El reciente caso que involucra a Banorte y la empresa Altamont Securities Limited ha puesto de relieve la importancia de la ética y la diligencia en la práctica legal. Este litigio, que se ha extendido por más de 15 años, culminó en 2019 con una condena de más de mil millones de pesos contra Banorte, derivada de una demanda inicial por 1.8 millones de pesos.
La reapertura del caso por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ha llevado a la vinculación a proceso de Héctor Gómez López y Martha Gómez Cervantes, acusados de fraude procesal por presuntamente engañar a las autoridades judiciales para obtener la condena. Los abogados de Banorte, Jorge Fernández Becerril, José Antonio Lezama y Rodolfo Porras han desempeñado un papel crucial en esta etapa, denunciando las irregularidades y logrando el embargo de los derechos litigiosos de los acusados.
Este caso subraya la responsabilidad de los abogados en la defensa de la justicia y la integridad del sistema legal. La actuación de los litigantes de Banorte demuestra un compromiso con la transparencia y la legalidad, enfrentando maniobras fraudulentas que no solo afectan a una institución financiera, sino que también ponen en riesgo la confianza pública en el sistema judicial.
Es fundamental que los profesionales del derecho mantengan una conducta ética y vigilante, especialmente en casos de alta complejidad y repercusión económica. La detección y denuncia de fraudes procesales son esenciales para preservar la equidad y la justicia en los procedimientos legales. La labor de los abogados de Banorte en este caso es un ejemplo de la importancia de la ética profesional y la defensa de la legalidad en el ejercicio de la abogacía.