En verdad, la calidad, nivel o altura de miras de las actividades desplegadas por el bloque nacional conservador opositor al gobierno actual y a la 4-T 4-R es cada vez de una manufactura más barata, más corriente y vulgar. No sólo expresan una enorme falta de imaginación y de esterilidad ideológica, sino de ilustración política y de conocimiento histórico. O contratan gente de un mayor nivel que dirija la “guerra simbólica” contra el régimen actual o cambian la estrategia opositora hacia una lucha de perfil democrático y en torno a la orientación fundamental de las transformaciones que nuestro país necesita.
Es decir, en torno al proyecto nacional de desarrollo, y ofrecen entonces una batalla ideológica en serio y seria a la altura de un país como México, que necesita imperativamente despegar hacia niveles superiores de progreso social, y que tiene todo para lograrlo en un plazo no muy largo. Pero tenemos que sanear a fondo la vida pública y la lucha de ideas.
En orden sucesorio, no han concluido con su pedestre y rudimentario discurso del “asesinato político de alto impacto fraguado por el presidente AMLO” y tratan de sostener una ofensiva ideológica contra el régimen lanzando ahora la especie chabacana del “virus comunista localizado en el contenido de los libros de texto”. Dos especies que expresan el pensamiento cavernario de una derecha mexicana que no encuentra la mejor manera y ruta posible para disputar con posibilidades aceptables el poder del Estado mexicano en el próximo julio de 2024. Sus ofensivas ideológicas se asemejan a una posada en donde se va a romper la piñata y el que trata de romperla lanza desesperadamente “palos de ciego”. Que malos asesores tienen actualmente algunos grandes empresarios mexicanos que recurren a la etapa de la “guerra fría” para buscar fermento ideológico que sirva en el curso de la tercera década del siglo XXI para combatir una expresión nacional del progresismo.
Lo que está detrás de esta andanada vulgar son las dos viejas banderas del conservadurismo mexicano ligado a la alta y tan cuestionada jerarquía religiosa, son: el intervencionismo público del Estado mexicano en este caso en el sector educativo y la emisión de los libros de texto gratuitos y obligatorios que limitan parcialmente en la educación básica el enorme margen de adoctrinamiento ideológico-religioso que han logrado las escuelas privadas de origen confesional (jesuitas, maristas, opus-deístas. etc.), los cuales reivindican la educación laica, y que por ello son contrarios a los textos de doctrina religiosa que en esas escuelas privadas usan.
El primer gran escándalo históricamente, se formó con el enfoque de ofrecer una “educación que enseñara los valores socialistas” en México durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Aún antes, esta derecha cavernaria mexicana tildaba a los integrantes del “Grupo Sonora” (prósperos agricultores con propiedades de tamaño significativo) de “rojos comunistas”, Obregón, Calles, principalmente.
Entonces, la intervención del Estado en la educación pública con contenidos laicos definidos para la enseñanza de nuestra niñez, es un espacio de batalla ideológica y política permanente, pero no por medios democráticos, sino de desinformación y distorsiones groseras sobre el contenido de los libros de texto gratuitos, cuya función esencial es dotar a todos los educandos del material básico para el estudio, sin que su posesión dependa del ingreso económico de sus padres.
El día de ayer sábado comenzó a circular una información en los medios de comunicación que controla el bloque nacional-conservador, de que un venezolano de nombre Sady Arturo Loaiza Escalona, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, y cuyo jefe directo es el director General Marx Arriaga Navarro D.G. de Materiales Educativos, fue exdirectivo medio del gobierno venezolano en tiempos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero los libros de texto fueron elaborados por un equipo multi e interdisciplinario, no por una persona en lo individual, y menos por un cuadro medio, un director de área, así que es fácil determinar que la participación del venezolano -que obviamente hizo muy mal y es condenable y hasta podría perder el cargo de responsabilidad que actualmente tiene- en ocultar esta parte de su currículum en Venezuela, pero aún con ello, no tenía ni tuvo ninguna posibilidad de influir en la elaboración de una sola página de los textos porque no estuvo en manos de esa dirección más que tareas de coordinación y propuestas de trabajo coordinado, no decisiones de contenido específico. Es absurdo pensar lo contrario.
Pero cómo es su estridente costumbre, los miembros del bloque nacional-conservador lo presentan en los medios reaccionarios como un “hallazgo” que prueba sus acusaciones del “virus comunista” en tales textos. Una nueva y burda patraña para alimentar su cavernícola postura nutrida desde la historia del conservadurismo mexicano del siglo XIX.
En realidad la educación privada arranca en tiempos de la colonia y continúa en los siglos subsiguientes, pero en el siglo XIX fue impulsada una reforma formulada en las Cortes de Cádiz (1812) que dejó en manos del Ayuntamiento la supervisión de la educación privada que se impartía en forma cada vez más extendida. La Dra, Valentina Torres Septrión de la Universidad Iberoamericana comenta así el proceso:
“Esta misma distribución de la responsabilidad educativa se continuó en las constituciones estatales del México independiente promulgadas entre 1824 y 1827, lo que supone, por tanto, una larga tradición en vigilancia sobre todos los aspectos de la vida educativa, incluyendo a las escuelas particulares, cuyos dueños y clientela se encargaban de cubrir los gastos. La independencia no interrumpió la continuidad del proceso de reforma educativa que promovieron las Cortes de Cádiz, ni tampoco frene a otros proyectos como la creación de un Plan de Enseñanza Pública general y la formación de un órgano estatal que centralizara y organizara las actividades en este ramo. Esto se explica en tanto que esas tareas estaban encaminadas a dar cohesión y sentido a la nueva nación y con ello a legitimar su permanencia”.
Valentina Torres Septrión
Se pasa entonces de la distribución de responsabilidades, a la supervisión y regulación de las actividades, y de allí a la intervención planificada de la autoridad pública en todos los aspectos que la actividad presenta, considerada como un factor central en la cohesión nacional. El proceso, con interrupciones por las disputas armadas, no ha desaparecido. Desde entonces había claridad en aspectos torales.
La reforma salinista de 1992 al Art. 3º constitucional, prácticamente dio por concluida la disputa por la educación en México al establecer los criterios de sometimiento normativo para tener autorización de impartir educación privada en distintos niveles educativos. Estos, todo mundo lo sabe, no se han cumplido. Hay una enorme cantidad de escuelas privadas, dirigidas y operadas por órdenes religiosas lo cual violenta el espíritu y la letra constitucional. El Estado ha sido rebasado considerablemente en estos territorios.
Las corporaciones privadas empresariales en su insaciable sed para devorar, deglutir y eliminar todo lo que sea o huela a “cosa pública” se muestran en una codicia política sin límites y se valen de todo para lograr sus propósitos.