pHay una gran controversia técnica jurídica y lucha política legal y de masas en Perú por la situación actual del Presidente, del proceso de vacancia constitucional mediante el cual fue destituido y apresado (prisión preventiva), y ahora encarcelado, por dos grupos de cuestiones: los cargos penales que se le imputan a partir del discurso leído en cadena nacional y los términos en que según los líderes del Congreso opositor pudo concretarse la vacancia del cargo de presidente de la República. Dos procesos jurídicos estrechamente articulados. La defensa del presidente establece que los prerrequisitos para que la vacancia fuera, no sólo consumada, sino incluso votada legalmente en el Congreso, no se produjeron, por lo tanto es inválido todo el proceso mismo. Si esto es así, entonces el presidente Pedro José Castillo no podía haber sido destituido y sometido a proceso penal porque conservaba el fuero inherente a su cargo, en consecuencia el juicio seguido carece también de validez jurídica y debe ser liberado de inmediato. Por tanto el tema del discurso leído y sus implicaciones, en su caso, debe ser investigado retirando primero el fuero constitucional para enfrentar el proceso de investigación pero en libertad. En términos generales así está la situación jurídica.
En una elemental reflexión política, es increíble pensar en un discurso como el leído si no se tenía el apoyo de sus correligionarios en el Congreso, de todo su gabinete presidencial, de la Policía Nacional y del ejército, y una parte de los medios de comunicación. ¿Cómo plantear una medida de esa complejidad, de esas dimensiones e implicaciones sin un consenso y apoyo activo de todos estos actores? Es absurdo. Ni un aprendiz se atreve. Hay algo muy extraño en esa lectura y contenido del discurso que se esclarecerá.
Este es el punto sustantivo en que entra en juego el rol del Poder Judicial mediante el cual su función fundamental es preservar el control de los procesos constitucionales apegados irrestrictamente a Derecho. Es decir, el caso está en sus manos: para revisar el cumplimiento o no de las formalidades constitucionales en el proceso de vacancia, destitución, apresamiento, actuación de la Fiscalía de la Nación y sentencia (eventualmente) dictada por un juez contra el presidente Pedro Castillo.
Según los abogados de la defensa son varias y distintas las tropelías y estropicios jurídicos constitucionales cometidos en todas las etapas del proceso que hemos reseñado, el cual, si es como señalan los abogados defensores y el propio presidente encarcelado a través de mensajes, otros jueces o magistrados deben intervenir actuando correctivamente y reponiendo todo el proceso apelando al texto constitucional peruano. En caso contrario, se convalidará la tesis de un poder judicial (en los niveles correspondientes) aliado a las fuerzas reaccionarias para actuar en forma criminal bajo la cobertura de sus respectivas investiduras, las de quienes han intervenido hasta hoy en el proceso. Dejamos la duda abierta.
Es evidente que de darse este proceso de revisión que lleve a la libertad a Pedro José Castillo, la Fiscalía de la Nación debe mandar aprehender a todos los que violaron la Constitución flagrantemente, incluyendo los propios funcionarios de la Fiscalía. Este punto pesa muchísimo porque ya se produjo una alianza criminal y los involucrados se defenderán conjuntamente. Será lo último que aceptarían, salvo por la fuerza social que se ponga en ello. O quizá por otra salida “tipo Bolivia”: elecciones anticipadas de Congreso y presidente de la Republica. La convocatoria a un Congreso Constituyente dependerá de la correlación de fuerzas resultante del proceso electoral.
En el caso de México, las alianzas criminales entre las elites políticas y empresariales corruptas, con el silencio de las autoridades judiciales, han defraudado el voto popular como se dio en 1988 con la candidatura triunfante del Frente Nacional que postuló al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. No olvidar que esto fue reconocido por el presidente de entonces, Miguel de la Madrid. Después en 2006 con el fraude electoral en contra de AMLO frente a Felipe Calderón, tácitamente fue reconocido por éste último con aquella frase en televisión y cobertura nacional “haiga sido como haiga sido”. Antes, fracasó el “golpe preventivo” (como en la doctrina militar, el “ataque preventivo”) del desafuero de AMLO para procesarlo, encarcelarlo e inhabilitarlo para el proceso electoral de 2006. Una inmensa suciedad. ¿En dónde estaba el Poder Judicial de México en esos momentos aciagos? Guardó un brutal y degradante silencio que olió a abierta complicidad y expresó una renuncia flagrante a su rol de control constitucional. Fue vergonzoso e inaudito. Allí están los hechos ya muy investigados.
