¿Nuestra deuda pública es riesgosa? No existe deuda que no conlleve un riesgo. Para medir ese riesgo, se tienen que relacionar un conjunto de elementos que pueden llevar a situaciones gravosas.
Importa el tamaño de la deuda pública, pero carecería de sentido si no se considera el contexto. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a febrero de 2023 a 14 billones 28 mil millones de pesos, cantidad que resulta, por sí misma, extraordinaria. Sin embargo, este monto se tiene que comparar con la generación de riqueza del país, es decir, con el Producto Interno Bruto (PIB).
Como se analizó en la primera parte de esta columna, un buen número de las potencias económicas tienen deudas públicas que sobrepasan el 100% de su PIB. Los riesgos son distintos debido, en gran parte, al entorno inflacionario actual; siendo menores en aquellas potencias donde persiste una mayor estabilidad macroeconómica y soberanía en el manejo de su política monetaria, lo que se refleja en una más amplia autonomía en el manejo de las tasas de interés; así como en la existencia de monedas fuertes y en la confianza de los instrumentos de deuda de los gobiernos en los mercados financieros.
De acuerdo con el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países de la región de Latinoamérica y del Caribe no pueden tener deudas que sobrepasen ciertos límites de su PIB porque éstas pueden generar problemas de impago en el corto plazo, además de provocar la restricción práctica para efectuar gastos sociales prioritarios y de ampliar, en su caso, la inversión pública.
La recomendación del BID es que los países del área no deben tener una deuda pública por arriba de 55% del PIB; por lo que México, con una ratio de 49% no tendría una deuda riesgosa. En los Pre-criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2024, se refrenda el compromiso de mantener el coeficiente deuda pública a PIB por debajo de 50% hasta finalizar la administración del presidente López Obrador; lo cual constituye una noticia prudencial relevante, acorde con la necesidad de mantener un nivel de deuda manejable.
¿Esto es suficiente para decir que nuestra deuda no es riesgosa? Cuando menos se debe asociar este índice con el costo financiero de la deuda y su proporción con el PIB. De acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) existen cinco elementos que influyen en el incremento del coeficiente costo financiero de la deuda pública con respecto al PIB:
1. El nivel de las tasas de interés.
2. El tipo de cambio.
3. El acervo de la deuda ya existente.
4. El crecimiento esperado de la economía.
5. El nuevo endeudamiento a contratar.
Es indudable que el incremento de las tasas de interés hace daño en términos financieros a quienes tienen deudas. La SHCP hace ver que el costo financiero de la deuda pública ascendió a 150 mil 095 millones de pesos al primer bimestre de 2023; esto es, 8 mil 550 millones más de lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023. El incremento anual del costo financiero a febrero de 2023 de 47.4%, fue el mayor observado desde 1991 de acuerdo con los registros de la misma Secretaría.
El efecto de las tasas de interés en el abultamiento del costo financiero es evidente, sobre todo, si se considera que Banco de México (Banxico) proyectó una tasa de 8.5% para finales de 2023 y ahora se sitúa en 11.25%. (Nota financiera tomada de Alberto Guerrero Mercado).
Para una mayor precisión sobre el efecto de las tasas de interés en el costo financiero, debe decirse que la tasa de interés de referencia determinada por Banxico subió de 4%, en junio de 2021, a 11.25%, en marzo de 2023, lo que significa un alza de 725 puntos base.
Se prevé que Banxico va ir dosificando la variación de los puntos base de la tasa de interés en la medida que disminuya la tasa inflacionaria, con incrementos menores a los 50 puntos, esto es, con aumentos probables de 25 puntos. Se mitigan los impactos por una menor variación, pero no dejan de ser dolorosos, más si se toma en cuenta que Banxico, al parecer, mantendrá una política restrictiva durante dos largos años. El verdadero alivio para los gobiernos (y para todos los deudores) se va a dar cuando deje de subir la tasa de interés y más, cuando ésta empiece a disminuir.
Si la capacidad de generar ingresos es la misma a la que se tenía antes de contratar las deudas (o incluso es menor), o, bien, si no se utilizaron los nuevos recursos para despresurizar los compromisos financieros a corto plazo, el costo financiero se convierte en un verdadero lastre. El contexto actual de alza en las tasas de interés aumenta la carga financiera, aun cuando haya un manejo prudente de la deuda pública. En México, los 15 incrementos sucesivos de la tasas de interés, desde junio de 2021, han suscitado que la proporción entre costo financiero a PIB crezca en el mismo sentido, hasta situarse actualmente en más de 3%.
