sus prioridades al sistema carretero nacional, ya que se requerían de cuantiosas inversiones para ampliar la red carretera nacional, así como para el mantenimiento y eficiente operación de la red de autopistas federales que había en ese momento.
El esquema de privatización de las carreteras fue un fracaso debido al bajo aforo vehicular, las altas tarifas de peaje que inhibían el paso de los automovilistas por esas autopistas y el aumento en los costos de operación derivado de la recesión económica que se dio en México en 1994-1995, lo que hizo que las principales empresas concesionarias enfrentaran problemas financieros para continuar operando las autopistas concesionadas y para hacer frente a sus compromisos de pago a la banca, por lo que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo decidió en 1997 rescatar 26 carreteras concesionadas con dinero público, mismas que seguimos pagando los mexicanos.
Entre 157 mil y 165 mil millones de pesos es lo que se calcula fue lo que heredamos los mexicanos del rescate carretero.
El incremento de las tasas de interés ha hecho que el techo del servicio de la deuda llegue a un máximo histórico en 2023.