“El gobierno de México incumple con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para revertirlo”, así concluye un informe de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, que ya tiene en la mano el presidente Joe Biden.
Este reportero tuvo acceso al documento que, traducido al español, se titula: “Informe 2021 sobre la trata de personas: México”, que el embajador Ken Salazar tendrá que atender de manera inmediata, una vez que este martes entregué sus cartas credenciales al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
El documento no es menor. En él, el gobierno estadounidense reconoce que la administración del gobierno de AMLO, particularmente desde el año pasado ante la pandemia por Covid-19, condena con más energía a las bandas de traficantes de personas.
Además, proporcionó recursos a organizaciones de la sociedad civil para operar refugios contra este grave mal que actúa en todo el mundo; y reconoció el aumento de los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para recopilar información en apoyo de las investigaciones y juicios contra la trata.
Reconoce que “el gobierno (mexicano) arrestó a dos funcionarios públicos actuales o anteriores por sospecha de complicidad en dos casos de trata que las autoridades no abordaron durante numerosos años”.
Sin embargo, la administración “incumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave”, por ejemplo, “no procesó -ni condenó- a ningún funcionario público por complicidad en delitos de trata; tomó medidas limitadas para investigar y enjuiciar los delitos de trabajo forzado; y no asignó fondos a la asistencia de víctimas”.
El documento enfatiza, a manera de recomendaciones, la forma de implementar y financiar un plan de acción estratégico nacional sobre servicios a las víctimas, que incluya refugios, servicios integrales y apoyo a la reintegración para todas las víctimas, incluidos menores de edad, individuos del grupo LGBTQI+ e indígenas.
Entre otros puntos, también sugiere aumentar la capacitación a integrantes de la policía, fiscales, jueces, autoridades de inmigración y los proveedores de servicios, centrándose en la aplicación de procedimientos informados sobre traumas y atención a las víctimas.
“Proporcionar mayor seguridad a las víctimas y testigos que enfrentan acciones contra los traficantes; así como garantizar que las víctimas no sean detenidas ilegalmente, obligadas a testificar o retraumatizadas de otra manera”.
El documento explica que,”aunque las autoridades obtuvieron más condenas, el gobierno no proporcionó datos completos sobre los esfuerzos de enjuiciamientos”. La ley contra la trata de 2012 penalizó la trata sexual y la trata “de mano de obra”, prescribiendo penas de cinco a 30 años de prisión y multas por delitos de trata sexual, de cinco a 20 años de prisión y multas por tráfico laboral”.
En este sentido, las autoridades iniciaron 55 investigaciones federales y 550 investigaciones estatales el año pasado, en comparación con 133 investigaciones federales y al menos 545 investigaciones estatales en 2019, y 112 investigaciones federales y 304 estatales en 2018.
Más. Las autoridades federales iniciaron el enjuiciamiento de 40 presuntos traficantes y continuaron 35 enjuiciamientos abiertos en años anteriores para un total de 75 enjuiciamientos federales en 2020, aproximadamente la mitad que en 2019.
El gobierno informó de enjuiciamientos a nivel estatal en 14 estados para un total de 51 casos. En comparación, las autoridades procesaron al menos a 522 personas en casos federales y estatales en 2019 y al menos 510 en 2018.
“En respuesta a la pandemia, los tribunales federales y estatales suspendieron todos los procedimientos legales entre marzo y mayo de 2020. Los fiscales informaron de cierres temporales de oficinas gubernamentales y el sistema judicial obstaculizó los esfuerzos para investigar nuevos casos y procesar los casos pendientes, ya que la reducción del personal en la mayoría de las oficinas detuvo las solicitudes de información”, acusó.
Por si fuera poco, en 2020, la UIF recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, el Estado de México y la ciudad de México.
En fin, este documento es valioso para los integrantes de las nuevas legislaturas, locales y federal, para el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que tendrán que actuar en consecuencia para realizar las reformas al marco legal y hacer fluir recursos para atender este grave problema en México y el mundo.
Punto Cero
Este 15 de septiembre, las 16 alcaldías de la ciudad de México podrán organizar festejos por el 211 Aniversario de la Independencia de México, y estarán a cargo de la supervisión y vigilancia, además de establecer las medidas sanitarias necesarias, según determinó el Gobierno capitalino. ¡Viva México!
*Periodista | @JoseVictor_Rdz