Las fuerzas se han tensado al máximo, la batalla por el Estado de México se desarrolla hasta hoy sin mayores sobresaltos, pero es previsible un mayor nivel de confrontación en la medida en que se acerca el día de la votación para elegir al nuevo gobernador del Estado. Las dos contendientes se enfrentan en una lucha política polarizada y son: la candidata del gobernador actual Alejandra del Moral, Secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez Álvarez, ex titular de la Secretaría de Educación del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Orador. Es una batalla entre mujeres en lucha y con filiación partidista como lideresas situadas en el sector social, por lo tanto es una contienda entre dos grandes impulsoras sociales con dos macro visiones derivadas de sus militancias políticas en bloques de poder opuestos, representados por coaliciones electorales ya conocidas, una encabezada por el PRI otra por Morena.
La gestión de lo social, muy deteriorada, con grandes vacíos y retos magníficos en nuestro país y el Estado de México, es el macro factor de fuerza en ambas candidatas. Ello hace muy interesante esta contienda porque darán a conocer y confrontarán proyectos socio políticos diferenciados, en un contexto de grave inseguridad y urgencia de crecimiento económico para el empleo formal, contra la corrupción desbordada y por una restructuración del trasporte para la movilidad social y laboral. Tareas inmensas que solo alcanzarán a ser esbozadas en su profunda complejidad durante el tiempo que resta de campaña para el día de la votación. Luego, habrá seis años para trabajar intensamente en su problemática.
En una entidad en donde la desigualdad social es brutal (como en otras), la corrupción estructural se ha desbordado, en donde predomina una elite multimillonaria que trabaja para sí misma y crece en riqueza material frente a una pobreza ancestral, se requieren cambios profundos en todos los órdenes, en una entidad que posee la mayor concentración poblacional con el presupuesto público más elevado desde hace décadas, que no corresponde a su aportación al PIB, siendo en esta medida favorecido políticamente por ser la entidad privilegiada en el largo dominio de los gobiernos del PRI, el Estado con una clientela electoral que ya quisieran otros. Hoy puede perder ante el empuje de una oposición en donde el eje del poder político puede trasladarse desde el Valle de Toluca hacia el oriente de Estado en el Ayuntamiento de Texcoco.
El Estado de México por su situación estructural socio-política demanda el impulso de una Revolución del Bienestar. ¿Cómo entender este concepto aplicado al Estado de México? Veamos.
Así como la experiencia mundial nos ofrece casos de éxito en procesos de emulsión política y social, tecnológica y científica, con la Revolución Verde (orientada a la autosuficiencia alimentaria) o la Revolución Tecno-científica que desembocó en la 3ª Revolución Industrial, la Revolución de la Calidad (impulsada por los círculos de calidad de la escuela industrial japonesa), así los graves estragos causados por “la Revolución Neoliberal” impone como concepción alternativa una “Revolución del Bienestar” para el Estado de México, apoyada en los avances logrados hasta hoy por la 4T-4R que en materia de bienestar rompió con el “enfoque Banco Mundial” y regresó a las “políticas universalistas” que aunque tienen sus inconvenientes, son más justas que las de “focalización” para los grupos ultra-vulnerables.
Las políticas de Bienestar Social que revolucionaron la estructura social europea devastada por la 2ª guerra mundial NO están basadas solamente en el gasto social y la inversión pública. Falso. Sino en programas de fomento y desarrollo económico articuladas con el capital privado (incluido el extranjero, conforme a la experiencia del desarrollo en China), orientadas al empleo, la productividad, competitividad, la elevación de los salarios y la ampliación de la cobertura en seguridad social. Todo ello impacta la estructura fiscal-impositiva que ofrece mayores ingresos públicos como efecto de su operación conjunta. Todas son variables correlacionadas, ninguna funciona en forma aislada.
La concepción actual de la Seguridad ha hecho anacrónica y poco útil el enfoque de una Seguridad Pública ligada a la preservación del Orden Público, a la represión del delito y a la vigencia coactiva del Orden Jurídico para los ciudadanos (no para las élites políticas y económicas). El paradigma actual es la justicia penal con justicia social, con bienestar y lucha a fondo contra los privilegios que otorgan los cacicazgos, el clientelismo electoral, y los pactos de impunidad producto de la corrupción estructural por el ataque sistemático de la clase política a las finanzas y bienes públicos, en el conjunto de las instituciones del Estado, como modelo de funcionamiento habitual, para mantener la enorme pobreza, el bajo nivel de expectativas sociales y la marginalidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hoy está vigente una concepción de seguridad y protección ciudadana cuyo eje es la vigencia irrestricta a los Derechos Humanos: a la justicia, al bienestar, a la educación, a la salud, a los servicios urbanos.
