A ningún gobierno en el mundo le agrada la prensa crítica. Estos periodistas lastiman su credibilidad, laceran su popularidad y ponen en tela de juicio las políticas públicas en curso. Sin embargo, el juego de la política en una democracia funcional es eso: tolerar la disensión expresada por los periodistas.
México no es la excepción. El lector recordará el célebre reportaje realizado por la periodista mexicana Carmen Aristegui y su equipo en torno a la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto; un trabajo que lastimó severamente la popularidad del presidente y que contribuyó al hundimiento de su credibilidad. Luego de haber aparecido ufano en la portado de la revista Time con el titular de Saving Mexico, el priista pasó a representar la corrupción del régimen. Su presidencia no se recuperó jamás, y sus reformas estructurales (algunas buenas tales como la educativa y la telecomunicaciones) fueron borradas de la conciencia colectiva.
Tras la publicación del reportaje, la entonces primera dama de México Angélica Rivera, explicó con datos medianamente creíbles el origen de la adquisición de la propiedad localizada en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Más tarde, la Secretaría de la Función Pública, en un acto que provocó indignación cuasi generalizada, exoneró de cualquier culpa al presidente y a su esposa. Sin embargo, quedó de manifiesto que Grupo Higa había favorecido a Enrique Peña Nieto y a otros miembros del gabinete, en un claro conflicto de interés, pues se trataba de un concesionario del gobierno federal.
En su momento, en aquel noviembre de 2014, el reportaje de Aristegui fue comparado con la célebre investigación de Bob Woodward, misma que culminó con el descubrimiento de la implicación del presidente Richard Nixon en el escándalo Watergate, producido justamente en el hotel del mismo nombre de la capital estadounidense.
En este contexto, tanto en México como en el resto del mundo, la prensa crítica daña a los políticos. Sin embargo, en las democracias liberales, los jefes de Estado están dispuestos a lidiar con estos ataques mediáticos, pues son las reglas implícitas del juego que ellos mismos aceptaron al momento de participar en una elección democrática.
Hoy, López Obrador, presidente de México, por su parte, con su vergonzosa sección de ¿“Quién es quién en las mentiras”? desafía al orden democrático, lastima la arquitectura del Estado y pone de manifiesto su desdén hacia la pluralidad de ideas.
¿Cómo debe un presidente demócrata combatir los embates del periodismo? Con resultados. México merece ver mejoras en los indicadores de pobreza, de empleo y de seguridad, y no con discursos mañaneros que no abonan a la solución de los problemas nacionales, sino que por el contrario, merman nuestra unidad nacional.
La libertad de prensa está en riesgo, pues México ya no únicamente ocupa el penoso primer lugar como destino más peligroso para realizar la valiente labor del periodismo, sino que ahora los periodistas son vapuleados públicamente por el presidente en un ejercicio autoritario y condenable sin precedente en la historia de nuestro país.