Durante un encuentro en la Convención Binacional entre México y Estados Unidos, organizada por The American Society of México, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, se preguntó ¿De dónde vienen esas armas que matan a tantas personas en EU y acá en México? Antes, se había referido a lo que él mismo llamó “tráfico de armas”.
¿Qué pretende el principal representante del presidente Joe Biden en nuestro país al repartir culpas? Hace unas semanas, el diplomático había dicho que ya “es tiempo (en México) de resultados en materia de seguridad”.
Antes, a finales de agosto, el canciller Marcelo Ebrard había cuestionado la inacción del gobierno estadounidense para reducir el tráfico de armas a México en el marco del llamado “Entendimiento Bicentenario”, donde participan áreas de seguridad de ambos países.
Igual, tuvo un fuerte reclamo de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien durante la Tercera Cumbre de Jefes de Policía de la ONU (UNCOPS), resaltó que la inseguridad en México tiene varios orígenes y mencionó el tráfico de armas, como una de ellas; al tiempo de aclarar que nuestro país no es el fabricante de estos artefactos bélicos.
Bien dice el exlegislador Salazar: “La prosperidad y seguridad de un pueblo son uno, no puede haber prosperidad si no hay seguridad”, y que nuestras autoridades, ya sean federales o estatales tienen responsabilidades que asumir, sí, pero lo que el diplomático busca es deshacerse, al menos mediáticamente, de las culpas que le corresponden al gobierno que representa.
Es claro que la venta de armas no tiene que ver con unas cuantas de ellas que entran a México de manera aislada, efectivamente, producto de la corrupción del personal que debería impedirlo o, porque ingresan por la amplísima frontera porosa que existe entre ambas naciones.
Lamentable la posición de Salazar que pretende exentar a su país y al gobierno de Joe Biden las culpas merecidas que el gobierno mexicano reclama, pues detrás de su posición está un fuerte interés --como el de la Asociación del Rifle-- y, al menos, de once empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego.
En contra, por cierto, de quienes el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó una demanda civil ante una corte federal en Boston, Massachusetts, EU.
Indudable. Ambos gobiernos deben asumir responsabilidades, pero el embajador Salazar no puede, no debe, deshacer la idea de que ellos son los principales responsables de que miles de armas de fuego entren a México de manera ilegal, incluyendo millones de municiones.
Estos artefactos caen en manos de grupos de narcotraficantes, instrumentos bélicos con los que matan a mexicanos inocentes; y, por si fuera poco, permite al crimen organizado empoderarse y “exportar” drogas a la nación estadounidense.
Punto Cero
El director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval acudió a Palacio Nacional y duro fue el reclamo. Sucede que, desde hace meses la falta de armonía al interior del instituto se ha dejado ver. Lo mismo, el reclamo de afanadores por falta de contratos e impago de sus quincenas; denuncias por acoso y violación sexual de funcionarios a estudiantes; violación a derechos humanos de estudiantes, académicos e investigadores al carecer de conexión a internet o telefonía digital.
Denuncias de diversas empresas por contratos amañados y falta de pagos, de manera particular, en la dirección general de Cómputo y de Comunicaciones, donde la jueza novena de distrito en materia administrativa, Dinorah Hernández Jiménez, dejó una sentencia en pausa. El presidente López Obrador fue contundente, ponerse a trabajar y resolver estos problemas de mano de la nueva titular de la SEP, Leticia Ramírez.
Periodista mexicano | Twitter: @JoseVictor_Rdz