La relación entre inteligencia de Estado (la llamamos así para diferenciarla de la inteligencia competitiva que practican y desarrollan las empresas privadas) y la lucha política, ha sido controversial en extremo. El presidente mexicano actual reitera que en su gobierno “ya no se practica el espionaje a opositores” y lo dice como una prenda de orgullo y mérito. Veamos qué tan pertinente y meritorio es el planteamiento y la praxis.
Uno de los teóricos más conocidos Sherman Kent sostuvo:
“la necesidad de mantener a la inteligencia separada de la política, para preservar el carácter objetivo del conocimiento que en esa acepción constituye la inteligencia, de las influencias políticas que pretendieran desnaturalizarla. No obstante, también Kent tomó en cuenta que dicha separación no debía ser excesiva, dado que la inteligencia necesitaba de la guía proporcionada por la política acerca de sobre qué aspectos era necesario que se produjera inteligencia, o, dicho de otro modo, cuál era el conocimiento relevante para el decisor político. Kent obviamente comprendía que el precio de una excesiva distancia entre inteligencia y política era la irrelevancia de la inteligencia”.
Ugarte, 2005.
Pero destacó que una mayor cercanía entre el generador de los productos de inteligencia y el consumidor es también una necesidad de los mismos:
“La inteligencia debe hallarse lo suficientemente ligada a todas las operaciones políticas, de proyectos y demás, para obtener la mayor cantidad posible de dirección o guía, pero tampoco debe hallarse tan cerca que pierda su objetividad de integridad de juicio”.
Kent, 1996.
Existe un juego dialéctico entre la necesidad de la “guía política” en la actividad de inteligencia y la preservación de “la objetividad” de los productos. Si se pierde la cercanía el producto se vuelve irrelevante, si tal ligazón es demasiado gravitante, se pierde la objetividad. Severo dilema. Hay como dicen algunos autores “dos dramatis personae enfentadas”,
Estos lineamientos generales presentados por Kent han sido de aceptación generalizada, teórica y práctica, pero hoy resultan insuficientes ante la complejidad de los procesos sociales de los cuales el Estado y su expresión directa, el gobierno nacional, requieren mucha y profunda información. Además, las tecnologías actuales de información y comunicación son climáticas y pueden ayudar a resolver el dilema.
Emitimos una postura al respecto: nuestra tesis es que el factor de solución de esta antinomia que puede convertirse en una síntesis dialéctica, está en manos del decisor de inteligencia, del directivo o funcionario, es decir, del consumidor del producto, quien además establece el contenido, límites y alcance de la investigación ordenada sobre el objetivo. Teóricamente así planteada la dialéctica entre guía política/objetividad del producto, no permite vislumbrar el agente material o sujeto físico y funcional que puede aportar la solución al dilema, y éste tiene que ser el decisor debidamente formado, especializado y con una cultura de inteligencia de respeto irrestricto a los derechos humanos, a los principios democráticos compulsado por el marco jurídico constitucional y reglamentario y por los mecanismos de control y fiscalización de distinto tipo.
La inteligencia de Estado debe ser una estructura organizada, altamente especializada, sistemática y dentro de un marco jurídico constitucional que permita su regulación, supervisión y efectivo control en todo aquello que sea posible, sin vulnerar un principio fundamental de su existencia: la secrecía de sus procesos internos, sus investigaciones y sus funcionarios responsables. Sobre dicha actividad requerimos dos cuestiones sustantivas: la visión de Estado y la perspectiva estratégica.
En dicho contexto la inteligencia política es una variante de las actividades de investigación y análisis (hay también inteligencia policial, inteligencia financiera, etc.), por tanto, poco esclarecida, poco entendida en su enorme utilidad, teórica y operativa, la cual no tiene por qué ser necesariamente para uso represivo, puede y debe tener una utilidad eminentemente preventiva, eso depende del régimen político y su lineal y correcta correspondencia con la estructura constitucional democrática del Estado, y de cómo el régimen político procese las necesidades, riesgos y amenazas de seguridad de la nación y las instituciones públicas, de la convivencia social para el desarrollo, la integridad física, es decir, la Seguridad Nacional la Interior y la Seguridad Pública.
Esta relación histórica entre la inteligencia y el control del régimen político sujeto a la lucha por el poder, ha sido también debatida pero considero no suficientemente esclarecida. Se rechaza tajantemente o se acepta discretamente la necesidad de la inteligencia política, y al respecto surge otra pregunta central: ¿debe ser netamente informativa o puede usarse con fines de lucha política? He aquí explicitado el dilema fundamental y altamente relevante.
Usar la información sistemáticamente recabada, clasificada y validada para detectar riesgos y amenazas a la integridad, estabilidad o permanencia del Estado, al orden legal interno y la estructura federal del Estado y sus instituciones democráticas, o a la convivencia social no sólo externamente, sino aún, en el ámbito de las fuerzas políticas nacionales, considero que es totalmente válida, legal, legítima y necesaria, pero usarla dentro de la dinámica de la lucha por el poder en favor de un contendiente altera el balance de las fuerzas e inclina la balanza hacia las fuerzas afines al régimen político o a su plataforma ideológica-programática, quebranta el juego democrático por el poder del Estado o una parte del mismo, y desnaturaliza la función de la inteligencia de Estado, nunca partidista sino de beneficio nacional. La línea divisoria es frágil, pero existente.
