Sorprende que el coordinador de la mayoría del Senado, Ricardo Monreal, pierda piso y se exceda en sus expresiones. A contrapelo del ambiente de polarización, ha sido una de los voces mesuradas y sensatas de hoy día. Por lo mismo, se explican sus duras y excedidas palabras contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de las deliberaciones del pleno de la Corte, especialmente de la ministra Norma Piña con motivo de la declaración de inconstitucionalidad a la extensión del mandato del ministro presidente de la Corte y de algunos miembros del Consejo de la Judicatura.
Monreal la cargó contra el conjunto del Poder Judicial al afirmar:
“Nosotros no admitimos la calificación de la ministra, es una grosera intromisión en el Poder Legislativo. Ellos deben de hacer su trabajo, nosotros el nuestro, y obviamente cuidamos nuestro trabajo. Pero, ellos deberían cuidar mucho la corrupción de jueces, magistrados y ministros; es un reclamo nacional sus altas percepciones y la actitud en la que está asumida la Corte, en una corrupción impresionante”
Asimismo, señaló que desde el propio Poder Judicial se empujó el artículo transitorio de su nueva Ley Orgánica, que permitía a Arturo Zaldívar mantenerse dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Que en el Poder Judicial Federal hay corrupción es cierto, pero generalizar es una ofensa para muchos. La mayoría de los jueces y magistrados cumplen con profesionalismo y honestidad su función. En todo caso, si de corrupción se habla, los otros dos poderes están mucho más comprometidos por la venalidad, e igualmente ocurre con los poderes judiciales y gobiernos locales.
Al igual que los legisladores, los ministros de la Corte pueden y deben deliberar con libertad. Los señalamientos de la ministra Piña no estuvieron avalados por la mayoría del Pleno. De hecho, votaron en sentido negativo a las expresiones que motivaron la sobrerreacción de Monreal. Tampoco es válido reclamar el voto mayoritario bajo la tesis de que algunos miembros de la Corte estuvieron de acuerdo con lo ahora formalmente impugnado. Más relevante es que el Pleno resolvió en términos que convalidan a la Constitución como norma suprema.
Pronto el Senado deberá designar a un nuevo integrante de la Corte. El presidente ha presentado una terna sin reproche, con una acreditada cercanía y experiencia al Poder Judicial: el maestro Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y Verónica de Gyvés. Todos con méritos suficientes. Comentaristas hacen favorita a Loretta Ortiz, pero no debe descartarse la proximidad de Bernardo Bátiz con el presidente ni la irrefutable y leal trayectoria profesional de Verónica de Gyvés, en su momento candidata a titular de la Fiscalía General de la República.
La reforma al Poder Judicial está en curso. Es mandato del Poder Legislativo y en ello debe ocuparse la Presidencia de la Corte, el Pleno y el Consejo de la Judicatura Federal. Aunque el mal nacional es la corrupción, no basta con erradicarla, también se requiere de profesionalismo y eficacia.
El desencuentro entre poderes es propio de la democracia; pero también lo son la responsabilidad política, la colaboración y el respeto entre los mismos. Las excedidas palabras del senador Monreal deben interpretarse más en el ámbito de la política que del diagnóstico objetivo de la realidad del Poder Judicial de la Federación. La ministra Piña y el Pleno de la Corte deben ser respetados, aunque las buenas formas y modos no sean característicos de la actualidad.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto