Me entero de la existencia del Museo de las Constituciones. Pertenece a la UNAM y está ubicado en el templo de San Pedro y San Pablo del centro histórico de la Ciudad de México. Algún día lo visitaré. Supe de ese recinto buscando en internet respuesta a una pregunta inquietante: ¿para qué sirve la constitución de un país? En la página de internet del museo aludido está la mejor contestación: “Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país”.
Hice otra pregunta en internet: ¿Todas las naciones democráticas tienen una constitución? Respuesta: una democracia ejemplar como la del Reino Unido no tiene una constitución, o no escrita. Esa sociedad, históricamente paradigma de libertades, se las ha arreglado para fortalecerlas sin una carta magna. Según entiendo, la última palabra la tiene el parlamento, y funciona. Qué bueno que en México las cosas no sean así. Me aterrorizaría que las decisiones finales las tomaran senadores como Ricardo Monreal, quien por cierto está lejos de ser el más abominable sujeto en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas.
El hecho es que tenemos una constitución y la corte suprema está para garantizar que se le respete. Hay dos maneras de hacerlo, distintas y complementarias. Una, leer con lógica jurídica los artículos de la ley fundamental e interpretarlos según el caso que deba ser juzgado en el llamado alto tribunal. Otra, aplicar el sentido común.
AMLO y Musk
Andrés Manuel López Obrador y Elon Musk fueron suficientemente sabios para guiarse por el sentido común y evitaron una seria crisis que habría dañado en exceso a la economía de México.
Básicamente, Andrés Manuel rectificó. El hombre más poderoso de México tuvo el valor de aceptar un error y corregirlo. Su negativa inicial a que Tesla instalara una fábrica en Nuevo León pudo haber terminado en un desastre para nuestro sistema económico. No ocurrió así, afortunadamente.
Más allá de lo que dijo en la mañanera del martes 28 de febrero de 2023, el hecho es que AMLO entendió que se había equivocado al decir que si la empresa insistía en operar en tierras nuevoleonesas se le iban a negar todos los permisos federales.
El presidente López Obrador argumentó la escasez de agua para exigir a Tesla dejar Nuevo León y llevar su planta al estado de Hidalgo o al sureste del país. Pero, ni hablar, en la economía las decisiones de inversión más importantes no las toman los gobernantes, por populares que sean, sino los hombres y las mujeres de negocios basados en sus cálculos, proyectos, necesidades, ganancias esperadas y hasta preferencias personales. Así es el pinche neoliberalismo y no hay modo de derrotarlo.
El equipo de Musk encontró que ubicarse cerca de Monterrey era su mejor opción. Por varios factores, de los que destaco tres: (i) el prestigio empresarial de la Sultana del Norte, (ii) la cercanía con Texas (iii) la existencia de cuadros técnicos de primer nivel, sobre todo los formados en el Tecnológico de Monterrey, la universidad mexicana mejor evaluada en el extranjero.
¿Era un argumento contundente la escasez de agua? No, porque Tesla puede operar con agua tratada, y ninguna entidad trata más agua que Nuevo León.
La verdad de las cosas es que no había ninguna razón para amagar de esa manera a la compañía de Elon Musk, así que el presidente López Obrador lo comprendió, aceptó su falta y se retractó.
Nunca es buena una actitud de todo o nada —del tipo: o llevan su fábrica lejos de Monterrey o no se autoriza la inversión de Tesla en México—, pero desgraciadamente la gente dedicada a la política suele caer en tal exceso. En ocasiones, afortunadamente, aparece la capacidad de enmendar.
El plan b
La prudencia que mostró Andrés Manuel en el caso Tesla deberá exhibirla en el fuerte debate sobre el plan b electoral que lo ha enfrentado con la corte suprema. Claro está, ministros y ministras también tendrán que actuar, como jueces y juezas que son, precisamente con eso que se llama buen juicio y que no es otra cosa que la sensatez.
Lo deseable es que en la cúpula del poder judicial se encuentre un justo medio al votar sobre la constitucionalidad de las reformas a la legislación electoral. ¿Justo medio? Cito una definición que leí en internet: el equilibrio entre dos extremos viciosos.
Posiciones filosóficas de tres ministros y dos ministras de la SCJN
Para poder continuar citaré escritos de dos ministras y tres ministros difundidos en la prensa mexicana:
1.- Piña Hernández
En un artículo publicado en Excélsior en 2021 la hoy presidenta de la corte suprema de México preguntaba quién es un buen juez, una buena jueza: “Estas interrogantes me han perseguido toda mi carrera judicial. Como ministra están más presentes”. Norma Lucía Piña Hernández explicaba que a los juzgadores —y a las juzgadoras— se les evalúa con distintos criterios. En su caso, añadía, la evaluación que hace de sí misma es la más difícil.
