La pregunta parece elemental y simple, de modo que la respuesta es obvia respecto de un no enfático; pero una postura más detenida muestra que la contestación pudiera no ser tan sencilla.
Desde el plano formal o estrictamente legal, es evidente que el conjunto de reglas e instituciones para ordenar la lucha por el poder, se encuentran diseñadas para hacer posible que los ciudadanos inscritos en el padrón electoral voten en los comicios y así decidan la conformación de los gobiernos, al margen de coacción alguna, de manera libre, con secrecía del sufragio, y con la posibilidad efectiva de decidir entre alternativas que han gozado de condiciones equitativas para realizar sus campañas, exponer propuestas e intentar convencer. En tales condiciones, es la voluntad de los electores la que define la posibilidad de la alternancia; por su parte, el gobierno no se involucra ni decide sobre las elecciones.
Para arribar a la situación antes descrita, hubo necesidad de pasar por un largo tramo de reformas electorales, que iniciaron con la de 1946 cuando se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, primer antecedente del actual INE, y que en su momento representó el paso de un sistema desconcentrado de la organización comicial - a través de estados y municipios - a otro con un órgano central de carácter federal.
En ese plano la pregunta es ociosa, el gobierno en funciones no tiene opción, debe aceptar sin réplica alguna, en caso de que ocurra, la alternancia y dar cauce a su concreción; pero si la pregunta trasciende de lo formal y se formula en el contexto de la operación del sistema político, entonces la respuesta no es tan simple.
Vale recordar que la lucha por el poder y la posibilidad de la alternancia entre las fuerzas o corrientes políticas, marcaría la inauguración de la Constitución del 17, en cuanto a elecciones presidenciales, cuando en la sucesión de 1920 tuvo lugar el asesinato de Venustiano Carranza, quien se inclinaba por el candidato Ignacio Bonillas, que carecía de fuerza social, especialmente de cara a la alternativa de Álvaro Obregón, quien finalmente llegó al gobierno para el periodo 1920-24, al amparo del Plan de Agua Prieta.
Otro tanto ocurrió con la rebelión delahuertista para la sucesión de 1924, y qué decir de 1928 con el asesinato de Obregón como presidente electo; los sucesos posteriores están llenos de incidentes; es inevitable señalar la etapa del Maximato y después los reiterados conflictos de sucesión en 1940, 46 y 52 para resolver las disputas, respectivamente, entre Almazán y Ávila Camacho, Miguel Alemán y Ezequiel Padilla, así como de Adolfo Ruiz Cortínez y Henríquez Guzmán.
La hegemonía priista se sustentó sobre normas y prácticas que lo beneficiaban y que, en el extremo, aseguraban su permanencia en el gobierno, como cabalmente quedó demostrado en los comicios de 1988. De ahí que la transición mexicana caminara por un sendero de instituciones y reglas que alentaran la competencia política, el fortalecimiento del sistema de partidos en favor de la pluralidad, y que ofrecieran un marco de estabilidad asegurado en la posibilidad de relevo del partido en el poder, lo que ocurrió en el año 2000.
El sistema electoral mexicano y el sistema político adoptaron la posibilidad de la alternancia, de manera que ésta ocurrió en el marco del funcionamiento regular de las instituciones en 2000, 2012 y 2018; se asumió como una verdad de a kilo que el gobierno en funciones debería estar desvinculado del proceso electoral, y de incidir en él; sin embargo, es posible la opción de que él obstaculice la posibilidad de la alternancia, conforme a los márgenes amplios de los que goza el régimen presidencial mexicano. Aquí es en donde la pregunta tiene importancia.
¿Permitirá el gobierno la alternancia o buscará impedirla y descarrilarla deliberadamente? Algunas pistas en cuanto a los forcejeos que la administración ha tenido con el INE y que tiende a diezmar al órgano electoral, así como la resistencia que ha mostrado para inhibir la difusión de sus acciones y programas en la etapa electoral, dan cuenta de que la respuesta a esa pregunta no es clara; por otra parte el desdibujamiento de las fronteras entre el gobierno y su partido mediante la intervención abierta de aquél en los asuntos de éste, y que debilitan la acción para construir acuerdos plurales; la abierta instrucción del gobierno a su partido para participar y organizar el proceso de la revocación de mandato, desnaturalizándolo de su carácter ciudadano, son entre otras, pautas que marcan hacia endurecer la posibilidad de la alternancia.
En contraparte, se exhibe a un gobierno que desborda los márgenes para detonar la permanencia de su partido en el poder, sin referir aún lo que se puede esperar en materia de reforma electoral, que todo indica será de carácter regresiva. ¿La alternancia es vista como un asunto de gobierno por parte de la administración?, todo indica que sí, que ésta busca ser parte y ser una parte decisiva. Se perfila a un gobierno que busca encarecer, debilitar y, en su caso, obstruir la alternancia en el poder frente al 2024.