La crisis provocada por la covid-19 ha recordado al mundo la ausencia de una verdadera cooperación internacional. Si bien líderes mundiales aseguran, en sus discursos políticos, que sus gobiernos encabezan esfuerzos transversales dirigidos a combatir al virus, la realidad trasluce una realidad muy distinta.
Por el contrario, la pandemia ha demostrado la ausencia de una cooperación internacional en materia de salud. Veamos el caso de la Unión Europea, la organización internacional con mayor grado de integración política y económica en la historia del mundo contemporáneo. Si bien los Estados han cedido competencias a la entidad supranacional, los gobiernos nacionales mantienen la dirección de las políticas sanitarias. La Unión se limita, en consecuencia, a labores complementarias de apoyo.
De ello deriva el hecho de que cada Estado europeo ha trazado su propia política sanitaria.. Mientras la Agencia Europea de Medicamentos concluye, los gobiernos ya han tomado distintas decisiones. Ello ha conducido a políticas disímiles y a un disfuncionamiento al momento de la conducción de las políticas.
Si este el es caso de la Unión Europea ¿qué decir de las otras regiones del mundo?
¿Por qué es urgentemente necesario un reforzamiento de la cooperación internacional en materia sanitaria?
En primer lugar, porque la covid-19 es un problema que ha alcanzado cada rincón del planeta. Es por ello que la situación exige respuestas globales. No basta con esfuerzos nacionales, con Estados pasando de largo mientras regiones enteras se ven privadas de los índices mínimos necesarios de vacunación en sus poblaciones.
En segundo lugar, porque el problema no será resuelto ante la ausencia de una organización supranacional que cuente con las competencias para diseñar, conducir, desarrollar y evaluar la estrategia. La desacreditada OMS, por su parte, ha demostrado su fuerte carácter técnico, pero a la vez, su incapacidad política y legal de influir activamente en las decisiones de los gobiernos.
Si miramos hacia la literatura jurídica, encontramos un concepto legal conocido como el principio de subsidiaridad. Esta acepción se refiere a la necesidad de que cada nivel de gobierno (municipal, estatal, federal o supranacional) tome el control de materias que afectan su esfera de competencia.
Es por ello que, en el marco de la guerra contra la covid-19, y ante sus alcances globales, resulta necesaria la creación de un órgano cuyas competencias (cedidas por los Estados miembros) y acciones coadyuven a resolver la crisis que tanto nos ha afligido a lo largo de los últimos diecisiete meses.
Como hemos podido comprobar, la política sanitaria no es una más que una de las tareas pendientes que deben ser atendidas por una entidad supranacional. Allí persisten otros temas de la agenda pública como el cambio climático, el combate contra la evasión fiscal, y en general, todos los puntos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Los Estados deben dejar atrás sus nacionalismos estatistas y transitar hacia una mayor cesión de competencias.
¿Dónde descansa el papel de México?
Como país en desarrollo, nuestro deber reside en una plena colaboración en el concierto de las naciones. AMLO y su gobierno deberán asumir, en consecuencia, las responsabilidades que son nos propias en tanto que la décimo quinta economía mundial, 130 millones de habitantes y como uno de los países más gravemente afectados por la pandemia.
Celebremos que AMLO y su gobierno hayan aceptado el envío de vacunas hacia países más pobres. Sin embargo, la cooperación internacional debe traducirse en la promoción, desde la Cancillería y todos los foros internacionales, de la creación de un organismo que cuente con la capacidad política de conducir hacia buen puerto la guerra contra la enfermedad. ¿Misión imposible? Quizá… pero el posible resultado vale el esfuerzo