La Comisión especial formada a través del consenso de todas las fuerzas políticas que integran la Junta de Coordinación Política del Senado ha dado, hasta este momento, un avance significativo en el caso de injusticia hacia José Manuel del Río Virgen.
De hecho, el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias es la bandera de quiénes encabezan no sólo la defensa jurídica, sino también legislativa a través del órgano colegiado de la comisión que está, eso sí, fundamentada en el Artículo 76 de la Constitución general de la República y en el reglamento del Senado.
Con esa razón, se augura buen manejo de información más detallada.
Así pues, habría que dejar claro que, está figura legislativa, tiene facultades de salvaguardar los derechos humanos, máxime cuando se trata de un agravio cometido a José Manuel del Río Virgen.
Siendo así, los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad tienen un patrón que puede influir poderosamente no sólo con alternativas en materia legislativa, sino como palanca para buscar equilibrio e imparcialidad.
Con esto se fortalece, pero mejor aún, el camino se agranda para buscar justicia para cientos de presos políticos de la entidad de Veracruz en manos del gobernador, Cuitláhuac García.
De hecho, esa misma justicia está en deuda con la ciudadanía al no ofrecer ni garantizar, como marca la constitución, un marco de procuración apegado al derecho y a la presunción de inocencia.
De hecho, fue la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien concluyó que hubo abuso de autoridad en la detención de seis jóvenes que estuvieron presos en Pacho Viejo, Veracruz; por ello, resultó claro resolver la situación jurídica a un juez federal que concedió un amparo para poner en libertad a los adolescentes.
Por esa razón resulta sumamente trascendental encauzar varias vías o mecanismos que coadyuven a la hora de encarar el asunto.
Dada la importancia de un hecho que ha marcado la pauta y ha generado exacerbación de la sociedad, surgió la Comisión especial del caso de Veracruz con la designación y la facultad de la Junta de Coordinación Política del Senado quienes, en función de esa capacidad, comienzan a cultivar los primeros frutos.
En general, concluyó que no existe nada que pueda convertirse en una prueba sólida; tan solo conjeturas y oídas que han sido catalogadas como insuficientes jurídicamente. A raíz de eso, hay una contradicción porque no hay, al menos contundentemente, una evidencia que señale a José Manuel del Río Virgen.
Asimismo, trascendió que el juez que vinculó a proceso al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política no conocía el contenido, al menos, eso arrojó la conclusión de la comisión ya que puntualizó que ni siquiera hubo una lectura de los argumentos.
En otras palabras, sin importar la ruta jurídica adecuada, se aceleró a tomar una decisión sin transparencia para acreditar las teorías que estructuró el juez local de Veracruz que concluyó sin elementos ni fundamentos.
Es, entonces, un claro sesgo político como se demostró con seis jóvenes que enfrentaron la furia y fue, gracias a la voz de protesta, como se puso a salvo la integridad; no obstante, tuvo sus riesgos o, quizá, una respuesta de un impulso político al poner tras las rejas a José Manuel del Río Virgen.
Por esa razón, el hecho provocó una respuesta colectiva de la población. Asimismo, se ratificó el compromiso de los legisladores federales para impedir, a todas luces, lo que se ha podido consumarse como autoritarismo en manos de Cuitláhuac García.
Así, comienzan a tomar nitidez los resultados positivos. La Comisión especial del Senado ha avanzado, fiel a su responsabilidad, en recolectar pruebas sólidas de la inocencia de José Manuel del Río Virgen.
Todos esperamos que esa justicia llegue. La Junta de Coordinación Política del Senado ha estado, desde el primer día, con toda la voluntad y energía dada la ignominia y las causas al asumir una postura radical de parte de la autoridad local de Veracruz.
Por ello, su papel es, hoy y siempre, fundamental para obtener la libertad inminente de José Manuel del Río Virgen, preso político del gobernador, Cuitláhuac García.