El lunes 28 de febrero terminaron los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, con la presencia de gobernadores y alcaldes. En total, se llevaron a cabo 26 foros, ocho de ellos de mesa en comisiones; ocho debates del Canal del Congreso y 10 diálogos de la Junta de Coordinación Política. Se transmitieron 77 horas en vivo en el Canal del Congreso y se retransmitieron 103 horas más.
¿Y para qué sirvió todo esto? Para muy poco. Ayer, en la conferencia de prensa matutina desde Cuernavaca, Morelos, el presidente AMLO volvió a hablar de Salinas de Gortari, de Zedillo, de las hidroeléctricas, de las privatizaciones, de España, de Iberdrola, de los corruptos que se vayan a robar más lejos, del expresidente Calderón, del internet, de los Oxxos, del autoabasto, de los contratos leoninos, de que se beneficiaban unos cuantos, de que se perjudicaba a la mayoría de la gente.
Pero lo relevante es que AMLO habló de la reforma constitucional en materia eléctrica y delineó claramente su estrategia política:
- “Creo yo que es necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque anteriormente durante el periodo neoliberal se buscó debilitar, destruir, aunque suene fuerte, a la Comisión Federal de Electricidad, todo esto para privatizar la industria eléctrica y darle el negocio de la venta de la energía eléctrica a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, fundamentalmente a las empresas extranjeras”.
- “Entonces, esta reforma es para eliminar todos estos privilegios y en estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados, no va a haber ni para dónde hacerse. Y ojalá y se difunda bien sobre las posturas, quiénes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad y quiénes están a favor de las empresas extranjeras, y al final si se está o no a favor del pueblo, porque si no se aprueba la reforma van a ser las empresas las que van a fijar los precios y nos va a pasar lo que está sucediendo en España”.
- “Que nadie se extrañe, esta postura nuestra la hemos sostenido por años, siempre hemos estado en contra de las privatizaciones y no engañamos. En la campaña planteamos que íbamos a atender este asunto y la gente votó por eso, para que se terminaran los abusos y el saqueo, y que se defendieran los intereses de los ciudadanos”.
- “Nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental”.
- “Como es una reforma constitucional se necesitan dos terceras partes de los votos, no es mayoría simple. Entonces, por eso es interesante, porque tiene que lograrse la votación de la mayoría de los legisladores y ojalá que piensen en el pueblo, que piensen en la nación, no sólo en los intereses partidistas”.
- “Que entiendan que ya no son los tiempos de antes; que hubo cambios. No quiso el pueblo que ganaran los otros partidos con los que competimos en el 18, que eran los que ellos apoyaban, democráticamente el pueblo dijo: ‘Queremos esto’, y es lo que estamos haciendo”.
- “Pero qué bien que están tratando el tema porque, sí, ya la semana que viene empiezan los debates y es probable que, a mediados de abril, antes de Semana Santa, ya puedan estar votando en la Cámara de Diputados. El periodo de sesiones normal ordinario creo que termina a finales de abril y esta reforma tiene que ser aprobada por las dos cámaras, o sea, que antes de que termine abril ya sabemos”.
Después de la ratificación de mandato del 10 de abril, el presidente AMLO se va a radicalizar. Lo va a hacer para aprovechar el ímpetu de la consulta y consolidar su base de apoyo, para él y para quien sea su sucesor(a). Y la mejor forma de hacerlo es fortaleciendo su narrativa contra los adversarios. La polarización llegará a su límite: los que están conmigo y los que están contra mí; los que están con el pueblo y los que están con las empresas.
¿Acaso sabe bien el presidente AMLO que su partido en el Congreso no tiene los votos para que se apruebe su reforma constitucional? ¿Acaso esa es precisamente la estrategia? ¿Llevar la iniciativa original al pleno de la Cámara de Diputados para que se vote en contra y se rechace? ¿Acaso lo que se busca es perder en la votación para luego ganar en el discurso y la narrativa polarizante?
Tal vez lo que sería honesto y transparente es contarles a todos los mexicanos que, si se llegara a aprobar en el Congreso, la reforma eléctrica de AMLO no les conviene. ¿Por qué? Aquí van cinco razones:
- Tendríamos energía 52% más cara y, en época de preocupante inflación, subiría más el precio de todos los productos y servicios en nuestro país.
- El gobierno de la 4T violaría todos nuestros acuerdos comerciales con el exterior, especialmente el TMEC con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Perderíamos la confianza internacional y tendríamos que pagar indemnizaciones de por lo menos 44 mil mdd de inversión en activos ya operativos.
- Habría menos inversión y menos empleo para los mexicanos, deteriorando su calidad de vida y sus oportunidades hacia el futuro. Si las previsiones de crecimiento económico ya están cercanas al 1.7% para este año, la aprobación de la reforma energética le daría un golpe muy fuerte a nuestras posibilidades de recuperación.
- Crecerían 65% las emisiones contaminantes y ya no alcanzaríamos las metas de energía limpia para las nuevas generaciones. Si se aprobara la reforma eléctrica no habría nueva inversión privada e iríamos en sentido contrario de la revolución energética global, en detrimento de la salud y bienestar de los mexicanos. Necesitamos suficiente energía limpia y barata para combatir el cambio climático y hacer que la economía crezca.
- México necesita una inversión acumulada de un billón, 200 mil mdp (62,000 millones de dólares) en los próximos 10 años para tener energía suficiente y crecer. De estos, 840 mil mdp (42,000 millones de dólares) tendrían que ser sólo en energías limpias. CFE tendría que multiplicarse por 4. Sería equivalente a que el gobierno construyera 5 refinerías como la de Dos Bocas. Se requieren 354 mil mdp (17,700 millones de dólares) sólo para energía solar y eólica. Esto es 16 veces el presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Lo que el gobierno de la 4T no quiere decir a los mexicanos es que los regímenes de “autoabasto” y “productores independientes de energía” (PIEs) dejaron de ser alternativas desde la reforma del 2013. Han recibido hoy un nivel de atención desproporcionado. Pongámoslos ahora en contexto: el autoabasto representa sólo el 14% de toda la generación de electricidad nacional y sólo el 4% es renovable con tarifas de porteo estampilla.
Lo único vigente son los contratos previamente otorgados, que se respetaron para evitar que la nueva ley fuera retroactiva. Para acelerar su migración a mercado, o plantear una ruta negociada, no se necesita cambiar la Constitución. Utilizar esos temas para reformar la constitución es una excusa para darle control total a la CFE sobre el sector eléctrico. Es más, los PIEs están administrados por la misma CFE y le permiten tener energía hasta 186% más barata que la que ella misma genera, y una participación del 69% en el mercado de generación eléctrica. Esto es mucho más que el 54% que dice AMLO que se persigue con la reforma.
La representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, convocó ayer a una mesa redonda virtual con miembros del Congreso de Estados Unidos, ONGs ambientalistas, asociaciones empresariales y empresas estadounidenses sobre los preocupantes desarrollos en el sector energético de México y sus implicaciones para la economía mexicana y los compromisos asumidos bajo el TMEC.
La embajadora Tai comenzó la discusión señalando las serias preocupaciones por el deterioro de la trayectoria de las políticas energéticas de México para aumentar el control estatal y limitar la competencia en el sector energético. Están evaluando los cambios de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México, los retrasos crónicos en los permisos para las instalaciones de energía renovable y los cierres abruptos de numerosas terminales de combustible cerca de la frontera. Todo esto debilita la confianza de los inversionistas en México.