El Infonavit, creado hace más de cinco décadas con el propósito de brindar vivienda digna a los trabajadores de México, enfrenta hoy uno de los escándalos más graves de su historia. En un golpe que sacude la confianza en esta institución, el director general, Octavio Romero Oropeza, reveló la existencia de una red delictiva dentro del instituto. Esta trama involucra a empleados del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que, en complicidad, defraudaron a miles de trabajadores mediante la asignación de múltiples créditos sobre las mismas viviendas.
Según las denuncias, esta red permitió que una sola vivienda fuera vendida hasta cuatro veces en un mismo año, afectando gravemente a quienes, con el esfuerzo de su trabajo, confiaron en el Infonavit para construir un patrimonio. Las cifras son alarmantes: se habrían otorgado 12 mil créditos para apenas mil 400 viviendas. Más preocupante aún es que, pese a la magnitud del fraude, las autoridades internas del Infonavit, incluidas la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría, han permanecido inmóviles, sin sancionar a los responsables ni tomar medidas contundentes para evitar que hechos similares se repitan.
Este caso no es un incidente aislado. En el pasado reciente, el Infonavit también estuvo bajo la lupa por irregularidades relacionadas con contratos millonarios. Un ejemplo es el caso de Telra Realty, una empresa que recibió pagos por servicios que nunca se llevaron a cabo. Estos antecedentes subrayan un problema estructural que trasciende gobiernos y administraciones: la opacidad y la falta de rendición de cuentas que caracterizan a una institución fundamental para el bienestar social.
En este contexto, la reciente aprobación de una reforma al Infonavit en el Senado de la República ha generado un acalorado debate. La reforma, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, incluye cambios profundos en la estructura del instituto. Entre las modificaciones destaca la facultad del ejecutivo para nombrar y remover al director general, una medida que ha sido criticada por centralizar el poder en detrimento de la representación tripartita que tradicionalmente ha caracterizado al organismo.
Además, la reforma contempla la creación de una filial constructora que permitirá al Infonavit incursionar directamente en el desarrollo de viviendas. Este cambio, aunque bienintencionado en apariencia, abre interrogantes sobre la posible duplicación de funciones y los riesgos de administrar recursos destinados originalmente al ahorro de los trabajadores. Expertos y sindicatos han expresado preocupación por la falta de transparencia en la implementación de estas nuevas facultades, señalando que podrían facilitar el desvío de fondos.
En el centro de las críticas también está el programa de arrendamiento social que permitirá a los trabajadores rentar viviendas de interés social con derecho a compra tras un periodo de diez años. Aunque la idea parece innovadora, los detractores señalan que el esquema podría desvirtuar la función principal del Infonavit: otorgar créditos accesibles para la adquisición inmediata de vivienda. Además, la falta de claridad sobre las reglas de operación de este programa ha generado dudas sobre su viabilidad y sobre quiénes realmente se beneficiarán.
El doble golpe que enfrenta hoy el Infonavit —la exposición de corrupción interna y las críticas a una reforma ya aprobada en la cámara alta— obliga a reflexionar sobre el futuro de esta institución y su papel en la sociedad mexicana. La corrupción denunciada no solo afecta las finanzas del organismo, sino que también erosiona la confianza de los trabajadores, quienes ven cada vez más lejana la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
El reto para las autoridades no puede limitarse a implementar cambios legales. Es imprescindible que las reformas vayan acompañadas de mecanismos de control rigurosos y de una rendición de cuentas que trascienda los discursos políticos. Solo así se podrá restaurar la credibilidad del Infonavit y garantizar que su operación responda a las necesidades reales de los trabajadores.
En un país donde la vivienda sigue siendo un bien escaso para millones de familias, el Infonavit tiene la responsabilidad de ser un pilar de estabilidad y confianza. Pero para cumplir con esta misión, primero debe limpiar su propia casa y enfrentar con valentía los retos que plantea la reforma. Si no se logra este equilibrio, el riesgo de que el instituto sea capturado por nuevos intereses o continúe siendo cómplice de actos de corrupción seguirá latente, dejando a los trabajadores una vez más en el desamparo.