La reforma al Poder Judicial es un despropósito en toda forma. En primer lugar, el disparate se desprende del hecho mismo de que Morena y sus aliados contarán con una mayoría calificada que no les fue otorgada en las urnas, y en segundo, representa un desmantelamiento atroz del sistema de impartición de justicia que difícilmente conducirá a un mejoramiento de la vida de los mexicanos.
Si bien la iniciativa conlleva peligros jurídicos, operativos, presupuestarios y en términos de gobernanza, las amenazas de su implementación se extienden a consideraciones económicas.
En días recientes organismos internacionales, bancos extranjeros y calificadoras han sonado las alarmas en relación con los riesgos inherentes a la reforma.
La agencia Fitch aseguró hace unos días que la imagen de México como destino para la inversión extranjera directa se vería gravemente afectada ante la inestabilidad provocada por el cese de los jueces en activo. En sus palabras “generaría preocupaciones sobre su imparcialidad, independencia y calidad técnica”.
Morgan Stanley, por su parte, ha decidido recientemente degradar la calificación de México como destino para las inversiones, derivado en plena medida de la inminente declaración de la mayoría calificada en el Congreso, ergo la eventual reforma judicial.
En adición, otras asociaciones como la American Petroleum Institute y la National Mining Association advirtieron hace unos días que la citada reforma implicaría riesgos de contravención a los tratados comerciales suscritos por el Estado mexicano.
En suma, dejando a un lado las consideraciones jurídicas y políticas relacionadas con el fraude constitucional perpetrado por el oficialismo, las implicaciones en términos de viabilidad económica lucen gravemente alarmantes.
Por un lado, según se prevé, las compañías extranjeras no estarían dispuestas a invertir en un país que atraviesa una reforma de gran calado y sin posibilidad de éxito, y por el otro, los inversionistas mostrarían escepticismo antes posibles violaciones de los tratados internacionales.
Otros analistas han apuntado hacia la posibilidad de una reforma constitucional que desmantele parte de la autonomía del Banco de México, para que el gobierno, a través de la secretaría de Hacienda, gire instrucciones al banco central y que éste ponga sus reservas a disposición de la presidenta.
En suma, la reforma al Poder Judicial representa una amenaza latente, tangible y presente para la viabilidad económica de México. Se trata, en resumen, de una estrategia política del gobierno dirigida a la consolidación de un régimen post democrático, en detrimento de la seguridad y bienestar de todos los mexicanos.