La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por las ministras Margarita Ríos-Farjat y Yazmín Esquivel, ha decidido lo siguiente:
- Admitir a trámite la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados relacionada con el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que había pospuesto los trabajos para la consulta de revocación de mandato del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
- Conceder la suspensión para que el INE no posponga el proceso de revocación de mandato 2021-2022.
- Para la SCJN, presidida por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del presidente, por lo que la suspensión de tal acuerdo protege los derechos ciudadanos y privilegia la democracia.
- Para las ministras Ríos Farjat y Esquivel, en términos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ningún caso los derechos políticos admiten restricción o suspensión mediante un acto administrativo, tal como lo hizo el INE.
- Para la corte suprema, el INE cuenta con 1 mil 503 millones de pesos, cantidad a la que este instituto deberá ajustarse para el desarrollo de todas las etapas del proceso de revocación.
- Lo anterior significa que el INE queda vinculado a partir de la notificación de la suspensión a no ejecutar su acuerdo y a continuar con el proceso de revocación de mandato, lo quieran o no los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Esta es una victoria de la democracia, la Constitución y la legalidad y una derrota de la necedad y la politiquería. Ya no hay excusa, el INE debe cumplir con su obligación y trabajar para que la consulta de revocación siga adelante.