Al revisar tanto los programas de los partidos políticos (en documentos) como los pronunciamientos (verbales o discursivos) de las dos candidaturas que van adelante en las encuestas, es decir, la de Claudia Sheinbaum Pardo (Morena, PT y Verde) y, por otro lado, la de Xóchitl Gálvez Ruiz (PRI, PAN y PRD), a primera vista, pareciera que las propuestas o las ofertas de campaña en materia educativa no tienen grandes diferencias. Sin embargo, observo que, en el fondo, la diferencia sustancial es la siguiente: la lucha por la educación pública.
Por lo tanto, y más allá de los matices que algunos voceros de las candidatas pueden hacer (ver la conversación en TV, por ejemplo, entre Rosaura Ruiz a favor de Claudia y Juan Carlos Romero Hicks que defiende las propuestas de Xóchitl, 16 de abril de 2024), uno de los puntos más destacados a considerar, para contrastar o para distinguir las ofertas de ambos perfiles político electorales es la lucha por la educación y la escuela pública.
Mientras que Claudia Sheinbaum se ha pronunciado a favor de luchar por o defender a la educación pública, línea de actuación política con la cual ha sido congruente desde sus tiempos de estudiante de la UNAM (1986), Xóchitl Gálvez, abanderada del PRIANRD, ha propuesto iniciar un programa de “becas universales desde preescolar hasta preparatoria para estudiantes de escuelas públicas y privadas”. Ésta última es, sin lugar a dudas, una medida de política privatizadora de la educación.
La evidencia documentada indica que no es viable trazar una política educativa orientada hacia la reproducción de los váuchers educativos (entregar dinero a niñas, niños o jóvenes de escasos recursos para que estudien en escuelas privadas), sin embargo, la candidata Xóchitl Gálvez se aferra en proponer ese tipo de medidas de corte neoliberal.
En las propuestas para defender a la educación pública se juega claramente la visión que tiene cada candidatura con respecto al papel del Estado en los asuntos de la educación. Para Morena y aliados queda claro que la lucha a favor de la educación y la escuela pública significa cerrar el paso a las acciones privatizadoras, abiertas o encubiertas. Desde la oposición política (PRI, PAN y PRD) se reivindica la visión de un Estado que debe subsidiar a la escuela privada.
Una política pública centrada en la defensa de la educación pública significa, también, dar la lucha por preservar la tradición de la escuela pública mexicana, el sistema de formación inicial de profesores (Escuelas Normales, UPN y CAM) y la edición de libros de texto gratuitos. No obstante, en estos últimos puntos también existen algunas diferencias en la parte de los procedimientos (“el cómo”) a seguir como parte de las políticas públicas del gobierno federal (SEP).
Adicionalmente, la defensa de la educación y la escuela pública comprende acciones de gobierno para no ceder a las presiones del capital y de los grupos empresariales (escuela privada), en el sentido de no negar el derecho a la educación para millones de jóvenes y evitar el esquema de exclusión social que se ha establecido en la educación media superior y superior durante las últimas décadas en México.
Adicionalmente, hay que mencionar que una política implícitamente privatizadora, como ha sucedido en los años de aplicación de las políticas neoliberales, ha generado el abandono a la educación media superior y superior pública, para que las y los jóvenes se vean obligados a estudiar en las escuelas privadas, cuya “calidad” educativa, a nivel de los procesos de enseñanza y aprendizaje, no siempre ha sido para presumir, más bien y por el contrario, en muchos casos sus resultados han sido decepcionantes.
Como empresaria, Xóchitl Gálvez piensa como tal, puesto que coincide con una visión o con un esquema subsidiario del Estado a favor del capital. La abanderada del PRIANRD no proviene de una tradición ni de un movimiento social que defienda a la educación pública, sino todo lo contrario.
Claudia, por su parte, propone fortalecer a la educación pública como un derecho de la ciudadanía y no como un privilegio. Y se ha enfocado en lanzar propuestas para defender a la educación media superior y superior pública, a través de la construcción de más espacios educativos (cobertura), la formación y contratación de profesoras y profesores especializados en esos niveles educativos, y crear programas educativos con criterios de rigor académico en los ámbitos pedagógico, científico, humanístico y tecnológico.
Ante la escasez de proyectos alternativos y la inexistencia de propuestas consistentes y dirigidas a solucionar los grandes problemas nacionales y locales para el sector educativo, desde inicial hasta el posgrado (en “los ques” y en “los cómos”), se requieren propuestas que contengan argumentos sustentados, que estén basados en los hallazgos de la investigación y que recuperen las experiencias internacionales, nacionales y locales.
En el contexto de la necesaria conversación pública sobre la educación, en 2020 escribí las siguientes ideas para contribuir a la integración de una agenda educativa alternativa. Éstas son las ideas centrales propuestas hace cuatro años:
La transformación de la escuela pública necesita definir qué se entiende por “Nueva Escuela Mexicana” (NEM); así mismo, se requiere discutir sobre la reconversión de la figura del docente y de los directivos escolares, a partir de las definiciones que se construyan acerca de la NEM, lo cual también plantea el problema de analizar el papel que juega la escuela en la sociedad de nuestro tiempo (usos e intensidad de las tecnologías de la información, por ejemplo).
Hace falta analizar el papel que jugarán precisamente las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y del conocimiento en la educación, dentro del marco de las reformas educativas y curriculares ensayadas durante la última década (qué puede ser rescatable y qué no).
Es necesario discutir públicamente sobre la crisis de la rectoría del Estado en la educación, en razón de la intervención de las organizaciones sindicales en los proyectos y programas educativos nacionales locales y en la operación de las políticas públicas educativas.
Los problemas de la formación inicial y continua de docentes, asesores técnicos y directivos escolares también deberían integrarse a la agenda. El país no cuenta con instituciones especializadas ni con presupuestos ni programas educativos encargados de la formación “profesionalizante” de los directivos escolares.
Se necesita también analizar públicamente los contenidos y métodos en los planes y programas de la educación obligatoria (básica y media superior); junto con el eje de la evaluación educativa, específicamente la evaluación de las figuras educativas con un enfoque formativo. La actualización en estos rubros es una tarea permanente.
Convendría, así mismo, no dejar en el olvido los problemas inherentes a la falta de equidad y, junto con ello, el problema del rezago educativo y escolar (focalizado en la población mayor de 15 años), y los vínculos que ese fenómeno tiene con la desigualdad social.
En fin, hace falta evaluar las propuestas que surjan desde la ciudadanía para ampliar los canales de participación social (de los diferentes actores) en la toma de decisiones sobre las políticas públicas educativas, así como impulsar, desde diferentes instituciones, su estudio sistemático. Todo ello en el marco de la defensa de la educación y la escuela pública.
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