Como lo había anunciado, el 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados un paquete de 18 reformas constitucionales y dos legales. Un paquete robusto, justo en sus propósitos, complejo en su discusión, controversial en su votación y muy difícil en su aplicación, si es que fuera aprobado.
A ocho meses de entregar el poder, López Obrador sigue dando lecciones, demostrando que toda política, además de ser local, es electoral. Como dice Cobra Kai: “Pega primero, pega fuerte, sin piedad”. Así lo hizo. Pegó primero, pegó fuerte y sin piedad contra sus adversarios. Del paquete de cinco anunciado a principios de año, la lista creció a 18 reformas constitucionales y dos legales.
Por estar concentrados en el reparto de candidaturas, el presidente madrugó a la oposición con sus propuestas sociales; como la ampliación de derechos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; en materia de bienestar, derechos y programas sociales; otorgamiento y ampliación de becas; atención médica integral, universal y gratuita, construcción y entrega de vivienda a los trabajadores; reforma al sistema de pensiones y aumento salarial por lo menos equivalente al incremento inflacionario; protección y cuidado de los animales; derechos a la alimentación, medio ambiente sano y agua; así como, protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas.
A toro pasado, el PRI, el PAN y la propia Xóchitl Gálvez pasaron aceite, a regañadientes aceptaron la pertinencia de las reformas sociales, pero condicionarán su aprobación a demostrar de dónde provendrían los recursos que las harían viables. El presidente dejo fuera la reducción de la semana laboral y temas de seguridad.
Las propuestas de reforma en materia penal, extorsión y delitos fiscales; trenes de pasajeros; reforma electoral; reforma al poder judicial; industrias estratégicas del Estado; Guardia Nacional y eliminación de órganos autónomos: así como, las reformas legales en materia de simplificación administrativa y a la ley del ISSSTE, serán combustible para el debate donde López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena o el PAN, el PRI, Xóchitl Gálvez y demás opositores del gobierno, darán vuelo a sus filias y fobias.
Ambos bandos tienen la posibilidad de dar un debate de altura o simplemente, como ha ocurrido a lo largo de la segunda mitad del gobierno obradorista, descalificarse mutuamente. De las 20 reformas enviadas por el presidente, una tendría que ser aprobada por unanimidad: elevar a rango constitucional las pensiones a personas discapacitadas. Lástima que el aire en el Congreso de la Unión esté envenenado por la contienda electoral.
Las iniciativas del presidente también lanzan un mensaje al interior del movimiento de regeneración nacional. Por una parte, pone sobre la mesa los temas prioritarios. Por la otra, le recuerda a los propios que no deben perder tanto tiempo en sumar a priistas o panistas, porque la prioridad es contar con el apoyo de la sociedad, no de políticos.
Nuevamente le corresponde a Ignacio Mier, Leonel Godoy, Aleida Alavez, Carlos Puente y Gerardo Fernández Noroña, armar este rompecabezas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Menuda chamba para el último periodo de esta legislatura. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.
Onel Ortiz Fragoso en X: @onelortiz