La política mexicana gira hoy en torno a modificaciones a la Constitución general. El gran texto de 1917, producto de años de guerras fratricidas, se ha convertido en un documento de papel que no hace más que servir como instrumento de la agenda del régimen.

Se trata de algo que seguramente el régimen no ha comprendido, y que quizás no está interesado en comprender. La Constitución, en tanto que ley fundamental, es el marco general que establece la estructura del Estado mexicano, las formas de gobierno, sus normas de convivencia y sus  principios inalterables.

En este contexto, resultaría inapropiado, y si se quiere, deshonesto,  culpar en solitario a la 4T de las vulneraciones a la carta magna, pues todos los gobiernos han echado mano de sus mayorías para realizar cambios al único instrumento jurídico que pertenece a todos los mexicanos.

Son bien conocidas las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto en el marco del Pacto por México, y años atrás, las múltiples manipulaciones e incumplimiento de los gobiernos priistas de antaño.

Sin embargo, las actuales mayorías legislativas, lideradas por personajes como Adán Augusto López, Ricardo Monreal y el pendenciero senador Noroña, han osado cruzar cualquier límite de lo moralmente permisible en términos del respeto al orden constitucional y de la inalterabilidad de la Carta Magna.

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Estos individuos, con la connivencia de la presidenta Sheinbaum, se han dado a la tarea de destruir a la Constitución en tanto que ley fundamental, para convertirla en víctima de los deseos facciosos y mezquinos de un grupúsculo de políticos que ostentan temporalmente el poder absoluto de la República y que pretenden enseñorearse con el control indiscutido de los destinos del país.

No satisfechos con reformas de menor calado, han osado implementar cambios que conllevan la destrucción de la democracia constitucional y la división de poderes, pavimentando la ruta hacia un régimen autoritario marcado por el militarismo y la imposición de una mayoría legislativa que no recibió más del 54 por ciento de los sufragios en las pasadas elecciones.

La Constitución de 1917 vive hoy su peor crisis histórica. Se ha convertido, a conveniencia del régimen, en un mero instrumento jurídico que puede ser modificado en unas horas; sin debates parlamentarios, sin análisis previos,  sin el menor miramiento hacia la opinión de las minorías y sin la menor consideración hacia el gran porcentaje de mexicanos que se opone a la autoproclamada 4T.