Tenemos la impresión, por lo que ha ido aconteciendo, que el poder judicial asimiló lo que constituye la reforma en esa materia. Primero, se diluyó la manifestación radical que, sabemos, fue operada y orquestada por la oposición. Primos, familiares y gente cercana al PRIAN fueron quienes irrumpieron de manera violenta en el Senado de la República. Eso significa que no fue la población civil, sino pequeños grupos que se pusieron en marcha desde el conservadurismo. Las imágenes del pleno de la cámara alta, a propósito de ello, hicieron confirmar lo que todos sabíamos: la protesta, desolada y sin fuerza, proviene de la derecha. Dado lo que pasó, fue una intentona hasta cierto punto agresiva, pero sin ningún efecto como para poner en jaque los ajustes. De hecho, no hay fuerza humana para revertir el poder reformador o constituyente.
Sé que ha sido difícil para los ministros de la Suprema Corte de Justicia digerir la decisión que tomó el legislativo; sin embargo, no tienen más remedio que sujetarse a la determinación de la mayoría calificada de ambas cámaras. De hecho, Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, ha dado un paso importante al acudir a las instalaciones del Senado de la República. Aunque sabemos que solo es diálogo, es la manifestación más clara de que se alcanzará una salida democrática para establecer los lineamientos que, a propósito, se detallaron en los cambios constitucionales. Para tal efecto, se llevó a cabo la insaculación para elegir jueces y magistrados. Y sí, es a través de este ejercicio como se sientan las bases de la reforma al poder judicial, no solamente por los factores jurídicos y la publicación en el Diario Oficial de la Federación, sino porque tiene el apoyo incondicional del pueblo de México.
Otro de los factores que nos acercan a tener una mayor percepción de la asimilación de la reforma al poder judicial, es el término del paro de labores de los trabajadores en esa materia. Eso, por una parte, pondrá fin a más de siete semanas de inactividad y, con ello, abre el compás para asumir con responsabilidad los cambios que se avecinan. Es verdad, hay pequeñas voces de resistencia que seguirán insistiendo en amparos o recursos para revertir la reforma. Nada de lo que tengan en mente, por decirlo de alguna forma, será determinante para dar un giro sustancial. La voluntad del poder reformador, a través del voto mayoritario, fundamentó las bases de un ordenamiento sin precedentes. De hecho, nos hemos percatado que muchos jueces y personal ligado al poder judicial, se sujetarán a los elementos de legitimidad de los ajustes.
Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en efecto, no hay fuerza humana que cambie o someta al poder reformador. El propio Ricardo Monreal, doctor en derecho, y uno de los protagonistas claves del legislativo federal, explicó detalladamente lo que significa el constituyente. Lo que sí se puede considerar, dijo él, son salidas a través del diálogo para tener coincidencias. Solo eso. Lo demás, está más que claro, se pondrá en marcha en la medida que los tiempos establezcan las normas jurídicas. De hecho, la convocatoria que lanzó el Senado para insacular el procedimiento de elección de jueces y magistrados, rompe el paradigma tradicional y, con ello, hemos constatado una nueva era en la democracia de nuestro territorio nacional, a pesar de que una minoría trate de desconocerla. En cuanto a ello, la inferioridad de la oposición, y la resistencia diluida, ponen fin a la ola de protestas que se orquestaron desde los grupos conservadores. Ellos, por cierto, tendrán que ir reconociendo que las condiciones, luego del mandato popular, han cambiado una vez que el pueblo, por voluntad propia, le ha otorgado la capacidad a la fracción parlamentaria de Morena para coronar el plan C.
Y ante toda intentona o maniobra de la oposición, el propio Ricardo Monreal, hace unos días, les recordó que Morena tiene mayoría calificada y, por ende, el poder reformador para poner en marcha cualquier mecanismo constitucional, eso sí, avalado y respaldado por el pueblo de México. De hecho, estamos en presencia de una auténtica democracia que, con el paso de los días, se ha ido fortaleciendo. Fue el mismo coordinador y líder de San Lázaro, quien ha comandado los trabajos dirigidos a fortalecer las políticas públicas. Eso, por ejemplo, lo atestiguamos con la aprobación de la reforma energética, creada para recuperar la rectoría del Estado, y por supuesto para operar un mejor control en las energías naturales.
Por eso y por muchas razones, esta primera etapa de reformas constitucionales, además de ser un hito en la democracia de México, constituye la continuidad de un proyecto de nación que inició Andrés Manuel López Obrador hace algunas décadas. Ante todo, se está privilegiando la determinación del pueblo que, en su inmensa mayoría, ha tomado la decisión de democratizar tanto el país como el equilibrio entre poderes. El mayor ejemplo ha tenido cambios profundos en la reforma judicial que, hace un par de semanas, fue oficializada y publicada. Con ello, evidentemente, se termina una era de privilegios de los ministros y, de paso, perfeccionará el sistema de procuración de justicia para toda la sociedad sin distinción alguna.
Eso, en definitiva, se llama democratización de la vida pública de México.