Desde inicios de 2019, con el cambio de gobierno federal, se ha desatado una fuerte disputa por la ocupación de los espacios del poder burocrático de la investigación en ciencia, tecnología y humanidades en México. Ello se ha convertido también, dicho esto en forma de metáfora, en una lucha “santa” por los recursos financieros públicos y por la definición de las reglas legales en juego para el sector.
Estamos, como país, en una coyuntura histórica de relaciones de poder en la que se disputa, palmo a palmo, la definición de las políticas públicas nacionales en materia de investigación científica, humanística y tecnológica. Los actores sociales principales de esta historia son el gobierno federal, electo democráticamente, y los desplazados del poder o las/los separados de privilegios de los sexenios pasados.
Lucha que, en parte, se puede explicar desde la lógica de las contiendas y tensiones generadas por el accionar de las élites dirigentes y las burocracias a ellas asociadas tanto en el centro como en la periferia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Como lo comenté desde entonces, en febrero de 2019, en esta trama dramática se ha producido un “desencuentro” (ahora transformado en “choque de trenes”) entre un sector de la comunidad científica, humanística y tecnológica mexicana y el gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador. (1)
El conflicto, que de por sí es complejo y tiene múltiples aristas, ha escalado a tal grado que, hoy, se le ubica, en medios, como un asunto de “judicialización de la ciencia”. De hecho, el tema va más allá de las obvias diferencias en el ámbito de las “ideologías políticas” (aunque no hay que minimizar el trasfondo de las políticas públicas con sello “neoliberal”, ejercidas en las pasadas administraciones federales del sector). Me explico.
El desencuentro durante los últimos dos años, en especial, entre el presidente de la República, a través de la directora general del CONACyT, y un importante sector dirigente de la comunidad científica, que dominó en el pasado y sigue en posición de hegemonía, ha abierto varios frentes: Desde la propuesta de la actual administración para dotar al CONACyT de un renovado perfil para impulsar con más recursos e identidad a la investigación científica y tecnológica, orientada a la atención de las necesidades sociales (iniciativa impugnada por la oposición), hasta conflictos derivados por los nombramientos que dio a conocer la Dra. Álvarez-Buyllá, actual directora general de ese organismo del Estado mexicano, brazo principal de la gestión de las políticas públicas mexicanas de la investigación científica, humanística y tecnológica.
Cabe recordar, como antecedente, que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT, A.C.), espacio plural e independiente de académicos, instituciones académicas y empresariales ante el CONACyT, por conducto de su mesa directiva, se pronunció, en febrero de 2019, en contra de la iniciativa de la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Pero los problemas están atravesados, transversalmente, por otros asuntos y procesos claves: La continuidad o no de un cónclave científico (el “establishment”) representado por cabezas de instituciones académicas, empresariales y ex funcionarios del mismo CONACyT, que habían estado y quieren seguir al frente de la definición de las políticas públicas del sector, aparte de gozar de privilegios y poderes (meta) institucionales.
Me refiero específicamente a ex directores o ex directoras del CONACyT que, de un sexenio a otro, pasan a ser coordinadores o coordinadoras del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. O a integrantes destacados de la comunidad científica, como el Dr. José Franco, que reciben una comisión de dos diferentes rectores de la UNAM para dedicarse de tiempo completo a la coordinación de la mencionada asociación civil. ¿Cuántos ex directores de escuelas y facultades o de centros e institutos, de la UNAM o de otras instituciones de educación superior, han recibido una comisión, de tiempo completo, para dirigir a organizaciones de la sociedad civil o abiertamente para dirigir empresas del sector privado? ¿No sería más conveniente ejercer una licencia sin goce de sueldo? Eso, quizá, sea legal, pero no es legítimo. (2)
Los problemas de la investigación científica en México
Desde hace más de cuatro décadas, las actividades científicas y tecnológicas nacionales han estado sujetas a múltiples problemas y contradicciones que, a menudo, se dan entre las comunidades científicas y aquellas agencias que no necesariamente son generadoras de conocimientos científico-técnicos, es decir, la burocracia científica (funcionarios del CONACyT y de oficinas equivalentes en las entidades federativas).
Pero eso no debe sorprendernos, porque esa es parte de la dinámica propia de las actividades de la investigación científica en países como el nuestro, donde las comunidades científicas, humanísticas y tecnológicas operan mayoritariamente con recursos públicos. Uno de los problemas, en todo caso, es la escasez de recursos financieros e infraestructura para llevar a cabo las actividades de investigación. Los problemas institucionales, además, tienen que ver con la falta de dispositivos efectivos de rendición de cuentas y de transparencia, por tratarse de financiamiento público.
