La próxima semana se espera que la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense envíe a la Comisión de Derechos Humanos de ese Poder Legislativo la terna de la que saldrá el nombre de quien ocupará, para los próximos cuatro años, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) No es un asunto menor para el propio Congreso y para la sociedad. Se espera que quien ocupe ese cargo cuente, no solo con el apoyo legislativo, sino la aceptación de diversas organizaciones sociales que están al pendiente de este nombramiento.
Y, es que existen varios factores que hacen una decisión “complicada” entre las diferentes fracciones parlamentarias quienes han recibido las currículas de los siete aspirantes, que vienen desde la academia, la alta burocracia y de la sociedad.
En esta ocasión, la propuesta de quien deberá ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) viene de la sociedad, de aquella que se ha organizado para defender sus derechos, desde los pueblos y barrios originarios, hasta grupos feministas y de las comunidades LGGTTI.
Resulta que hay un postulante de más de 180 organizaciones sociales que agrupa a quienes han visto vulnerados sus derechos históricamente y que, ven en la postulación del abogado José Antonio Lara Duque, una oportunidad para tener voz en esta entidad que se encuentra convulsionada por los casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Pero quizá el tema va más allá de un simple nombramiento, ya que la designación del “ombusperson” se ha vuelto una decisión política de trascendente importancia, porque resulta que esta entidad entrará a la dinámica electoral el próximo año.
En el grupo parlamentario de Morena, quien actualmente ocupa la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) está el experimentado legislador Maurilio Hernández quien es reconocido por su prudencia y cálculo político. Resulta que entre Morena, su aliado PT y la simpatía del PRI, se vislumbra que este cargo recaiga en José Antonio Lara Duque porque resulta que, más allá del nombramiento, se juega la confianza de los habitantes del estado de México.
Los legisladores han observado que una decisión errónea podría acarrear un grave problema político-electoral, ya que sería tomada, desde la Secretaría de Gobernación y la propia Presidencia, como una traición al pueblo y a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha puntualizado que ningún integrante de la 4T debe mentir, robar o traicionar.
Pues resulta que, esta es la decisión en la que se pondrá a prueba el ideal de la Cuarta Transformación y del “cambio verdadero” que busca para el país y para el estado de México, aún en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con Alfredo del Mazo en la gubernatura.
Hasta ahora, el mandatario estatal se ha mantenido al margen de la designación del presidente de la Codhem, porque su interés se centra más en quién ocupará la presidencia de otros organismos, como el de Transparencia. Para los conocedores del tema, el interés del gobernador es terminar su administración sin contratiempos, para transitar a un espacio alejado de los reflectores de los medios, dejando el espacio político para los grupos afines al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, del exgobernador Arturo Montiel y de Eruviel Ávila.
¿Quién es Mirna García Morón?
En este sentido, resalta el nombre de Mirna García Morón, ahijada del exgobernador Eruviel Ávila Villegas, pero que desde el Poder Judicial ha estado en la palestra pública ante el despilfarro del dinero público para uso personal. Pero más allá de estos hechos, que constituyen delitos graves, se ubican dos datos interesantes.
Fungió como secretaria particular del entonces procurador mexiquense Alberto Bazbaz, personaje que salió a la fama por el caso de la pequeña de 4 años Paulette Gebara, —que luego de días de extraviada y ante un problema familiar donde Lisette Farah, Mauricio Gebara, Alberto Bazbaz, Alfredo Castillo y Amanda de la Rosa fueron protagonistas de esta terrible historia— que concluyó con el fallecimiento de la menor al pie de su propia cama.
Y, segundo, García Morón ha fungido como subprocuradora mexiquense, lugar que, como lo ha resaltado el presidente López Obrador en las últimas horas, está “podrido” por la sistemática violación a las garantías individuales; y eso es justo lo que Morena, López Obrador y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quieren erradicar.
Por el otro lado, se encuentran los grupos encabezados por el senador Higinio Martínez y Delfina Gómez quienes ya han comenzado a trabajar en materia electoral, ante la proximidad de los comicios que harán el enroque en la gubernatura mexiquense, y evaluar los posibles escenarios y riesgos. Para ellos, las pasadas elecciones resultaron muy amargas, luego de que Morena y sus aliados perdieron siete alcaldías en la ciudad de México –además de la reelección de dos alcaldes opositores—que fue resultado por el abandono de quienes tenían la responsabilidad de conducir adecuadamente la política, la gestión y los servicios.
Este mismo caso podría replicarse en el estado de México, pese al avance de Morena, la gubernatura se podría perder en los próximos comicios, si los habitantes, –aquellos en condiciones de vulnerabilidad y que han sufrido en carne propia la violación de sus derechos—, encuentran que no han escuchado sus reclamos, sus propuestas y sus demandas. Pues, las condiciones están establecidas para que la próxima semana inicie una nueva etapa en materia de derechos humanos en el estado de México, en la que la sociedad, los pueblos y barrios originarios, los centros educativos, están inmersos en la política y en las decisiones de quiénes ocuparán los órganos autónomos del estado de México.