Creo que la ministra presidenta al escribir eso pensaba, así haya sido inconscientemente, en algo que dijo el autor de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry: “Es mucho más difícil juzgarse uno mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte correctamente serás un verdadero sabio”.
Antes de tomar una decisión acerca de las reformas a la legislación electoral, ella deberá ser muy estricta consigo misma para no dejarse llevar por la pasión política, seguramente desencadenada en su interior por el hecho de que personas sin educación la ofendieron al no ofrecerle el sitio que merecía como representante del poder judicial en la ceremonia por el aniversario de la Constitución.
Pero, hay que precisarlo, una cosa es que no permita que la esclavice la vehemencia del debate político y otra que Norma Piña, como jueza, deje de ser ciudadana.
En otro artículo, publicado también en el diario propiedad de Olegario Vázquez Aldir, la ministra Piña mencionaba al jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien hablaba del “derecho ciudadano que tenemos los jueces —y las juezas, claro está— de criticar a los poderes del Estado”, incluido al propio poder judicial.
Y es que los jueces —y las juezas—, cita la ministra a Zaffaroni, “no deben renunciar a los derechos inherentes a su condición de personas, con sus propias ideas, concepciones del mundo y valores”.
Eso significa la obligación de las personas juzgadoras de reflexionar sobre “el juez/ciudadano —sobre la jueza/ciudadana— como partícipe de la democracia, no sólo a partir de su función jurisdiccional, sino también como miembro activo del debate nacional”.
Como ciudadanos, como ciudadanas, quienes integran la SCJN deben abstenerse, en principio, de volverse activistas. Es un riesgo real que están obligados a minimizar. Lo más lamentable que podría pasar es que ministros y ministras, en el debate sobre el plan b, defendieran la ideología con la que se identifiquen, y se olvidaran de pensar en el bien común, esto es, en lo que es bueno para todos y todas en una sociedad y no solo para una parte de la misma. Algo, sin duda, muy difícil de alcanzar en una nación absolutamente polarizada como la mexicana.
2.- Alcántara Carrancá
Ayer, último martes de febrero de 2023, El Heraldo de México difundió un escrito del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que, a partir del relato “El laberinto de Babilonia”, de Jorge Luis Borges, argumenta acerca de lo peligroso —”las consecuencias pudieran ser, a veces, terribles”— de que los asuntos del Estado los guíe el azar.
La república, propone González Alcántara Carrancá, no debería ser nunca conducida aleatoriamente e inclusive a capricho, sino que “debiera ser siempre vista como un asunto serio de libertad y responsabilidad”.
Son dos palabras, libertad y responsabilidad, que tendrán que guiar su juicio cuando en la SCJN se analice el plan b defendido por AMLO. Pido a ministros y ministras que, con base en el articulo de Alcántara Carrancá, se hagan dos preguntas:
- ¿En serio es tan dañino el plan b como aseguran sus opositores?
- ¿No es rescatable nada entre las medidas de austeridad que se han establecido para que el INE adelgace su obesa estructura?
3.- Zaldívar Lelo de Larrea
En mayo de 2021, otro ministro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la sección de opinión de Milenio dio a conocer un escrito acerca de lo complicado que es juzgar en tiempos de polarización, como los actuales, y concluyó que “las personas juzgadoras deben seguir desempeñando su labor al margen de la opinión pública, con independencia de que sus decisiones sean aclamadas o rechazadas por unos u otros sectores”.
Todos y todas en la corte deberán ignorar lo que AMLO dice en las mañaneras y, también, lo que pasó el domingo en la manifestación a favor del INE en el Zócalo. Ni AMLO ni quienes participaron en la manifestación son viciosos, pero los puntos de vista que representan —de todo o nada— sí lo son.
El reto es no dejarse presionar. Creo que en reuniones informales el ministro Zaldívar y sus colegas deberán dialogar con toda seriedad acerca de los peligros de la polarización, que podría llevar a la corte suprema a hacer lo incorrecto en un asunto fundamental para México. Sería trágico.
Hace años, una lectora de El País, de España, Sandra León, dijo en una carta a la redacción que “algo va mal cuando los ciudadanos sienten que en las elecciones no se juegan nada. O cuando piensan que se juegan todo”. Fallarán los ministerios y las ministras que piensen que no se juegan nada en la votación sobre el plan b electoral, y fallarán todavía más tristemente los y las juristas de la SCJN que en ese asunto consideren que se juegan todo.
Si son responsables, ministros y ministros encontrarán el justo medio. Esto es, de las reformas a la legislación electoral echarán abajo lo que sí sea evidentemente dañino para México, y dejarán intacto lo que el plan b tenga de benéfico.
