Aunque muchos aplaudieron el papel que jugó el árbitro electoral desde la pasada elección del 2018 y hasta ahora, hay quienes fundamentamos que, en pleno ejercicio de la “autonomía”, hay excesos y extralimitaciones, lo mismo cancha dispareja en la toma de decisiones de los consejeros electorales y de aquellos que comandan el Instituto Nacional Electoral con una grave inoperancia.
Probablemente esta elección que pasó fue la punta del Iceberg entre una rigidez y un conflicto de intereses que pareciera, para muchos, se sobrepasó.
Se rebasó el límite de la intransigencia y se actuó punitivamente en muchas candidaturas que fueron arrebatadas. Asimismo, algunos actores del legislativo han visto la necesidad inminente de dar un giro al paradigma electoral; como principio el INE sigue y seguirá siendo un organismo independiente con capacidad autónoma, aunque, con mecanismos de disposición que no generen una disputa de beneficios o provecho para desmantelar la legalidad con sanciones arbitrarias.
En otras palabras, con reglas de participación claras y sin ningún sesgo político que garantice la pluralidad, lo mismo, una planeación presupuestal que no rebase lo exorbitante. Dado que las pasadas elecciones y el periodo anecdotario de los hechos que hemos vivido, obligan al legislativo a generar condiciones en materia electoral. El propio Ricardo Monreal ha dicho que es una prioridad garantizar la certeza y, por supuesto, la democracia que se rija bajo la voluntad del pueblo.
Éste es el último botón que fortalecería la democracia que ha construido el presidente López Obrador. Entonces, de un momento a otro, se llevarán a cabo los trabajos de organización y planeación para las comisiones.
Ante el arranque del quehacer legislativo y como parte de las prioridades que ha marcado el presidente López Obrador desde Palacio Nacional, se convertirá en un tema que, sin lugar a dudas, empujará la fracción de Morena en San Lázaro y, por añadidura, refrendará con un trabajo conjunto el Senado de la República que comanda el Coordinador de los legisladores en la Cámara Alta. De hecho, él mismo ha reafirmado el rubro por la lamentable actuación del árbitro electoral y, por millones de mexicanos que pedimos certeza y legalidad al proceso de elección, equivalentes a mecanismos e instrumentos del órgano electoral que, sin pretexto ni cerrazón, entregue buenos resultados.
Justamente esa responsabilidad recaería en la bancada de Morena en ambas legislaturas. Es un compromiso, incluso, del propio presidente López Obrador que ciertamente lo ha mencionado una y otra vez en la máxima tribuna de la mañanera. Pero está claro que, para ello, se necesita una estratégica operación política que llegue a consensos y acuerdos entre las fuerzas que constituyen las fracciones.
Urgente, sí. Es el momento preciso para reorganizar a los responsables de dar legalidad al voto popular y, por ende, democrático. Una decisión muy atinada sería modificar el órgano electoral para ayudar y fortalecer la democracia de nuestro país y recuperar la participación ciudadana que, en muchos de los casos, dejó de creer en las instituciones que supondríamos es autónoma.
Morena ya dio muestras de respaldo, específicamente en ese tema. Algo que, de un momento a otro, ocurrirá. Desde luego, bajo la batuta de la Cuarta Transformación que está claro se convertirá el motor que la impulse y apruebe la propuesta de reforma electoral.