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La ineficiencia y lentitud del Sistema judicial mexicano tienen consecuencias negativas no solo en la impartición de justicia en el área penal donde la falta de eficacia de jueces y magistrados dejan en prisión a personas inocentes durante mucho tiempo, sino también tiene efectos negativos en el ámbito económico que afectan los bolsillos de millones de mexicanos.
La lentitud de los tribunales administrativos, mercantiles y laborales para dictar sentencias y ejecutarlas tienen consecuencias negativas sobre la economía que implica pérdidas millonarias para miles de trabajadores y merman la productividad y capacidad de inversión sobre todo de pequeñas y medianas empresas.
La expansión de la pandemia de Covid-19 llevó a la necesidad de suspender muchas actividades e imponer medidas de confinamiento y aislamiento social, lo que implicó un mayor retraso en la administración judicial y abrió más la brecha de acceso a la justicia ya que solo una minoría tuvo el acceso a las herramientas digitales como el internet y el conocimiento para seguir llevando sus juicios en línea, mientras que una gran mayoría no pudo hacerlo.
El Banco de México elaboró un estudio para evaluar los impactos económicos que tiene la ineficiencia de la administración de la justicia en el país el cual fue publicado en junio del 2017 y que fue titulado: “Eficiencia del Sistema de Justicia y Desempeño Económico Regional en México”, el documento fue realizado por Juan Carlos Chávez Martín del Campo, Felipe J. Fonseca y Manuel de Jesús Gómez Zaldívar.
La investigación elaborada por el Banco central argumenta que;
“El estado de derecho es una variable multidimensional que se aproxima regularmente con indicadores de derechos de propiedad, eficiencia e independencia del sistema judicial, tasas de criminalidad, combate a la corrupción, estabilidad política, etc.”
A la conclusión que llega el estudio es que “consideramos que una característica fundamental que limita el crecimiento de México como un todo, y de sus entidades, es la insuficiencia del estado de derecho” y una marcada ineficiencia de la administración de justicia.
El estudio encargado por la institución bancaria muestra una gráfica que ilustra la relación entre tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) promedio de las entidades, en el periodo 2006-2013 y el tiempo promedio, en el mismo periodo, que tomó resolver conflictos comerciales en ellas. “En el cuadro se puede observar una clara relación negativa, y significativa, entre estas dos variables”; mientras hay un mayor tiempo de resolver el conflicto comerciales hay un menor crecimiento económico de las entidades.
El próximo año se tiene considerado un presupuesto para el Poder Judicial de 80 mil millones de pesos. Habría que recordar que el poder judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito, los juzgados de Distrito y el Consejo de la judicatura Federal.
Mario Sandoval nos aclara en su columna para SDP Noticias de este lunes 19 de septiembre titulada “Los efectos en la economía del Poder Judicial” que en este “presupuesto no está en la Fiscalía General de la República (FGR) ni tampoco están los 32 Tribunales de Justicia de cada entidad y sus Fiscalías, los cuales en 2022 fueron superiores a los 300 mil millones de pesos; destacando que hay entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, que superan 5 a 1 el presupuesto asignado a estados como Chiapas, Oaxaca, o Guerrero”.
La administración de la justicia en México es de las más onerosas del orbe, con altos sueldos y prestaciones para los impartidores de justicia, magníficas instalaciones “tan solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dos veces más costosa que la Corte Suprema de los Estados Unidos, tres veces mayor que la de Canadá, Alemania, España y ya no se diga con Latinoamérica”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al cierre del 2021 el Poder Judicial de la Federación contó con 53,160 de servidores públicos del total 3,725 (7%) estaban adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 1,830 (3.4%) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 47, 605 (89.6%) al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Del total de servidores públicos del Poder Judicial 39,973 se encontraban adscritos a órganos jurisdiccionales y 13,187 a órganos y/o unidades administrativas.
El sistema judicial mexicano está muy burocratizado y sobre regulado, ya que existen muchas formas de retrasar los juicios, como son las apelaciones, los amparos, las revisiones de los Tribunales colegiados, además de la tardanza de jueces y magistrados en emitir sentencias definitivas y cuando estás son aprobadas muchas veces tardan años en ser ejecutadas, por eso cada año los requerimientos presupuestales son mayores.
En México hay que esperar muchos meses a que se admita a trámite una demanda, algunos años para recibir una sentencia y que esta no sea revocada hasta tener una sentencia definitiva y, finalmente, hasta un lustro para que esta se ejecute.
La justicia en el país azteca no es pronta ni expedita, para la mayoría de los mexicanos, pero existen excepciones como es el caso de la empresa de energía de origen español Iberdrola que en menos de 24 horas de haber sido entregado su amparo un juez le concede el amparo, esto sin garantías.
El corporativo hispano cuenta para que ellos si tengan en México una “pronta y expedita justicia” con hábiles cabilderos enquistados en el Poder Judicial y Legislativo que gestionan que rápido sean atendidas sus demandas legales.
Miles de trabajadores son despedidos de sus empleos sin ninguna justificación y sus laudos son muy largos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y tienen que estar pagando abogados para seguir sus juicios y cuando llega una resolución definitiva, muchas veces no son indemnizados conforme a derecho y a pesar de contar con una sentencia favorable al trabajador y lo más grave no existe ninguna pena para la parte patronal por incumplir con el requerimiento judicial.
A la clásica cita “la justicia tardía no es justicia”, hay que añadir una segunda derivada: el impacto negativo que esta lentitud tiene en la economía y para las finanzas de los trabajadores y pequeñas y medianas empresas.