En más de una ocasión el presidente López Obrador ha mostrado su inconformidad por la toma de decisiones de los órganos “autónomos” electorales que, últimamente, nos hacen pensar que existe un conflicto de intereses. Eso lo ratificó la sala superior del poder judicial en materia electoral que quitó tres triunfos ganados en el escrutinio público a Morena en las pasadas elecciones del 6 de junio, lo que es realmente inquietante.
Es probable que esa sea la gota que derramó el vaso, salvo, que hay que esperar a los fallos de la instancia que faltan en las entidades donde se participó en la transición de jefe del ejecutivo estatal. Vale la pena ponderar porque, de por sí, el propio presidente y el poder legislativo han insistido en la inminente reforma electoral que bien lo dijo el mandatario: carece de confianza y legitimidad la que opera en la actualidad.
Hace tiempo que están pensando en este proceso, incluso, se prepara un proyecto que considere un reajuste en materia electoral en muchos elementos que, de forma implícita, constituyen el ejercicio de estas funciones. Eso tiene que ver precisamente con muchas inconsistencias, pero también, de un papel extralimitado que ha tomado un juicio hasta cierto punto sesgado. Injustamente se quitaron candidaturas en las pasadas elección a gobernador; al igual, aspiraciones a puestos de legisladores estatales y federales.
Es claro que eso volvió a pasar: la sala superior arrebató tres victorias a Morena y, lo peor de todo, es que debilitó un escenario para obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, modificándose el terreno– que puedan derivar en complicaciones en un momento esperado. Un golpe no solo para la expresión guinda, sino para el mismo presidente. Si de por sí había molestia y exacerbación por los hechos a priori, esto viene a profundizar más la herida.
Sin embargo, el punto de inflexión no solo radica en ese sentido, sino en la grilla interna que el propio órgano colegiado sufrió la semana pasada en medio de renuncias y presidentes sustitutos. Todo indica que, ni dentro del poder electoral que rige la última decisión, está a la altura de las demandas y exigencias de la democracia.
En general, parece un organismo contaminado y lleno de vicios, eso sí, que se inclina más al viejo régimen reaccionario. Tiempo atrás lo demostró y, hoy por hoy, lo ratificó. La acción que tomó en contra de Morena fue un auténtico atropello; así pues, la realidad es que habrá una reacción inmediata a tan grotesca actuación. El presidente no se quedará de brazos cruzados y, seguramente, lanzará, primero, una ofensiva verbal de aquellos que toman las grandes decisiones en materia electoral que, de por sí, tiene poco crédito.
Cayó como anillo al dedo en el mejor momento en que, el presidente López Obrador, ha exhortado al legislativo frente a las demandas que exige la sociedad. Esta, seguramente, no será la excepción: habrá consecuencias para exigir un marco constitucional apegado a la justicia que, por fin, termine con las extralimitaciones y desproporcionadas determinaciones que ha tomado.
Y eso no es todo: es lógico suponer que en materia electoral habrá una regulación en pago de servicios, es decir, quitar los sueldos exorbitantes y gastos de operación que efectúan estos organismos. Bien pueden servir fácilmente en otro rubro.
Justamente ese será el punto mediático de esta semana. El presidente quizá gane tiempo, mientras prepara la ofensiva legislativa con sus principales operadores para, lo más rápido posible, crear condiciones para reformar y proponer un marco más justo, garante de las determinaciones que tomó el pueblo en las urnas.
Se puede vislumbrar una operación muy fina y minuciosa porque, para ello, se requiere mayoría calificada. Sin embargo, eso no lograría ser un obstáculo a sabiendas de que, en tres años, las reformas han podido aterrizar debido a la gran capacidad de sus liderazgos.
Mientras eso pase, el Tribunal Electoral propina un nuevo golpe a Morena. Imaginemos que eso suceda en las determinaciones donde se impugnaron las gubernaturas en algunos estados, vaya, esa sería la hecatombe y el fracaso de un sistema democrático en sus poderes constitucionales autónomos.
Habrá fuertes presiones de la sociedad que exigirán respuestas a las inquietudes. No obstante, quienes encabezan las fuerzas opositoras celebran la decisión y, no es por de menos, encontraron un buen aliado que nos hace suponer irán bajo la consigna de tratar de debilitar al gobierno en turno, el cual, en un escenario cantado sufre las consecuencias de un árbitro imparcial.
Si no han podido en más de 30 años, suena imposible que lo logren; se escucha irónico, pero, la derecha y los órganos autónomos no son algo peor, sino lo más podrido en términos de credibilidad.
Urge una reforma electoral, ya.