Por lo tanto, éste es un fenómeno relacionado con el diseño de las instituciones científicas, su respectivo marco legal y la actuación inadecuada, o no, de sus altas burocracias. La ciencia, en México, no sólo es un tema de debates teóricos y metodológicos, sino que también es un asunto de Estado en su diseño, operación y regulaciones; así como en las orientaciones y definiciones, en términos de un proyecto de nación.
En tal contexto, en México, reitero, prevalecen la falta de financiamiento hacia la ciencia por parte del Estado (pero también hay un desdén significativo por parte de la iniciativa privada hacia estas actividades); el exceso de trámites burocráticos (revisemos el Sistema Nacional de Investigadores) y la concentración (en pocos estados de la república) de las escasas capacidades en infraestructura y de recursos humanos en materia de ciencia y tecnología.
Se calcula que el CONACyT opera, hoy en día, con un presupuesto de alrededor de mil 500 millones de pesos al año para pagar nómina. (dicho por José Franco) Esa cantidad representa un presupuesto anual superior al que reciben algunas universidades públicas del país. La burocracia dorada es un fenómeno social continuo que se resiste a sucumbir. Sólo cambia de color.
Algunos otros problemas del sector tienen que ver también con cuestiones de organización interna de las comunidades científicas (el llamado “corporativismo”); así como con la evaluación de los programas de posgrado donde se forman las y los investigadores; y otras situaciones conflictivas que se dan entre estas comunidades de investigadoras e investigadores (principalmente ubicados en instituciones de educación superior) y grupos de poder económicos (empresariales), sociales y políticos (dentro y fuera de los pasillos de la administración federal).
El actual CONACyT-gate
Hoy, una parte de los conflictos se han trasladado hacia otros espacios propios de los procesos legales o judiciales: Para continuar con la disputa, la coordinación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT, A.C.), organismo de consulta y asesoría establecido en la ley de Ciencia y Tecnología (2002), interpuso un amparo en contra del CONACyT, debido a que éste no entregó los recursos públicos correspondientes, al inicio del presente sexenio, conforme a lo establecido en dicha ley.
EL FCCyT, progresivamente, ha tomado formas extrañas, como agruparse en un esquema de asociación civil, pero que opera principalmente con recursos públicos y con limitadas acciones para generar recursos propios. ¿Esas formas extrañas de operar se han materializado en la compra de una casa en Coyoacán y una larga lista de gastos personales que no tienen relación directa con las actividades de investigación científica ni tecnológica? ¿Por qué se destinaba un millón de pesos anuales del erario para pagar la renta de un piso en un edificio para la operación y coordinación del FCCyT, A.C.? Sería saludable para el país que se hicieran públicos los documentos respectivos y las respuestas puntuales a estas preguntas.
En este sui géneris CONACyT-gate, sin embargo, las hipótesis de la venganza y los revanchismos políticos se consolidan (aunque todavía conviene ir a la verificación o a la comprobación de tales hechos), por el hecho de que el gobierno federal y de la Fiscalía General, ha hecho acusaciones legales contra la coordinación del Foro y ex funcionarios, y han trasladado el asunto a tribunales.
Pero, por otra parte, hay necesidad de matizar en torno a este tema de probable “judicialización de la ciencia” en México, porque no todos los acusados son científic@s (o investigador@s del más alto nivel académico). En la lista de los 31 presuntos responsables, señalados por la FGR, hay profesionales no dedicados a la investigación científica, humanística ni tecnológica. (3)
En la coyuntura actual, sería conveniente aclarar cuántos del grupo de las/los 31 implicad@s en el “CONACyT-gate” son investigadores en activo, reconocidos dentro o no del SNI. Esto, para matizar esa idea generalizada, publicada en medios, de que se trata de una persecución contra “científicos” o de ataques en contra de la comunidad científica.
Lo más importante es que las autoridades judiciales realicen investigaciones profundas, serias y se deslinden responsabilidades, conforme a derecho, para evitar que este asunto de “presunto mal uso de los recursos públicos” en agravio de las finanzas públicas, quede reducido a la zona marginal de los “revanchismos políticos”. Eso sería lamentable para la nación.
Si se comprueba que ésta no es una “estafa científica”, como analogía de la “estafa maestra”, habrá que cerrar este caso y voltear a ver qué necesidades tiene la comunidad científica, pero no desde la mirada de las élites.
Fuente:
(1) Ver mi texto: “El CONACyT y el “Establishment” de la Ciencia”. SDPNoticias , 20 de febrero, 2019.
(2) Ver entrevista de Julio Hernández, “Astillero” a José Franco, publicada en medios el 24 de septiembre, 2021.
(3) En la base de datos del SNI (2018) no aparecen, por ejemplo, Adriana Ramona Guerra Gómez, secretaria técnica o administradora, del FCCyT; ni David García Junco Machado, quienes están en la lista de los implicados ¿Serán investigadores no beneficiarios del SNI?
Juan Carlos Miranda Arroyo I Twitter:@jcma23 I Corre: jcmqro3@yahoo.com