En medio del regreso a clases de más de 20 millones niños y jóvenes, continúa la polémica en torno a los libros de texto. Tal como anunciaron algunos estados gobernados por la oposición, reclamarían un amparo ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta suspendiese, al menos antes de la emisión de una decisión final, la circulación de los libros.
Y así fue. El ministro Luis María Aguilar concedió la suspensión de la circulación de los libros en Chihuahua, tras el antecedente previo del estado de Coahuila. Según el argumento esgrimido por el juez, el cual ha sido bien documentado y reproducido por juristas y no juristas, la Secretaría de Educación Pública contravino la Ley General de Eduación.
Los gobernadores de la 4T, como bien se podía vaticinar, reaccionaron. El domingo pasado, en uno de esos desplegados que circulan continuamente en las redes en los que los mandatarios estatales actúan más como procónsules que como funcionarios autónomos, los gobernadores de Morena repudiaron la decisión del juez Aguilar, y llamaron a que los ministros de la Corte sean “electos democráticamente como el Poder Ejecutivo y Legislativo”.
Vamos a ver. En primer lugar, no se espera que los gobernadores de Morena hayan echado un vistazo al Espíritu de las Leyes del barón de Montesquieu, y menos aún que hayan revisado alguna vez El Federalista, para conocer lo que significa en las ciencias políticas la división de poderes y la responsabilidad del Poder Judicial como garante del derecho constitucional.
Seguramente también desconocen que el deber del Poder Judicial es representar un contrapeso ante el Poder Ejecutivo, particularmente cuando éste pretende rebasar los límites de sus competencias constitucionales, a la vez que sirve de garantía para que las leyes se inscriban en el respeto de la Carta Magna.
El Poder Judicial no está, por tanto, sujeto al escrutinio popular, sino que debe elevarse por encima de la política partidista con el objetivo de erigirse en la “última defensa” ante un presidencialismo autoritario o ante una mayoría legislativa que busca cargarse el espíritu de las leyes fundamentales.
No, no lo entiende la 4T, o peor aún, sí que lo entiende pero se ha sumado a una campaña perversa dirigida al desmantelamiento del Poder Judicial como lo conocemos para colocar en su lugar a un tribunal sujeto a los vaivenes de la política y sumiso ante el poder presidencial o las mayorías legislativas.
Una vez más la 4T refrenda su compromiso contra la democracia, contra el espíritu de la Constitución, contra la legalidad y contra el conjunto de normas que rigen la vida en sociedad. El deber de los mexicanos será impedir, mediante el voto, una súper mayoría morenista en el Congreso. Será nuestra responsabilidad en 2024.