“Nadie regresa indemne del infierno”

Respeto al ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pero si él ha estado entre los autores del proyecto de reforma judicial presentado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que explicar —con voz muy fuerte— por qué, de pronto, se convirtió en diabólica una institución, la corte suprema de México, a la que él no solo orgullosamente perteneció durante tantos años, sino que inclusive, en lo que ha sido el mayor honor de su vida, presidió, es decir, contribuyó a darle su forma actual más que la mayoría de quienes fueron sus compañeros y compañeras en el también llamado alto tribunal.

¿Zaldívar vivió en el reino del maligno y salió indemne del espantoso infierno? Con aprecio le digo al talentoso exministro que él sabe que eso no es posible.

Ayer hablaba con un jurista decididamente brillante y culto, partidario de la 4T por cierto. No es juez ni magistrado en este momento, pero lo fue durante años. Debería ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ningún presidente mexicano lo ha propuesto para lograr tal privilegio. Ahora tiene otras responsabilidades.

Especulábamos sobre las posibles razones que llevaron a Zaldívar Lelo de Larrea a apoyar una reforma judicial en la que este hombre seguramente no cree. El motivo más obvio es el cambio de oficio del ministro en retiro: dejó de ser juzgador para convertirse en político. Y, ya se sabe —creo haberlo leído en el famoso diálogo entre Borges y Sabato—, las personas dedicadas a la política tienen una enorme ventaja sobre el resto de la gente: no necesitan ser coherentes. Cuando descubrieron que nadie les exigía que sus actuaciones fueran consistentes con su forma de pensar, consolidaron su poder, inclusive —y muy lamentablemente— mediante métodos democráticos.

El hombre con el que hablaba me preguntó si había visto la película de 1949 Todos los hombres del rey basada en la novela de 1946 de Robert Penn Warren. Es la historia de un carismático gobernador populista de Estados Unidos. No conocía ese filme. Mi interlocutor me sugirió buscarlo, pero me alertó: “Tienes que asegurarte de que sea el original, ya que hay una segunda versión, muy mala, de 2006, protagonizada por Sean Penn”. Añadió: “Hay una frase en la película que puede ser útil para explicar mucho de lo que está pasando: Nadie regresa indemne del infierno.

Las columnas más leídas de hoy

Debo decir que busqué tal expresión en Google y la encontré, pero no atribuida a la película, sino a La Nena, de Carmen Mola, según sus editores una novela negra española muy vendida, que desde luego no he podido leer, entre otras razones porque no tenía la menor idea acerca de su existencia.

La reforma del poder judicial para que deje de ser la casa del diablo

  • De aprobarse la iniciativa de AMLO, desaparecería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, tal como la conocemos —y la aprobamos: al menos a mí me parece más positivo que negativo el trabajo de ministros y ministras—.
  • Desparecería, dijo el querido y admirado Andrés Manuel —en mi opinión esta vez equivocado en su diagnóstico— para que el poder judicial dejara de ser un conjunto de instituciones al servicio de poderosos intereses económicos y políticos.
  • Subrayó el presidente López Obrador, creo que exagerando bastante las cosas: “El gobierno de la cuarta transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones”.
  • Si el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas aceptaran el proyecto de AMLO, la nueva corte suprema tendría menos ministros y ministras: nueve, ya no once. Creo que esto es poco relevante, pero a pesar de ello debe apuntarse.
  • Se reducirían los sueldos de ministros y ministras, lo que me parece inadecuado. Nadie altamente calificado en asuntos legales dejará el muy bien pagado sector privado para ganar muchísimo menos en el poder judicial. La vocación no es suficiente. Hay personas, muy pocas —Andrés Manuel, por ejemplo— a quienes no les interesen los bienes materiales. Pero la inmensa mayoría trabaja para elevar su nivel económico. Si todos en la 4T fueran como AMLO, no habría corrupción en el gobierno, pero existe. A diferencia de administraciones anteriores no la promueve el presidente, pero la corrupción de un gran número de personas que trabajan en las distintas dependencias del poder ejecutivo, inclusive en cargos muy relevantes, ahí está. Seguramente no se eliminaría con mejores salarios, pero al menos la burocracia más encumbrada perdería un pretexto para tomar, sin cargos de conciencia, lo que es de todos y todas.
  • Si la reforma se concretara, ministros y ministras perderían el derecho a pensionarse. Sería absolutamente injusto, ya que los derechos otorgados no debe borrarlos nadie. Es un acuerdo universal. Tan lo sabe un jurista preparadísimo como Arturo Zaldívar que, de acuerdo a lo que trascendió hace unos días, la reforma no toca las pensiones de ministros y ministras ya jubilados, como él: solo elimina los haberes de retiro de quienes siguen en sus cargos. Terrible situación: unos sí, pero otros no. Si no es parejo es chipotudo, y esta chipotudez indigna.
  • Andrés Manuel López Obrador pretende que jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean electos mediante voto popular. El modelo es Bolivia, creo. ¿No hay mejores modelos? Ningún jurista en México acepta semejante procedimiento, que convertiría a las personas juzgadoras en grillos y grillas cuya prioridad no sería el derecho, sino la politiquería.
  • No es verdad lo que dijo AMLO: “La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”.
  • Es decir, es verdad que la paz solo puede ser producto de la justicia. Pero la injusticia en México no se origina en el poder judicial, donde sin duda hay abusos, tantos como los hay en los poderes legislativo y ejecutivo.
  • Si no se acepta que los abusos están en todas partes, no solo en el poder judicial, será imposible la revolución de las conciencias del presidente López Obrador. Porque, aceptémoslo con objetividad, el monstruo de la arbitrariedad y la corrupción no ha sido derrotado. La honestidad personal de Andrés Manuel no se ve ni se siente en buena parte de quienes participan en la política mexicana. Había más corrupción con el PRI y el PAN, sin duda, pero la bestia sigue viva y causando daño.

Los impuestos y la corte suprema

Uno de los problemas que más ha denunciado AMLO —con toda razón, por supuesto— tiene que ver con los litigios relacionados con impuestos. En no pocas ocasiones, en los juzgados, indebidamente se protege a quienes han defraudado al fisco.

Recientemente Andrés Manuel López Obrador exhibió algunos trucos del ministro Luis María Aguilar Morales para alargar un juicio sobre impuestos que el SAT sostiene no ha pagado el empresario Ricardo Salinas Pliego. Por fortuna, la situación se corrigió.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo dos ministras parecen apoyar la reforma del poder judicial planteada por AMLO: Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, ambas simpatizantes de la 4T.

Lenia no ha hecho nada incorrecto y estoy convencido de que jamás traicionará los principios fundamentales del obradorismo: no mentir, no robar, no traicionar.

Yasmín no ha robado, pero sí mintió: dijo que no plagió una tesis, pero la verdad es que plagió dos, la de licenciatura y la de doctorado. Y traicionó al no proteger el interés nacional: ella resolvió un caso a favor de devolver muchísimos millones de pesos de impuestos a los herederos de una mujer que fue muy rica, Carmela Azcárraga. Se trata de uno de los pocos casos, tal vez el único, en que la SCJN decide que se regrese dinero a una familia con bien ganada fama de potentada.