No es el famoso niño adoptado-por-ocasión de Mariana Rodríguez. Ni siquiera habrá llegado a cumplir 6 meses de vida. No tiene un nombre mediático porque su identidad es desconocida. Tal vez podría atreverme a llamarle Bebé Sagrado Corazón, porque el 5 de enero es el santo de la Fundación Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Ángeles y ese fue el día en que falleció, pero nadie habla de él con el mismo coraje embravecido con el que se habla del pequeño violentado mediáticamente del DIF Capullos. Fue encontrado el día 11 por un interno.
Bebé Sagrado Corazón tenía unos 3 meses de nacido y llevaba una cirugía de apéndice. Una de las versiones que investigan las autoridades es que la muerte del bebé ocurrió desde el 5 de enero, de acuerdo con documentos que se hallaron en la bolsa. Pero el Bebé no murió dentro del penal. Fue ingresado al penal más conflictivo en Puebla, el de San Miguel, ya sin vida. Su historia es tan escandalosa como indignante que, por mucho, supera la mezquindad de un par de juniors en el poder.
La historia de este bebé en una de las líneas de investigación que guarda la Fiscalía General del Estado (FGE) es mucho peor que lo advertido por Reinserta, la organización que sacó a la luz el tema. Es peor que la corrupción en los reclusorios, peor que la carencia de protocolos y espacios seguros para que menores convivan con sus familiares de manera segura, peor que el descontrol del penal en el que hay hacinamiento, autogobierno, riñas, protestas, asesinatos y hasta cobro de derecho de piso.
Tal vez, a sabiendas de aquella línea de investigación, es que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció indagaciones advirtiendo que “va a aparecer mucha porquería”.
Al momento, no se sabe quién es la madre y el padre del Bebé. No se sabe siquiera si fue registrado y ni si tenía un nombre, o si es que, para el Estado, era inexistente. No se sabe si hay alguna denuncia relacionada en meses previos por el robo de un bebé pero sí hay un dato que, de confirmarse, será el extremo de la inhumanidad: más que una “cirugía de apéndice”, el cuerpecito del niño pudo haber sido utilizado para ingresar algún tipo de sustancias ilegales o estupefacientes al penal de San Miguel. No sabemos si es el primero.
Saskia Niño de Rivera habló con Pamela Cerdeira también sobre esta teoría. Es escalofriante la secrecía del caso que tuvo que ser la primera plana nacional de todos los medios, ya que podría estar vinculada al reiterado ingreso de drogas a ese penal.
En agosto de 2021, fueron decomisadas diversas drogas que iban a ser ingresadas por una señora identificada como Lourdes ‘N’, eran 77.58 gramos de cocaína, 130 gramos de cristal y 40 gramos de heroína y dos teléfonos celulares. Poco antes de esa mujer fue un custodio, quien se encargaba de “cuidar” el orden dentro del penal, el que intentó meter droga a San Miguel. En junio de ese mismo año otra mujer identificada como Jessica “N” intentó ingresar medio kilo de marihuana. Un mes después, al inicio de julio, encontraron drogas escondidas en la celda de un interno.
Jorge Gómez Torres fue nombrado por el gobernador Miguel Barbosa como director del penal de San Miguel en abril de 2021 y todavía no renuncia. Tampoco ha dado detalles sobre las peleas de perros que se realizan al interior de ese penal, ni sobre los homicidios e irregularidades. Mucho menos se ha pronunciado sobre el pequeño bebé que fue tirado a la basura en una bolsa con cal, igual como tiran los cadáveres de los canes.
En el estado en el que la vida no tiene valor, en el país donde los likes los tiene la titular de “Amar a Nuevo León”, en el metaverso de la discusión centrada en alimentar el ego del matrimonio superfluo, no hay cartones sobre el bebé ni hay columnistas indignados. Solamente hay organizaciones que no se dan abasto para administrar la tragedia, versiones ridículas para calmar a la prensa local y un gobernador que no alcanza a reconocer su desgobierno.
Hace años se hizo viral el fragmento de un documental llamado ‘Droga, viaje sin regreso’ de 1989, con un caso real de una mujer colombiana que pretendía trasladar a un bebé cargado de droga en el aeropuerto ‘El Dorado’. El video es simplemente escalofriante y de ninguna manera será reproducido en esta columna. El caso tendría que ser atraído por la Fiscalía General de la República; las sanciones tendrían que alcanzar a los responsables del penal.
Si hay alguien incapaz de controlar la seguridad, si hay un caso de gravedad que supera por mucho la capacidad de investigación, la de garantizar la seguridad y la de brindar una vida digna a las y los infantes, ese es Miguel Barbosa. Permitir esta atrocidad, el silencio ante las versiones oficiales que esperan a que triunfe el olvido para evitar brindar conclusiones o sanciones, es miserable.
Hace unos días, Federico Arreola llamaba a la desaparición de poderes en Nuevo León por el caso de la terrible sobre-exposición también miserable de Mariana Rodríguez y Samuel García en contra de un menor del DIF Capullos que fue utilizado como vil filtro de Instagram. Hoy le digo que el sitio donde urge la intervención por las graves faltas es Puebla. Mucho pero mucho peor que una banalidad sancionable es el uso de bebés, el posible tráfico de bebés para trasladar drogas.
Ojalá que la capacidad de indignación hiciera tan viral las violaciones a la dignidad humana así como alimentan el ego de una influencer cuyos actos son, precisamente, para tener viralidad.