Jaime “N” es un maestro jubilado y pensionado que recibe ingresos extraordinarios mediante clases de regularización escolar para menores de primaria que ofrece para todas las materias. Sus principales alumnas son sus vecinas, entre quienes realiza propaganda gracias a que fue en la escuela de la zona en la que daba clases. Tiene menores desde los 7 años a su cargo y hoy enfrenta al menos tres acusaciones por abuso sexual infantil cometido adentro de los hogares donde le brindaron la confianza de entrar los propios padres de la colonia Infonavit Iztacalco en la Ciudad de México.
Jacqueline González fue una de las madres que, interesada en el desarrollo académico de su hija, contrató a Jaime “N” sin imaginarse del abuso que cometería en su propia casa: Durante dos años, en múltiples ocasiones, Jaime cometió abuso sexual en contra de su hija de 8 años. Desde el primer momento, la niña estuvo amenazada para guardar silencio y los actos que no pudieron ser comprendidos por la menor al momento en que pasaron, fueron comunicados a su madre hasta pasados los años. Hoy buscan justicia, pero el Poder Judicial capitalino muestra una de las peores caras: revictimización, indiferencia, omisión y falta de perspectiva de infancias y género. No es la única víctima. Al menos, otras dos familias han compartido la preocupación por actos que van desde tocamientos hasta actos orales. Todas las niñas lo habrían sufrido entre los 7 y los 12 años, sin que hasta el momento haya siquiera una reacción vecinal de solidaridad o empatía. ¿La razón? Jaime “N” tiene 81 años, por verle anciano recibe todo tipo de concesiones mientras que en el modo de amedrentar a las víctimas, la escalada sube al hostigamiento entre las calles de la colonia que todos comparten para llegar inclusive, a ofrecer 60 mil pesos a las víctimas por su silencio, como si la inocencia tuviera precio o la dignidad estuviese en subasta.
Hasta los 11 años, la hija de Jacqueline González vivió sus últimos episodios de abuso y abrumada entre comportamientos depresivos, altibajos en el rendimiento escolar, sentimientos de culpa y dolor, comenzó a crecer lejos del pederasta que enganchó a su familia y se ganó la confianza para estar en casa de la niña. Vivían a dos calles antes de que la menor y su madre se vieran obligadas a mudarse a otras cuantas puertas por actos de hostigamiento que los vecinos ejercieron en contra de las víctimas al enterarse de que la menor logró romper el silencio y decir todo lo que durante años sucedió. Actualmente, la niña tiene 16 años y en julio pasado, le confesó los abusos a su mamá.
Prisión preventiva contra pederastas, inoperante ante jueces
La hipocresía del sistema consiste en que a pesar de que el abuso sexual contra menores se encuentra dentro del catálogo constitucional de prisión preventiva oficiosa por su gravedad y amenaza contra las víctimas y otros menores, Jaime “N” fue puesto en libertad.
La ley penal y el artículo 19 de la Constitución protege a las y los niños estableciendo que el juez ordenara la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, pero este caso ejemplifica una de las tantas razones por las que México se encuentra dentro de los países con más abuso sexual infantil que es la impunidad. Jaime “N” se ha abstenido de asistir a las audiencias, ha tratado de darse a la fuga, ha intentado convencer a las víctimas de desistirse y guarda contacto con otras niñas a quienes les imparte regularización de manera privada a domicilio, es vecino de la víctima que tiene miedo de salir a la calle y encontrárselo como tantas veces ha sucedido. No puede ni siquiera salir sola a la papelería o vestirse como pudiera querer por la sensación de ser observada con miradas lascivas por parte del adulto mayor, sin embargo, la jueza Esperanza Medrano Ortiz le negó a la víctima y a su madre, así como a la propia Fiscalía de Justicia capitalina la prisión preventiva que solicitaron.
Este lunes será definida en audiencia constitucional si es que a Jaime “N” se le vincula a proceso, mientras que las organizaciones de apoyo a víctimas como Deconstrucción Violeta y activistas lanzan una profunda condena por ignorar la Constitución dañando la integridad de una menor que fue valiente al hablar pero que en aquella valentía, reside una sanción social tan fuerte que prácticamente, ha tenido que auto imponerse un toque de queda para resguardarse del vecino de en frente que así como abusó de ella, hoy goza de libertad para seguir “regularizando” a otras infancias.
El debate por la prisión preventiva oficiosa
En abril de este año, la Corte Interamericana ordenó eliminar la prisión preventiva en México alegando que, en nuestro país, esta figura constituye una herramienta de abusos constantes. El sentido de aquella resolución tenía un mandato hacia el Poder Legislativo: presentar reformas constitucionales que expulsaran esta figura al igual que el arraigo de nuestro sistema jurídico.
A diferencia de la prisión preventiva oficiosa o de “pase directo”, la prisión preventiva justificada establece estándares para hacerla válida. Es importante recordar que la prisión preventiva oficiosa junto con el catálogo que contempla el abuso y violencia sexual contra menores continúa vigente, ya que no se ha acatado la sentencia de la Corte Interamericana ni se ha incorporado aquel criterio como obligatorio para juzgadores. La prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada, continúan siendo constitucionales y legales en nuestro sistema, es decir, aplicarla ante casos contemplados previamente por la ley tendría que ser un imperativo. El poder judicial capitalino va entre omisiones y negligencias, haciendo cada vez más lejano cualquier sentimiento de justicia. El llamado es a proteger a las infancias de los depredadores sexuales, aunque sean adultos mayores, aunque sean maestros respetados, maridos o padres de familia. Ninguna niña tendría que arrepentirse o desear su propia muerte tan sólo porque la autoridad que debía protegerla, falló en estableces medidas cautelares para caminar hacia la justicia.