Hace un par de días se suscribió un importante convenio marco de colaboración entre la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX).
Este acto jurídico es producto de la voluntad democrática de ambas instituciones por trascender e ir mucho más allá de los marcos normativos e institucionales en los que confluyen en razón de las materias de su competencia y, en específico, de la rendición de cuentas comprendida en un sentido amplio y democrático. Es decir, como obligación a cargo de todas las instituciones del Estado, de mostrarse responsivas, explicarse y justificarse de cara a la gente y asumiendo la centralidad de las personas como destinatarias de todo ejercicio de gestión y servicio públicos.
Tanto la ASCDMX como el organismo garante capitalinos son instituciones encargadas de custodiar diversas áreas y derechos constitucionales y que, por lo tanto, se ubican en la transversalidad de las lógicas de rendición de cuentas, efectiva fiscalización y transparencia que inspiraron el diseño de los marcos nacionales y locales creados a partir de las reformas constitucionales 2014-2015 en tres materias fundamentales para el desarrollo democrático:
- Combate a la corrupción
- Electoral
- Transparencia
El conjunto de organismos dotados de autonomía constitucional y de instancias de coordinación nacionales creados a partir de las referidas reformas y actuantes dentro de marcos de legislación general y replicados a su vez a nivel local en un federalismo cooperativo susceptible de desarrollarse con base en principios, normas y valores normativos establecidos desde el texto fundamental, son elementos que hoy nos permiten hablar de la existencia en nuestro país, y en nuestra ciudad, de auténticos sistemas de pesos y contrapesos que operan y se aplican con eficacia.
La transparencia y la rendición en su base presuponen la igualdad de las personas ante la ley, una equitativa dotación de derechos y libertades efectivamente garantizadas por las instituciones del Estado y, por ende, la capacidad y posibilidad de todas y todos para formar parte del diálogo público sin ser excluidos por la opacidad, el secreto y por la falta de responsabilidad pública.
Responsabilidad pública que, por un lado, tiene que ver con el control, la fiscalización, el procesamiento jurídico y la eventual sanción de conductas ilegales y/o constitutivas de corrupción, pero que, por otro lado, se debe materializar en la responsividad, apertura proactiva y respuesta a las demandas, inquietudes y deseos de las personas como elementos surgidos de la permanente comunicación que debe existir en un Estado democrático constitucional, entre las personas y sus instituciones.
La colaboración jurídica ya existe entre INFOCDMX y ASCDMX, sin embargo, esta se habrá de potenciar por virtud del convenio marco de colaboración suscrito, para traducirse en el desarrollo e implementación de estrategias conjuntas para la divulgación, promoción, impulso y fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la fiscalización, el combate a la corrupción y de muchos otros temas fundamentales al efecto de promover la participación de las personas en la vida pública, así como su efectivo control y escrutinio sobre lo que les es propio por derecho.
Julio César Bonilla en Twitter: @JulioCBonillaG