En poco más de seis meses, termina el periodo del presidente López Obrador, estamos ya en etapa de escuchar propuestas y promesas con relación a resolver los principales problemas del país. Llevamos cerca de 50 años con temas de inseguridad, falta de crecimiento económico, ingreso per cápita con relación al PIB, crecimiento sin solución de informalidad y evasión, déficit fiscal cubierto con deuda pública, y empoderamiento cuasi eterno impuesto de liderazgos sindicales y sociales. Para unos el objetivo es mantener el poder y para otros recuperarlo, sin embargo, las soluciones de gran calado siguen en el cajón de pendientes.
La administración pública comprende el conjunto de instituciones y organismos responsables de poner en práctica y ejecutar las políticas públicas, así como de gestionar los recursos y servicios en beneficio de la sociedad. Está fundamentada en principios esenciales que incluyen la legalidad, la transparencia, la eficacia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En particular la rendición de cuentas en México es uno de los secretos mejor guardados en la administración pública.
La estructura jerárquica mexicana es la forma de su organización, se basa en la autoridad y la delegación de responsabilidades, lo que es esencial para el funcionamiento eficiente de las instituciones gubernamentales. En el contexto de México, el gobierno se encuentra estructurado en tres poderes u órganos del gobierno: • poder legislativo que se encarga de la elaboración de leyes (políticas públicas), • poder judicial, quien supervisa la aplicación y cumplimiento de leyes • poder ejecutivo responsable principal tiene la función administrativa, y se lleva a cabo a través de un aparato burocrático conformado por servidores públicos.
El Estado mexicano es centralizado en su estructura y funcionamiento, y a lo largo de su historia, se ha caracterizado por una organización administrativa basada en un sistema federal, lo que significa que el país está dividido en tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Poder Ejecutivo Federal: encabezado por el presidente de la república, es responsable de administrar y ejecutar las políticas y programas federales en todo el país. Además, incluye diversas secretarías y dependencias encargadas de áreas específicas, como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública.
Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos: compuesto por el Congreso de la Unión, que a su vez se divide en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, tiene la función de crear y modificar leyes federales, además de tener la autoridad para asignar recursos humanos, materiales y financieros.
Poder Judicial de la Federación: encargado de interpretar y aplicar las leyes federales, está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales federales. A nivel federal, la administración pública se estructura a través de secretarías y dependencias. Cada una de estas secretarías o dependencias posee atribuciones específicas y asume la responsabilidad de áreas particulares del gobierno, tales como seguridad, finanzas, educación, salud y muchas otras.
El Estado mexicano es una forma de organización política que se caracteriza por ser una combinación de población, territorio y gobierno. Así se organiza a nivel federal, estatal y municipal.
Gobiernos estatales: • cada uno de los 32 estados de México tiene su propio gobernador, quien es el jefe del poder ejecutivo estatal. Los gobernadores son responsables de administrar y ejecutar políticas, y programas a nivel estatal. • Congresos estatales: cada estado cuenta con su propio congreso estatal, que tiene la facultad de legislar y crear leyes estatales. • Poder judicial estatal: a nivel estatal, existe un sistema judicial que opera de manera independiente y se encarga de aplicar y hacer cumplir las leyes estatales.
Gobiernos municipales: • cada municipio es gobernado por un ayuntamiento o cabildo, que incluye un presidente municipal (alcalde) y regidores. El presidente municipal es el jefe del poder ejecutivo municipal y es responsable de la administración y ejecución de políticas y programas a nivel local. • Síndicos y regidores: los síndicos y regidores son miembros del cabildo y tienen la función de legislar a nivel municipal, aprobar presupuestos y tomar decisiones importantes para la comunidad. • Policía municipal: cada municipio cuenta con su propia fuerza de policía municipal encargada de mantener el orden y la seguridad a nivel local.
La SCJN es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. La SCJN está conformada por once ministros, uno de los cuales se designa como su presidente, quien es responsable de la dirección de la SCJN y su representante ante los otros poderes legislativo y ejecutivo. Sin duda la autonomía de los poderes es el elemento clave en una democracia participativa, sin embargo, la opinión publica en nuestro país, por décadas ha generado dudas y en ocasiones confirmadas del alineamiento de las instrucciones del poder ejecutivo. Situación compleja históricamente y que a nuestro país ha costado en credibilidad la autonomía de las instituciones.
De los once ministros actuales, cuatro fueron propuestos por el ex presidente Calderón, dos por el ex presidente Peña Nieto y cinco por el presidente López Obrador. No hay duda que, al ser propuestos por el presidente en turno, la alineación y orientación política será con quien lo propuso, eso sí investida de neutralidad, honestidad y legalidad que será apoyada o criticada por los partidos políticos según su conveniencia.
Ahora bien, si esto sucede en la SCJN, en los tribunales del fuero común esto en cada entidad y la Ciudad de México, sucede lo mismo. El presidente del tribunal de cada entidad es apoyado por el gobernante en turno, por lo que la afinidad y cercanía política es el principal requisito no escrito. Precisamente por ello la autonomía del poder judicial se pone en duda y hay razones cualitativas y cuantitativas para ello.