¿Por qué se incrementan las tasas de interés, si esto hace daño a los gobiernos y a todos los que tienen deudas? Y cuando digo todos, incluyo también a los inversionistas y a los consumidores. Los bancos centrales, en nuestro caso Banxico, tienen como principal propósito combatir la inflación. La estrategia restrictiva, es decir, el incremento de las tasas de interés resulta en términos de la ortodoxia monetaria la mejor forma para retirar los excesos de liquidez ante cantidades limitadas de bienes y servicios; ello a pesar de que se desaliente la inversión y el consumo. También debe decirse que el incremento en las tasas de interés hace más atractivos a nuestros instrumentos financieros y aminora la emigración de capitales especulativos; dándole una mayor estabilidad al tipo de cambio, sin que esto signifique que no se den variaciones en el mercado cambiario. Si aun con el incremento de las tasas de interés la inflación continúa, como ha acontecido en diferentes ocasiones a partir de los años setentas del siglo pasado, se precipita el peor de los escenarios económicos: la estanflación, es decir, estancamiento con inflación; lo que lleva a la situación más severa de descapitalización de cualquier país.
Jonathan Heath, Subgobernador de Banxico, en una interesante nota hace el señalamiento que, ante un escenario inflacionario, no queda más remedio que subir la tasa de interés; lo contrario -dice- hace incontrolable el ascenso continuo en precios; tal como sucedió en el caso de Turquía.
¿Qué tan efectivo resulta el incremento de la tasa de interés para combatir la inflación? La pregunta resulta del todo pertinente, ninguna política monetaria restrictiva resultaría eficiente si se tiene un desorden en las finanzas públicas. Los alcances no sólo resultarían limitados, sino que la inflación sería irrefrenable, con la secuela consiguiente: a mayor inflación mayores tasas de interés. Este escenario persistente llevaría al sobreendeudamiento y a la insolvencia financiera y productiva de los gobiernos, de las empresas y de las familias.
No existe, en consecuencia, política monetaria que valga en términos inflacionarios, sin que exista una posición fiscal equilibrada. Sólo hay que leer diversos estudios y notas de economistas y analistas durante los periodos apremiantes de inflación en el último tercio del siglo anterior, que hablaban de una política monetaria adecuada, pero que resultaba limitada por tener un gobierno que gastaba más allá de sus ingresos. Por eso, en la segunda mitad de los noventas del siglo pasado, fue necesario establecer una estrategia fiscal congruente, en la que se consideraba necesario el mantener un equilibrio en el balance primario, es decir, el mantener gastos similares (se excluye el pago de intereses) a los ingresos propios del gobierno; así como el evitar el financiamiento directo del Banxico al Gobierno Federal. Esto ha sido y seguirá siendo trascendente en términos antiinflacionarios.
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI), recientemente, ha instado a los países emergentes y pobres a endurecer su política fiscal para contener el aumento de precios más acelerado de las últimas tres décadas y para aliviar la presión que tienen los bancos centrales para subir las tasas de interés. (Nota financiera tomada de Alberto Guerrero Mercado) . Esto significa que países con enormes necesidades sociales deben racionalizar sus gastos o ampliar sus ingresos, elevando impuestos; incluso aplicando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y a medicinas y a otros productos de primera necesidad. Colombia intentó instrumentar una “reforma fiscal” con estas características después de la crisis pandémica, entre abril y mayo de 2021, retractándose el gobierno por la protesta social que amenazaba con la estabilidad política.
La presión por elevar impuestos y reducir gastos prioritarios existe en la mayoría de los países de desarrollo intermedio o bajo. Esto en medio de un escenario gravoso de deudas caras, más si se toma en cuenta que los altos riesgos evaluados por las instituciones calificadoras coadyuva a restringir créditos y a contratarlos con altas tasas de interés.
México, sin dejar de reconocer que sufre el incremento del costo financiero de su deuda, no enfrenta - al menos en el mismo grado - los problemas que deben sortear otros países, que incluso ponen en riesgo su viabilidad económica. El tema es amplio, volveremos a él.