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La ineficiencia y lentitud del sistema judicial mexicano tienen consecuencias negativas no solo en la impartición de justicia en el área penal, donde la falta de eficacia de jueces y magistrados dejan en prisión a personas inocentes durante mucho tiempo o ponen en libertad a verdaderos delincuentes, sino también tiene efectos negativos en el ámbito económico que afectan los bolsillos de millones de mexicanos e inhibe la inversión.
La lentitud de los tribunales administrativos, mercantiles y laborales para dictar sentencias y ejecutarlas tienen consecuencias negativas sobre la economía que implica pérdidas millonarias para miles de trabajadores y merman la productividad y capacidad de inversión de las empresas; ejemplo de esto es el freno que se impuso a la venta del Banco Nacional de México (Banamex) por parte de Citigroup al no poder darle una solución judicial al diferendo que tiene esta institución financiera con la empresa Oceanografía desde hace más de 9 años.
La decisión del juez Mario Salgado Hernández, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que consistió en otorgar medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex, hasta que no se resuelva en sentencia definitiva del juicio principal influyó para frenar la venta de esta institución bancaria.
Este litigio, que inició hace aproximadamente nueve años, fue de los principales obstáculos al proceso de venta de la institución financiera, además de pegarle a la baja al precio de realización del activo.
El mandato del juez se refiere a que el Grupo Financiero Banamex debe garantizar el pago de las cantidades demandadas a través de cualquier medio autorizado por la ley, hasta por 5 mil 200 millones de dólares o su equivalente en pesos, según el mandato del poder judicial de la Ciudad de México.
Las medidas cautelares fueron solicitadas a través de una demanda promovida en 2019, por el área jurídica de la empresa Oceanografía.
El amparo se desprende de un juicio que inició Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, contra Banamex, pues señala que después de que el banco acusó a la empresa por fraude, esta fue desmantelada, debido a que fue incautada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (hoy Indep) y fue desintegrada, lo que causó un presunto daño económico por 5,200 millones de dólares.
El pasado 4 de agosto el juez en materia civil de la Ciudad de México, Felipe Guerrero Pérez suspendió el proceso de venta de Banamex, debido a una demanda de la empresa Oceanografía por un supuesto quebranto.
El juez determinó que Citigroup no presentó en tiempo las medidas cautelares concedidas a la compañía de Amado Yáñez por lo que ni la empresa estadounidense ni los posibles compradores podrían cerrar una operación de compra-venta ya que se violaría la restricción judicial otorgada por el poder judicial.
De acuerdo a la resolución judicial, el corporativo que administra Banamex no puede vender el banco y tampoco los posibles compradores pueden cerrar la operación porque representaría una violación a la restricción judicial acordada en enero de este año.
La historia del litigio entre Citibanamex y Oceanografía empezó hace muchos años, cuando la empresa de Amado Yáñez Osuna se volvió la contratista consentida de Pemex, tanto en transporte marítimo, como en limpieza y saneamiento de derrames, perforaciones en aguas someras y cuanta oportunidad hubiera durante los 12 años de gobiernos panistas en el poder.
Lo que provocó que la compañía petrolera experimentara una colosal expansión, además contaba también con el apoyo de sus socios, como el sobrino de Francisco Gil Díaz, Martín Díaz Álvarez, que volvió a la empresa el primer cliente de Banamex, y con los Rodríguez Borgio, dueños de Caja Libertad y de la tercera red en importancia de franquicias de gasolineras de Petróleos Mexicanos.
El motivo del escándalo de Oceanografía hace nueve años, fue el fraude de Armando Yáñez Osuna a Banamex - Citigroup, cuando esta empresa petrolera consiguió un crédito por más de 400 millones de dólares del banco estadounidense con facturas apócrifas de Pemex, lo que causó una pérdida millonaria a la institución financiera.
El 11 de febrero de 2014, la Secretaría de la Función Pública de México emitió la Circular OIC-PEP-AR-18.575. 005/2014 por medio de la cual comunicó:
‘’a las Dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Oceanografía, S.A. de C.V”.
