Uno de los grandes errores que en la actualidad se está cometiendo en contra de la industria aérea es verla con ojos políticos y no técnicos. En no pocas ocasiones he insistido en que, como país nos urge una política transexenal y sin colores partidistas, para no depender de quién detente el poder en un momento determinado.
Tal vez nos cueste trabajo entenderlo así por el pasado de nuestra nación; hemos pasado por muchas turbulencias desde que fuimos reconocidos como un país independiente. Han pasado 202 años desde la consumación del movimiento de Independencia, para después tener una monarquía -también conocida como “Primer Imperio”-, después vivimos “La Reforma”, a lo que le siguió el “Segundo Imperio”, con todo y Mamá Carlota y Don Max, para luego entrar al Porfiriato, hasta llegar a la convulsa Revolución Mexicana.
Obvio, el recuento histórico que antecede estas palabras está muy apretado, pero es una forma de ejemplificar los tiempos trémulos de nuestro devenir histórico, en los que la estabilidad es más un anhelo que la norma.
Justo ahora que el Poder Legislativo discute reformas que impactarán -de manera negativa o positiva- a la industria aeronáutica, bien vale la pena resaltar las declaraciones que en diferentes foros ha hecho el Capitán Humberto Gual, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).
“México esta degradado a categoría 2 por parte de la Administración Federal de Aviación. Nosotros desde hace tiempo denunciamos que era un tema cíclico si no se cambiaban las regulaciones, las cuales deberían estar enfocadas en brindar una fortaleza, tanto económica, como administrativa, y de gestión, a la Agencia Federal de Aviación Civil”.
Humberto Gual
La burocracia es uno de los grandes escollos a los que debe enfrentarse la industria aérea. Tenemos años de ineficacia burocrática en donde el papel de la tecnología parece jugar en contra y no a favor; ya les narré en otra columna el desastre que es la oficina que expide las licencias al personal aeronáutico. Por eso considero importante que nuestros legisladores se percaten de que la aviación no debe tratarse como tema político, sino técnico.
Las causas por las que fuimos degradados a Categoría 2 son resultado de la inoperatividad de nuestra autoridad aeronáutica. Veámoslo desde esta arista: si hubiera ganado un partido diferente al que hoy gobierna, la degradación a Categoría 2 era inminente e inevitable.
Esto es, la degradación no dependió de las siglas del partido político, sino de que la autoridad aeronáutica, dos sexenios atrás, se había comprometido a realizar una serie de arreglos a nivel técnico y no cumplió.
En aras de que la aviación siga siendo el transporte más seguro del mundo, se requiere cumplir una larga serie de condiciones y regulaciones técnicas que permitan brindar total seguridad a los pasajeros y trabajadores.
Y se trata de una cadena verdaderamente larga, que abarca desde quién, cómo, cuándo y dónde se expiden las licencias de todo el personal aeronáutico. Por supuesto, el pasajero común y corriente no percibe la existencia de todo el personal necesario, pero les puedo asegurar que son verdaderos ejércitos que están ahí, permanentemente, manteniendo viva una industria de capital importancia para el país.
Cada diez años la Agencia Federal de Aviación del vecino del norte, viene a realizar una auditoria para saber si nuestra aviación cumple con los lineamientos que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recomienda para tener en el mundo una aviación “más segura”.
Los hallazgos encontrados en la primera ocasión que nos degradaron (2010) fueron relacionados al desaseo que se tenía en la oficina de expedición de licencias. Y es que tras el trágico accidente en el que Juan Camilo Mouriño Toranzo (entonces Secretario de Gobernación) perdió la vida, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se enfrentó al férreo cuestionamiento de la opinión pública de si los pilotos que volaban aquella aeronave contaban con la experiencia necesaria, y si sus licencias habían sido legales o “chuecas”.
En ese entonces el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler declaró a diversos medios que “encontraron evidencia que demostraba irregularidades tanto en la renovación de licencia de los pilotos como en su certificación para volar aviones como el Learjet 45″.
Estamos hablando de problemas técnicos que en aquella ocasión nos hizo merecedores a ser degradados a Categoría 2; entonces se prometió que para poder subsanar ese error, se debía de contratar supervisores, gente con la preparación adecuada para vigilar que no estuvieran volando pilotos -y cualquier otro personal aéreo que requiera de una licencia para trabajar- con papeles “chuecos”.
Supervisión, ese es el trabajo que los verificadores de la autoridad aeronáutica deben desempeñar para poder tener, como país, operaciones seguras. Justamente es lo que no han podido subsanar, es ahí donde la discusión se debería centrar por parte del Poder Legislativo.
Porque como podemos observar no es un tema en el que influya la posición política. En cuanto a la seguridad aérea, si son considerados de derecha o de izquierda, sale sobrando.
Es por ello que debemos centrarnos en lo que nos está impidiendo crecer y fortalecer a la aviación nacional. No hay duda, debemos aprobar la certificación (atendiendo todos y cada uno de los hallazgos surgidos de la auditoría) y regresar a la Categoría 1, y eso debe empezar por terminar con la espantosa burocracia y la corrupción que existen al día de hoy en la oficina que expide las licencias y que certifica al personal aeronáutico.
Con ello, no solo se beneficiarán las pocas aerolíneas nacionales que nos quedan, sino que también es la única manera de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) detone todo su potencial. Atención, no podemos centrar todo el trabajo necesario en un solo aeropuerto, tenemos 78 y debemos incentivar el uso de ellos, y no solo de los 7 aeropuertos más transitados del país.
Mezclar la política con la aviación, tratando de “darle gusto al Presidente en turno”, es lo peor que pueden hacer. Y peor si se hace atentando contra la soberanía aérea; eso resulta -por decirlo suavemente- “un total contrasentido”.
Si seguimos por ese camino, terminaremos muy mal, con una industria hecha jirones y poco más de un millón de personas arrojadas a los brazos del desempleo, todo por no entender la naturaleza de la industria y terminar politizando un tema que es totalmente técnico.
Concluyo. Cuando usted, señor pasajero (incluso Usted señor Presidente), sube a un avión, sepa que el trabajo de todos en la cadena de operación de la aeronave, va encaminada a brindarle la mayor seguridad; desde la persona que está en el mostrador y documenta su vuelo, quien lo aborda en la última sala de espera, el trabajador general que sube la maleta al área de carga, pasando por el que conecta la UPA, el que remolca el avión para ponerlo sobre la calle de rodaje, los señaleros, el oficial de operaciones, los pilotos y los sobrecargos, todos, absolutamente todos, tienen como prioridad la seguridad del vuelo.
En caso de presentarse cualquier emergencia, sin importar en qué fase del vuelo se esté, es obligación de los tripulantes llevar a cabo procedimientos de seguridad para mantenerlos a salvo. Nunca le van a preguntar ¿por qué partido político votó?, ¿cuáles son sus preferencias electorales?, lo que sí van a hacer en todo momento será tratar de salvarles la vida, anteponiendo la suya propia.
No es casualidad que los últimos en evacuar una aeronave son los tripulantes, y solo hay 90 segundos para hacerlo. Por favor, señores legisladores, protejan a los trabajadores aeronáuticos de este país, y no permitan que se acabe la industria aérea nacional.