Trascendió como hecho notable que el gobierno electo de México había dirigido una invitación al jefe de gobierno español pretendiendo que este funcionario, que no representa al Estado, acudiera a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta del conglomerado hispanoparlante más grande del mundo. Lo anterior, además de ser absolutamente irrespetuoso de la tan recurrida tesis del respeto a la soberanía de las naciones, proviene de una terriblemente artificiosa interpretación de hechos históricos en torno a la llamada leyenda negra que sostiene que un grupo de españoles avariciosos, violando indígenas y destruyendo pirámides, impuso un régimen teocrático a los muy desarrollados pueblos aborígenes del Anáhuac.
Con esta propaganda por divisa, los defensores de esa leyenda negra, entre ellos notables actores políticos del régimen mexicano, pretenden que el actual Estado español tiene alguna suerte de responsabilidad sobre los hechos relativos a la conquista de la gran Tenochtitlan por parte del súbdito de Castilla, Hernán Cortés; y un grupo de no más de 500 ibéricos que, sin el permiso de autoridad alguna, representaron la más importante página heroica del siglo XVI.
Cualquier mediano lector de historia sabe a la perfección que fue Cortés quien encabezó una rebelión mayoritariamente compuesta por pueblos oprimidos por la cúpula mexica y que con base en su habilidad política, destreza militar y enorme arrojo, logró tomar como prisionero al huey tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin, quien confundiéndolo con el dios barbado Quetzalcóatl, permitió a Cortés una serie de desplantes que sólo por lamentable ignorancia, podía permitirse el gobernante de la ciudad-Estado más importante del centro de México y jefe de la triplealianza del Valle del Anáhuac.
Parafraseando al presidente López Obrador, quien sobre el tema señaló que: “No hay texto sin contexto”, profundicemos un poco, desde la óptica legal e historiográfica, sobre la imposibilidad de que el actual rey de España pudiera tener vinculación política o jurídica con el sacro emperador romano-germánico Carlos I de Castilla y V del imperio romano.
En 1521 no existía ninguna entidad política que pudiera equipararse con el Estado español moderno; Carlos V ostentaba una serie de títulos, incluidos los reinados de Castilla, Aragón, Navarra y hasta Jerusalén, que conjuntó por sucesión legítima sin que los gobiernos de estas regiones tuvieran mayor relación que un mismo personaje como jefe (El). Sería entonces prudente, siguiendo la lógica de los presidentes, saliente y entrante, que Benjamín Netanyahu, actual jefe del estado de Israel, como sucesor del reino de Jerusalén, que como hemos escrito, también ostentaba Carlos V, pidiera perdón por la muerte de los indígenas en el imperio cuya titularidad compartía. Sería prudente entender que la casa de Habsburgo, durante las guerras de sucesión de mediados del siglo XVII, perdió las heredades que los reyes de Trastámara habían legado a su nieto, y que fue la casa de Borbón la que desde entonces tuvo el poder titular en algunas de las coronas, hispánicas, no así las germánicas, del sacro emperador Habsburgo. Lo que quiero dar a entender con este complejo galimatías sucesorio, es que, ni el reino de España existió sino hasta principios del siglo XVII, ni las familias reinantes en el momento de la conquista, son las que actualmente reinan en España. Cualquier estudiante de derecho entendería que el tracto sucesorio de un Estado sólo existe en responsabilidad moral y material a partir de la creación de la entidad nacional que pueda asumir la responsabilidad objetiva sobre actos hacia terceros. O sea, si el reino de España no existía entonces, el sacro emperador que gobernaba la mitad del mundo y la casa reinante es la de Borbón y no la de Habsburgo o Trastámara, ¿cómo puede pretender responsabilizarse a Felipe VI de nada de lo que el sacro imperio haya hecho o dejado de hacer?
Aprovecho esta tribuna para señalar que en esa lógica de responsabilidades limitadas que, según el régimen mexicano pueden atribuirse por cualquier criterio pegantino a quien se considere que Sheinbaum y López Obrador, en su calidad de jefes de gobierno de la Ciudad de México, antes México Tenochtitlan, ofrezcan disculpas y pidan perdón a los pueblos oprimidos por el gobierno de Axayácatl, Moctezuma Ilhuicamina, y otros que hayan ostentado el título de Huey Tlatoani o jefe de los barrios de Tenochtitlan, por la persecución, sometimiento y homicidio ritual al que fueron sometidos por los mexicas, hoy chilangos. Así de insensato suena para cualquier europeo de cultura media la extraña petición y, más aún, consecuencia diplomática contra Felipe VI.
Sería bueno dejar de escuchar a historiadores ultra ideologizados y entender un poco más objetivamente la creación de los estados-nación o releer a Kelsen sobre la responsabilidad objetiva de las entidades nacionales.