La publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que extingue a siete organismos autónomos marca un punto de inflexión en la historia política y democrática de México. Esta medida, promovida bajo el argumento de la “simplificación administrativa” y la reducción del gasto público, ha encendido un debate nacional sobre sus implicaciones para la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de derechos fundamentales.
Los organismos afectados incluyen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Cada uno de ellos desempeñaba funciones esenciales en sus respectivas áreas, y su autonomía era una garantía de imparcialidad y profesionalismo.
En el caso del INAI, su desaparición representa un golpe directo al derecho ciudadano de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Durante más de dos décadas, este organismo fue un baluarte en la lucha contra la corrupción, facilitando investigaciones sobre malversaciones y violaciones a derechos humanos. Ahora, la incertidumbre reina sobre cómo se salvaguardarán estos derechos y qué garantías habrá de que las nuevas estructuras no sucumban a intereses políticos.
Por su parte, la Cofece y el IFT, responsables de promover la competencia económica y regular sectores estratégicos como las telecomunicaciones, también enfrentan un futuro incierto. La integración de sus funciones a secretarías de Estado pone en riesgo su independencia, ya que el gobierno podría convertirse en juez y parte en decisiones que afectan tanto a consumidores como a empresas. Esta falta de autonomía podría disuadir inversiones y afectar la competitividad económica del país.
Además, la desaparición de estos organismos autónomos tiene implicaciones más allá de nuestras fronteras. Acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exigen la existencia de organismos reguladores independientes, particularmente en sectores como telecomunicaciones y energía. La eliminación del IFT y otros entes podría interpretarse como un incumplimiento de estos compromisos, lo que traería consecuencias económicas y diplomáticas.
El argumento de la “simplificación administrativa” también merece un análisis crítico. Si bien es cierto que la eficiencia gubernamental es un objetivo deseable, esta no puede lograrse sacrificando los contrapesos que son esenciales para una democracia funcional. Los organismos autónomos no son caprichos burocráticos; son salvaguardas diseñadas para garantizar que decisiones fundamentales se tomen con criterios técnicos y no políticos. Su eliminación podría abrir la puerta a prácticas opacas y discrecionales, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.
En este contexto, el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación es más crucial que nunca. Es fundamental que se mantenga una vigilancia constante sobre el proceso de transición hacia las nuevas estructuras, exigiendo transparencia y participación ciudadana en el diseño de los nuevos modelos. El propio INAI, en un último gesto de responsabilidad institucional, ha expresado su disposición de colaborar en la construcción de un esquema que garantice la protección de los derechos que hasta ahora defendía.
La desaparición de los organismos autónomos representa un retroceso significativo para la democracia mexicana. Aunque el gobierno asegure que sus funciones serán absorbidas por nuevas entidades, la concentración de poder en el Ejecutivo sin contrapesos claros plantea riesgos evidentes. La historia reciente de América Latina ofrece lecciones contundentes sobre cómo la centralización excesiva puede debilitar instituciones democráticas y comprometer derechos fundamentales.
En conclusión, esta reforma exige una reflexión profunda sobre el tipo de democracia que queremos construir. Los ciudadanos tienen el deber de exigir no solo que las nuevas estructuras cumplan con las funciones de los organismos desaparecidos, sino que lo hagan con la independencia, eficacia y transparencia necesarias para fortalecer la confianza en las instituciones. Solo así podrá evitarse que esta medida sea recordada como un retroceso histórico, en lugar de una oportunidad para avanzar hacia un modelo de gobernanza más eficiente y equitativo.