La inhabilitación para realizar trabajos y contratos en el sector público del corporativo petrolero, llevó al destape de un gran fraude bancario contra Banamex, filial mexicana de Citigroup, por alrededor de 400 millones de dólares, y siguió con el aseguramiento e intervención por parte del gobierno federal de las instalaciones y documentación de la compañía de servicios para la industria petrolera que fue uno de los mayores casos de corrupción y manejo de influencias que se haya visto en México.
La empresa, cuyos orígenes datan de 1968, contaba hace ocho años con unos 4 mil 500 trabajadores en sus instalaciones en la Sonda de Campeche, Ciudad de Carmen, Campeche; Dos Bocas y Villahermosa, Tabasco; así como en Coatzacoalcos, Veracruz.
El fraude al banco se basó en préstamos tóxicos que la naviera y constructora marítima pedía a Banamex, presentando como garantía las cuentas por cobrar de los servicios prestados a Pemex Exploración y Producción (PEP) con facturas alteradas, que ascendían a un total de 580 millones de dólares, de los cuales sólo 185 millones de dólares eran pagos válidos respaldados en las estimaciones reales acordadas con la paraestatal; y los 400 millones de dólares restantes corresponderían a cargos fraudulentos.
La naviera Oceanografía, cuyos propietarios son Amado Yáñez Osuna y Amado Yáñez Correa, comenzó su despegue en el 2002. Desde entonces se le conoció como una influyente empresa que fue repetidamente favorecida en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, a través de contratos que, se sospechaba, le hacían ganar Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Fox, a cambio de jugosas comisiones, según denunció en su momento el ex legislador de Convergencia, José Manuel del Río Virgen.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó en 2006 sobre violaciones a las Leyes de Obra Pública por parte de la empresa Oceanografía. De 2011 a 2013, Oceanografía obtuvo unos 43 contratos de PEP por servicios en altamar, como reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, construcción de gasoductos y oleoductos, entre otros.
La Secretaría de la Función Pública investigó los contratos firmados con Pemex entre 2011 y 2012, aplicando una multa de 24 millones de pesos e inhabilitando a la compañía por 21 meses para trabajar con dependencias de la administración pública federal, por realizar cobros que excedían el precio pactado con la empresa que hoy dirige Octavio Romero; esto sin contar los préstamos que la naviera pedía al banco respaldo en esas cuentas.
En la decisión de Citigroup de hace unos días de recurrir a una oferta pública de acciones para vender los negocios de banca de consumo y empresarial del Banco Nacional de México, su filial mexicana, se descartó la opción de venta a un sólo inversionista tal como se había negociado por más de un año sin éxito; al parecer se debió principalmente a la ineficiencia del poder judicial para dar un fallo definitivo en el juicio entre Citibanamex y Oceanografía, ya que esta disputa judicial desvaloriza a la institución financiera que se está ofertando.
El poder judicial aparte de ser ineficiente afectando la economía del país es muy oneroso para los mexicanos.
Para este año se consideró un presupuesto para el poder judicial de 80 mil millones de pesos. Habría que recordar que el poder judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito, los juzgados de Distrito y el Consejo de la judicatura Federal.
Mario Sandoval nos aclara en su columna para SDP Noticias del pasado 19 de septiembre titulada “Los efectos en la economía del Poder Judicial” que en este “presupuesto no está en la Fiscalía General de la República (FGR) ni tampoco están los 32 Tribunales de Justicia de cada entidad y sus Fiscalías, los cuales en 2022 fueron superiores a los 300 mil millones de pesos; destacando que hay entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, que superan 5 a 1 el presupuesto asignado a estados como Chiapas, Oaxaca, o Guerrero”.
La administración de la justicia en México es de las más onerosas del orbe, con altos sueldos y prestaciones para los impartidores de justicia y gozando de magníficas instalaciones “tan solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dos veces más costosa que la Corte Suprema de los Estados Unidos, tres veces mayor que la de Canadá, Alemania, España y ya no se diga con Latinoamérica”.
La ministra Norma Piña debería de pensar mejor las cosas y tratar de resolver los atrasos e ineficiencias del poder judicial que afectan a la economía del país antes de estar peleando con el jefe del ejecutivo federal.