En suma, la Seguridad de hoy está indisolublemente ligada a la Revolución del Bienestar y vigencia de los Derechos Humanos, que incluye la democracia política. Seguridad con Justicia Social. Esa vieja concepción de la Seguridad Publica sólo engendró los más grandes y poderosos grupos delictivos, como el nefasto y criminal BARAPEM (Batallón de Radio Patrullas del Estado de México) para mencionar solo este caso, pero la putrefacción actual de los cuerpos policiacos especialistas en extorsión y asalto que padecen los mexiquenses a diario lo constatan, lo prueban.
Una máxima de los criminólogos profesionales reza: la mejor política criminal es una excelente política social. A esto es necesario dirigir los esfuerzos colectivos.
Pero está también el acoso del Crimen Transnacional Organizado: el Estado de México está en primer lugar en los homicidios de alto impacto como feminicidios, el narcomenudeo creció durante 2022 en 37%, Ese mismo año se denunciaron en total 34,.067 delitos más que en 2021 (2.6% más). Tenancingo es el municipio con mayor incidencia delictiva por narcomenudeo (se levantaron 77 carpetas de investigación en 2022 por ese delito), le siguen, Villa Guerrero, Malinalco, e Ixtapan. En el Valle de Toluca creció la violencia y han proliferado los centros clandestinos de venta de cerveza y alcohol. Todas las principales organizaciones criminales actúan en su territorio, de manera directa o mediante sus organizaciones aliadas, ya que están presentes prácticamente todos desde los distintos limites estatales y dentro del territorio mexiquense, y en segundo lugar, presentes también con alta incidencia delictiva del crimen ordinario o común.
Tenemos así en los ejemplos anteriores, delitos que corresponden al fuero común, al fuero federal, y dentro de estos últimos, algunos que corresponden a delincuencia organizada. La particularidad de ello no radica en la tipología penal sino en que todos ellos pueden ser cometidos por las organizaciones del crimen transnacional o de sus grupos asociados en distintas localidades, Estados o regiones. Entonces si todo lo abordamos como un tema de la seguridad pública, y no diferenciamos los temas de la seguridad interior, las policías preventivas pueden ser coadyuvantes, pero requerimos a la GN y al Ejército y Marina.
En el Estado de México, su muy desigual y contrastada geografía y regiones, obliga al diseño de una concepción y estrategia diferenciada pero unificada en sus lineamientos maestros. Nuestro Estado es un territorio con 125 municipios y 12 regiones, requerimos un diagnóstico particularizado por región y adecuaciones a nuestro programa general para cada región. Tenemos una problemática estatal y 12 problemáticas regionales, con paralelismos y similitudes, pero también con especificidades. No podemos perder de vista esto. Pero es indispensable, no obstante, el saneamiento y reforma a fondo de los cuerpos policiales, el sistema de justicia (en lo posible estatalmente) y la inteligencia del Estado. Sin ello cualquier esfuerzo será nulo. Que nadie se engañe en esto.
Estamos entonces ante la necesidad de una especie de polígono de políticas públicas para apuntalar una Revolución de Bienestar en el Estado de México: la política criminal, la política social, la política de seguridad, la política de inteligencia, y la política de justicia. Y como pivote estratégico del polígono la política de combate frontal a la corrupción Si no tenemos esta visión integrada a lo más que se puede aspirar es a reducir la incidencia delictiva en ciertos rubros, a atenuar los aspectos más negativos de la pobreza y la pobreza extrema, a un cierto crecimiento económico, y lograr algunos casos ejemplares contra la corrupción, pero no más.
El deterioro del bienestar y el crecimiento de la miseria, se correlaciona con el empoderamiento exponencial del crimen transnacional, del vasto enriquecimiento ilícito de la clase política mexiquense, del aumento exponencial de la corrupción y la reducción de la justicia a un rol de comparsa de todo lo anterior.
Lo demostraremos en nuestras próximas entregas.