La ofensiva actual contra AMLO es un símil de la guerra híbrida multifacética narrada, comprende distintas líneas de acción que pretenden confluir en una estrategia de desgaste, deslegitimación y disfuncionalidad del gobierno. El bloqueo en el Congreso para no permitir cambios constitucionales que puedan ser irreversibles, un ataque mediático sostenido y sistemático de “escanadalitos” sucesivos por cualquier cosa, tema, declaración, actos de familiares, de colaboradores, de desinformación y distorsión, inversión privada baja desde las elites empresariales, intentos reiterados de llamar la atención del gobierno de EUA para algún tipo de intervención conflictiva en los asuntos internos de México, y sobre dimensionamiento de los objetivos NO conseguidos u obtenidos a medias (seguridad, crecimiento económico, inflación, reforma electoral, roles nuevos del ejército mexicano, etc.).
En toda esta ofensiva sistemática hay muchos cómplices de las elites, es una amplia alianza de la derecha reaccionaria ante un proceso de cambio gradual, constitucional, no rupturista ni radical, aunque si lo suficiente para trastocar intereses corporativos muy poderosos. La imputación vil de atribuir al presidente AMLO el “atentado” (ya en investigación) contra Ciro Gómez Leyva se asemeja a la imputación hecha contra Cristina Fernández en Argentina respecto a la muerte del Fiscal que la investigaba Alberto Nisman. Montajes copiados, burdos y rupestre como maniobras políticas. AMLO se ha defendido con todo accionando cuatro pivotes:
- La contra información socio-política permanente, en redes, conferencia mañanera, visitas programadas al interior de la República con actos masivos o conferencias de prensa estatales y locales, para rectificar la información, denunciar las distorsiones tendenciosas, y generando simultáneamente el combate ideológico, promoviendo los objetivos de la 4T-4R y explicando medios e instrumentos y recursos empleados.
- Rehuyendo la confrontación con las elites empresariales y buscando acuerdos factibles, no un programa económico conjunto, sólo en aspectos concretos que eviten el deterioro de la situación económica, multiplicando el ahorro público, sosteniendo y ampliando en lo posible los programas sociales y manteniendo la estabilidad del modelo macroeconómico, especialmente el tipo de cambio, a pesar de la inflación, las tendencias recesivas en la economía de EUA y la global. Igualmente en su relación con EUA sin renunciar al progresismo en materia de política internacional.
- Manteniendo el control de los disensos internos en el Congreso de la Unión, incluyendo los partidos aliados, sin establecer medidas de confrontación, empleando su capital moral y político, evitando que se desborde algún enfrentamiento en las filas de la 4T. De igual manera, regulando el proceso de selección del candidato de MORENA.
- Manteniendo su alianza estrecha con la actual dirigencia policial-militar del país, y con un sector del Poder Judicial, ampliando su presencia y participación en diversas tareas institucionales, e impulsando la revisión de la actuación anterior de ambas instituciones, no indiscriminadamente, tampoco en forma radical, sino selectivamente: Ayotzinapa, acciones militares respecto al combate al crimen transnacional, y presionando sin extremismos a la FGR y al Poder Judicial respecto al combate a la corrupción de Estado, apoyado en las demandas sociales.
Es la lección de la 4T-4R, de su liderazgo, de su programa político, para evitar la réplica de otras experiencias regionales, en donde todo lo anterior tiene un resultado concreto: sostiene y amplía a la vez su base de apoyo social, como se apreció en la marcha del 27 de noviembre. Una fórmula que podríamos llamar de 4+1, exportable, posiblemente.
Estamos a unos días del juicio a García Luna en la Corte de Distrito de Nueva York. Va a fluir información insospechada. FECAL ya está en España con Peña Nieto. Empieza el año con un terremoto político.
Feliz Año, felicidad, salud y prosperidad a todos.