Resulta muy interesante el juego que están jugando los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, los cuales están inmersos en maquiavélicas estratégicas para hacer trastabillar uno al otro, en una articulación de palabras en la que cada uno está asumiendo un rol; es decir, por un lado, el ejecutivo juega a entender lo que le conviene, y por el otro, el judicial hace como que acepta, pero sin decir qué parte del trato es a la que le dice sí.
Para nadie es un secreto que el presidente López Obrador ya se gastó todos los recursos a su alcance, no solo los del Fonden (Fondo de Desastres Naturales), sino el de todos los fideicomisos que ha desaparecido, y que no hay dinero que le alcance para seguir financiado las obras faraónicas de su administración como son la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, entre otras, pero que son sin duda estas dos últimas las que se han convertido en auténticos barriles sin fondo, al igual que Petróleos Mexicanos (PEMEX), siendo un lastre para los dineros que administra el gobierno federal.
El asunto es que, ante la urgencia de tener recursos disponibles para hacer frente a la tragedia y devastación que dejó en Guerrero el paso del huracán Otis y para lo cual López Obrador ya comprometió más de 61 mil millones de pesos, el mandatario tabasqueño tuvo la idea de echar mano de los 15 mil millones de pesos que a como dé lugar ha pretendido quitar, -y que de hecho ya se apoderó al menos en el papel- al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Dicho lo anterior, durante el mensaje a medios de comunicación que el mandatario federal ofreció desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional el pasado martes, sugirió que 13 de los 14 fideicomisos que se propuso desaparecer, y los cuales pertenecen al Poder Judicial de la Federación, fuesen usados para la reconstrucción del puerto de Acapulco, el cual como todos sabemos resultó severamente afectado.
“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”, dijo.
El fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) también propuso que los ministros se plantearan la posibilidad de reducir su salario y con ello recaudar más recursos para sacar avante al destino turístico que quedó reducido a ruinas tras el paso del huracán.
Horas después de la propuesta del presidente, la ministra presidenta Norma Piña, lanzó un comunicado de prensa donde hace énfasis en que desde que inició su administración al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha enfocado en velar por los derechos de los integrantes de la misma; sin embargo, también refirió que ha buscado que los recursos de tales fideicomisos sean aprovechados “para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere”.
La ministra dicta en la misiva que ya se tenía conocimiento de la propuesta lanzada por el mandatario federal a través de La Mañanera y destacó que tal postura es una alternativa real que permitirá que se actúe como Estado tras el paso del huracán Otis de categoría 5 que tocó tierra el 25 de octubre en la Costa Grande de Guerrero.
“Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”, dice el documento.
Sin embargo, en su texto, la ministra se refiere a fideicomisos públicos, y no a los del poder judicial, como convenientemente lo interpuesto y hasta celebró el presidente, quien de inmediato instruyó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ponerse en contacto con la ministra.
Y como lo de Alcalde es la obediencia de inmediato giró una carta a Norma Piña para agradecerle el gesto y acordar una cita de trabajo.
La secretaria oficializó el miércoles la apertura de canales con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de redirigir los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del poder judicial a la atención de damnificados por el huracán Otis en Guerrero.
Mediante su cuenta personal de X, antes Twitter, la titular de Segob celebró la disposición de Norma Piña para establecer un mecanismo de diálogo sobre los 13 fideicomisos.
En el escrito, Alcalde Luján afirma que los 13 fideicomisos que tiene el poder judicial “habrán de extinguirse por mandato de ley”, al agregar que los recursos de esos beneficios serán destinados a “la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero”.
La apertura de este canal “representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población”.
“Al tiempo de reconocer su sensibilidad y disposición de trabajar conjuntamente con este propósito, hago de su conocimiento que el Presidente de la República me ha instruido establecer un diálogo con usted, así como con los órganos directivos de las Cámaras de Diputados y de Senadores; con el propósito de instalar una comisión conformada por representantes de los tres Poderes de la Unión que permita administrar a través de un fondo de ayuda los de los fideicomisos que el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación, y determine de forma colegiada el destino de los mismos, dando puntual seguimiento a su aplicación conforme a los principios de transparencia y máxima publicidad”.
Así las cosas, será interesante ver qué sigue en este juego político.
Todo apunta a una jugada maestra de la ministra, siendo que López en su perversa estrategia no esperaba que la respuesta de la ministra fuera afirmativa. Piña le dijo “sí” pero a revisar las reglas de los fideicomisos públicos. Ahora vamos a ver qué sigue, porque la ministra no ha respondido, hasta donde se sabe, a Luisa Maria Alcalde.
*Con información de medios
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