Tanto a nivel federal como a nivel local, los requisitos que destacan para ser ministros, magistrados o jueces son en general; ser ciudadano mexicano, mínimo 35 años para los ministros y 30 años en los jueces, contar con título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años para los ministros y cinco años para los jueces, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, además de haber residido dos años anteriores a la designación.
En el caso de los ministros de la SCJN no haber sido secretario de Estado, fiscal, senador, diputado, titular del poder ejecutivo (gobernador) durante el año previo a su nombramiento y finalmente se establece que deberán distinguirse por su probidad y capacidad en la impartición de justicia. En los juzgados federales y del fuero común son actores clave los secretarios de acuerdos y los actuarios, y con ellos se aplican criterios similares con la salvedad de experiencia de tres años. Lo anterior de manera general establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los estados.
Lo anterior ha generado que si bien pueden ser académicos y funcionarios públicos con alto grado especialización en diversas leyes y jurisprudencia. También es un hecho que no está en los requisitos la experiencia práctica en el litigio y sus resultados, esto es cuantos años de experiencia judicial puede tener un juez si las sentencias o laudos en México son de cinco años y para ejecutarles se requiere de 7 a 10 años. Que experiencia en materia de litigios en primera instancia, apelación y amparo tienen como litigantes, en mi opinión deben tener mínimo 10 años como litigantes y con resultados probados antes de ser postulados a jueces o magistrados o ministros y en el caso de secretarios y actuarios mínimo de 5 años como litigantes. La experiencia práctica hace al maestro.
Hoy el nepotismo y el influyentismo político y económico siguen siendo la base de elección, por lo que encontraremos que hay familiares en primer y segundo grado trabajando en tribunales, incluso en los mismos juzgados, el requisito de experiencia probada como litigante no es exigida y entonces la improvisación y la imposición son factor. Hoy se le da tema a la equidad de género, pero no a la capacidad y resultados, y solo se toman acciones ante comportamiento obvios y groseros de enriquecimiento inexplicable o de revanchismo interno.
No hay sanción pública por la inejecución de sentencias de jueces ineptos o corruptos, por lo que la percepción de justicia en México es negativa tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A pesar de ser un país con leyes acordes y que han sido actualizadas incluso en el uso de medios electrónicos, por la burocracia procesal y la falta de rendición de cuentas, más allá del discurso, no han sido aplicadas en la realidad. Hago énfasis en materia civil y mercantil, en donde los asuntos comerciales se ventilan y se deberían resolver para dar seguridad a los negocios y en consecuencia a la inversión y el empleo en México.
El sector financiero tiene diferentes etapas en la recuperación de crédito, el de la promoción, que impulsa el negocio y si algo sale mal, culpa a su área de crédito por autorizar sus propuestas, luego se turna a jurídico, donde estos contratan a abogados externos en especial en los asuntos más complejos, luego los asuntos se dilatan por años, primero cambiando administración interna las entidades financieras y dejando el problema pendiente, con la salvedad que lo convierten en castigos y reservas que financieramente se compensan con comisiones y tasas altas a los clientes que si pagan.
En el sector financiero nos ha faltado unidad y hacer labor de diálogo con el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Los asuntos litigiosos no pueden ser tan largos en materia civil y mercantil, eso inhibe la inversión y la dispersión de crédito con oportunidad y sin exceso de garantías reales, los proyectos deben valer por sí mismos y la garantía es cubrir la contingencia, pero cuando se antepone la garantía, el crédito sin duda es mayor riesgo.
Los financieros deben estudiar y actualizarse más sobre temas jurídicos financieros para que comprendan el tema de riesgo de liquidez y capital y sus efectos legales, que puedan valorar lo derechos litigiosos comercialmente, para eso se necesita práctica y salir del tema de la planeación especulativa y los conceptos Fintech que son una evolución si de la tecnología, pero con riesgos de modelos ponzi digitalizados.
No hay duda que tenemos leyes de avanzada, que hemos actualizado el Código de Comercio y los códigos civiles y de procedimientos civiles. Sin embargo, aún hay grandes distancias en la aplicación de herramientas digitales, si bien el Poder Judicial de la Federación ya opera en línea para consultar, promover y notificar digitalmente, a excepción de la CDMX y algunos estados, en otras entidades salvo asuntos en materia de apelación, los procesos siguen siendo presenciales o limitados a asuntos que necesariamente requieren de corresponsalía legal en sus entidades. El Consejo de la Judicatura Federal, los Supremos Tribunales de los Estados, el TSJCDMX, deberían coordinarse para comprometerse a digitalizar los procesos en todo el país, de tal manera que despachos, exhortos y promociones sean vía electrónica, se bajen costos y se reduzcan los tiempos procesales al 50% de los que hoy se ejecutan, eso sin duda bajaría costos de dinero y de apertura al crédito productivo. Es decir, generar confianza.
La ley no puede estar arriba de los intereses de la mayoría, ni al margen de la misma, pues de lo contrario solo genera caos y desorden. Necesitamos robustecer el poder judicial en materia civil y mercantil con gente capaz y de experiencia, no con base a meritocracia de la burocracia orgánica, política o de familias de diferentes generaciones cuyos apellidos se reciclan en el poder judicial. Pueden ser muy buenos, pero afuera también hay litigantes de excelente calidad. Necesitamos ese cambio y salto de calidad en beneficio de la credibilidad y la justicia para las personas y las empresas en México.