Pongo un ejemplo hipotético: si el partido VOX español de tendencia católica-fascista dentro de sus actividades en México hubiera dejado las bases de formación de un grupo para desarrollar acciones ilegales y/o ataques desestabilizadores al gobierno del Presidente AMLO, y esto fuera detectado previamente al inicio de las mismas por los servicios de inteligencia civil y/o militar, la inteligencia política táctica con visión estratégica habría cumplido cabalmente su función ajustada al marco constitucional. Y si dentro de dicha recopilación de información y análisis es necesario el espionaje por medios no agraviantes y las intervenciones telefónicas aprobadas por una autoridad judicial para llegar al punto de evitar el inicio de tales hipotéticas acciones desestabilizadoras, la inteligencia política con fines preventivos y de anticipación, habría cumplido brillantemente con su cometido, con todo y las consecuencia jurídicas que ello trajera consigo para los actores conspirativos, porque la conspiración no habría sido sólo contra el régimen político actual, contra sus personalidades y liderazgos, sino contra el propio marco constitucional y por tanto, contra el Estado mismo como representante general de la Nación.
En cambio, siguiendo el ejemplo hipotético, si hay una escisión en una de las fuerzas políticas o dos o tres del escenario nacional, y se decide la formación de una nueva fuerza política de oposición ideológica al régimen en turno ajustado a principios democráticos, y éste usando dicha información trata de frustrar o anular mediante acciones diversas la nueva organización partidista, o pretende encarcelar a alguno de sus líderes “fabricando una acusación judicial” y/o desatando una “campaña de desprestigio” contra sus líderes distorsionando la información sobre su participación política en los asuntos públicos para afectar el proyecto opositor, incluso, perpetuando la desaparición física de algún o algunos líderes opositores, está usando la inteligencia política con fines represivos, rompiendo el marco jurídico constitucional que la regula y determina, alterando el juego político democrático, la disputa por el poder, y convirtiendo la inteligencia política para la seguridad del Estado, el orden interno, sus instituciones y el equilibrio del orden social, en un tipo de inteligencia para la seguridad, defensa y perpetuación del régimen en turno. Inteligencia al servicio del gobierno, no del Estado.
Un principio democrático, básico y fundamental es que el poder del Estado está permanentemente abierto a la lucha social por la ocupación del mismo, respetando las reglas o normas para ello. Cuando alguna fuerza socio-política e ideológica patrimonializa su ocupación, rompe un principio fundamental y lleva dicha lucha a los cauces ilegales y a la violencia.
Obsérvese cómo en ambas hipótesis hay actividad de inteligencia política, pero no con los mismos propósitos y con una diferencia de esencia en las decisiones respecto del proceso político. Este es el razonamiento, principio y praxis estelar que debemos determinar.
Existe dentro de estos dos grandes espacios de reflexión, análisis y praxis, la idea de la inteligencia de Estado como una actividad neutra, política, programática e ideológicamente, quizá como una concepción predominante. Alguna vez escuché la frase: “aquí está la información, para lo que la quieras o uses es otro asunto”. No la considero totalmente correcta. Se requiere una precisión muy puntual: lo que es neutro es la utilización de las técnicas y metodologías de la investigación y análisis, las puede usar desde un criminal que practique el terrorismo de Estado hasta el demócrata más consecuente.
Desde este punto de vista, el producto, si es objetivo, es decir, derivado linealmente de la investigación sin carga personal por donde se puedan colar las preferencias ideológicas y políticas del investigador o analista, puede ser neutral, sin dejar de lado, sino considerando, que todas las funciones del Estado en favor de la gobernanza, preservación y reproducción de una sociedad nacional, de la continuidad de la soberanía y la independencia nacional, son funciones políticas. El espacio público es esencialmente político por naturaleza. El problema fundamental es con qué objetivos, qué medios y cuáles instrumentos se organiza y puede funcionar institucionalmente.
¿En dónde está la diferencia esencial de ambos tipos de inteligencia política? En la toma de decisiones, en el decisor, en quien recibe y usa en un sentido u otro la información clasificada. Por ello, son fundamentales tres cuestiones de un servicio profesional altamente especializado de Estado: a) el control, la supervisión y fiscalización del servicio de inteligencia; b) la combinación de los mecanismos de control social, judicial y legislativo al interior de un marco jurídico constitucional propicio a una regulación adecuada, moderna, eficiente y efectiva, totalmente institucionalizada; y c) la formación ética, democrática y republicana de los decisores en el aparato organizado de la inteligencia, de los que ya son, los que permanecen y se desarrollan para hacer carrera, y los que ingresan al servicio.
Continuaremos en una próxima entrega.