En lo personal, yo no calificaría de inconstitucional la austeridad republicana en el INE, sino que buscaría la manera jurídica de que haya recursos suficientes para la autoridad electoral, pero ya sin derroches. Tampoco debería ser contrario a la Constitución que se permita a la gente con cargos en el gobiernos expresarse políticamente, ya que esto se llama libertad de expresión y, supongo, debería ser algo así como sagrada.
4.- Pérez Dayán
En Proceso, en octubre de 2021, el ministro Alberto Pérez Dayán compartió en un artículo de opinión algunas precisiones sobre una “sentencia paradigmática” de la corte relacionada con la interrupción del embarazo. Paradigmática, es decir, modelo de justo medio:
- “¿Existe un derecho humano a la interrupción del embarazo? La corte identificó dos bienes jurídicos en contraste: por una parte, el derecho de las mujeres a decidir y, por otra, la protección del producto de la gestación”.
- “El primero de esos bienes, es decir, el derecho de elección, se basa, a su vez, en otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica y el derecho a la salud y a la libertad reproductiva, cuya relevancia se refleja en la posibilidad de toda persona de construir una identidad y un destino autónomos, y de edificar un proyecto de vida digna”.
- “Por lo que hace al segundo de los bienes jurídicos mencionados, esto es, la protección del producto de la gestación, entiendo que si bien este último no puede considerarse titular pleno de derechos humanos, lo notable es que ello no implica que su preservación y desarrollo carezca de un ámbito de protección basado en un interés fundamental: la vida y su perpetuación. Es el derecho a nacer que tiene todo producto concebido”.
- “Con base en este escenario, la corte, lejos de reconocer un derecho absoluto y libre a la interrupción del embarazo, optó por encontrar un equilibrio entre ambos bienes tutelados, rechazando posturas polarizadas —como lo sería una protección irrestricta de la vida o una libertad sin límites de todo aquello que ocurre en el cuerpo de la persona gestante—, por lo que sostuvo que el derecho de elección sólo puede comprender el procedimiento de interrupción del embarazo dentro de un breve periodo, cercano al inicio del proceso de gestación”.
Pregunta a ministros y ministras: Si en la sentencia sobre la interrupción del embarazo lograron conciliar dos extremos que dividen a México —el derecho de elección de las personas gestantes y la protección del producto de la gestación—, ¿no sería muchísimo más sencillo armonizar la libertad de expresión de quienes ocupen cargos públicos y la austeridad republicana con el piso parejo electoral y una cantidad suficiente, pero no excesiva, de recursos entregados al INE para organizar los comicios de 2024?
5.- Ríos Farjat
En 2022, en un artículo dedicado a su tía Carito, “que ha partido hacia la luz”, la ministra Margarita Ríos Farjat hizo una bella reflexión acerca de las personas que, por vocación, se dedican a juzgar:
- “Elegimos una profesión muy poderosa: ni más ni menos que ponernos al servicio de la justicia”.
- “Dice la cuarta bienaventuranza del Evangelio: ‘Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados’. No concibo a ningún profesional del derecho, con vocación sincera, que lea esta frase y no sienta la necesidad de entregarse a esa causa y ayudar, conforme su leal saber y entender, a quienes padecen esa hambre y esa sed”.
- “No es una vocación fácil ni pacífica, y por eso la novena bienaventuranza enaltece poéticamente sus avatares: ‘Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia’. Es decir, a pesar de calumnias, tiznes y resistencias, no claudicar (como los versos de Rudyard Kipling: ‘Si puedes estar firme cuando en tu derredor/ todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, / si cuando todos dudan, fías de tu valor…/ o, blanco de mentiras, esgrimir la verdad…’)”.
Dio en el clavo la ministra Ríos Farjat: la SCJN debe estar firme cuando en su derredor todo el mundo se ofusque. Si no sucede así, perderá México.
Que se sigan peleando las personas de Morena con quienes defienden al INE, no hay modo de evitarlo. Pero la corte debe tirar a la basura lo que no sirva del plan b electoral y dejar vivo lo que sea correcto en términos de la obligada austeridad y de la libertad de expresión de la gente que trabaja en los distintos gobiernos, a la que absurdamente han pretendido callar algunas leyes —¡¡¡inclusive constitucionales!!!—.
¿Cuál es la constitución que guió a AMLO ya Musk y que debe guiar a la SCJN en su debate con el presidente de México y los grupos de Morena en el poder legislativo? ¿Cuántos artículos tiene? Se llama Constitución del Sentido Común y tiene un solo artículo: “Artículo único. Diga lo que diga cualquier otra ley, exija lo que exija cualquier ideología, quienes toman las decisiones importantes tienen la obligación de ponerse de acuerdo”.
De todo corazón deseo que la corte suprema tome una decisión sobre el plan b que enoje bastante a los dos extremos viciosos que hoy pelean en México. Si así sucediera, significaría que ministros y ministras se habrían ido por el justo medio, esto es, tomando lo mejor de todas las propuestas.