“El pueblo decidió en las urnas diluir contrapesos. De hecho, los mercados reaccionaron mal no por el logro de Claudia, sino por el posible llamado plan C”, ha escrito Elisa Alanís en Milenio. De eso hablaba ayer el Financial Times: “El peso cae mientras Claudia Sheinbaum gana la presidencia de México por abrumadora mayoría”. Cito la fundamental de la nota del diario británico:
- “La magnitud de su victoria desconcertó a los inversionistas que vendieron el peso por temor a un cambio constitucional radical”.
- A la gente del dinero en todo el mundo le preocupa “la posibilidad de cambios constitucionales para eliminar algunos controles y equilibrios sobre el poder del gobierno”.
- “Mientras los partidarios de Sheinbaum celebraban en la histórica plaza central de la Ciudad de México, el peso mexicano cayó un 3.3 por ciento a 17.62 frente al dólar, su nivel más bajo desde noviembre, mientras que el índice bursátil IPC bajó un 4.8 por ciento”.
- “En una señal a los mercados el lunes por la tarde, Sheinbaum publicó un video agradeciendo al ministro de Finanzas, Rogelio Ramírez de la O, un economista educado en Cambridge, por aceptar permanecer en su gabinete”.
En el Washington Post la columnista Mary Beth Sheridan publicó reflexiones similares poniendo el acento en la reforma del poder judicial. No hay duda, pues, de que genera inquietud en el ambiente de las finanzas globales la posibilidad de que se concreten las reformas del llamado plan C, especialmente la judicial. Con respeto para el INAI, este instituto no es relevante: no juega en las ligas mayores de la economía.
Por tal razón, la presidenta Sheinbaum rápidamente confirmó que el economista Ramírez de la O seguirá en el gabinete. Ya se sabía, pero era necesario repetirlo en voz mucho más alta para tranquilizar inversionistas. Fue el motivo que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a decir lo mismo en su mañanera del lunes 3 de junio de 2024.
La peor pesadilla del economista Ramírez de la O debe ser la aprobación de la reforma judicial, que no gusta a nadie partidario de la democracia y la división de poderes y que, necesariamente, de concretarse provocará problemas financieros que podrían llegar a ser graves.
La del poder judicial es una reforma abiertamente rechazada, en México y en el extranjero, especialmente por quienes entienden el tema. ¿Elegir a la gente que juzga mediante voto popular? No es buena idea: sin información los y las votantes no tomarán decisiones correctas.
La clave es la información. Votamos masivamente a favor de Claudia Sheinbaum porque contábamos con información de sobra acerca de su trayectoria científica y política y pudimos compararla con la biografía más bien anodina de su rival Xóchitl Gálvez. Logramos así tomar una decisión racional —votar por la mejor— porque a ambas las conocíamos. Muy distinto ha sido el caso de la elección de diputados y diputadas, personas absolutamente desconocidas. Así que elegimos integrantes del poder legislativo al azar o por apoyar al partido de la candidata presidencial.
¿Elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras en elecciones abiertas? Votaríamos por gente desconocida. Entonces, correríamos el riesgo de elegir a juristas incompetentes y no a quienes tengan las mejores calificaciones solo porque el azar les favoreciera o bien porque sus nombres nos resultaran más afables o más raros o más lo que fuere.
Jueces y juezas deben ser personas técnicas que lleguen a sus cargos por sus capacidades académicas después de pasar exámenes exigentes. Magistrados y magistradas deben ser jueces y juezas con méritos para el ascenso. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben llegar personas juzgadoras con experiencia y carreras intachables y, también, juristas que hayan destacado en la academia, el poder ejecutivo, el litigio o la asesoría empresarial.
Como solo en casos excepcionales los y las votantes tendríamos información completa para elegir adecuadamente al personal del poder judicial, lo mejor es buscar otro método de selección si el actual ha dejado de funcionar.
No dudo que una reforma de poder judicial sea necesaria. Pero la única que no le quitará el sueño al secretario de Hacienda —esto es, la única que no generará turbulencias financieras y descontento generalizado entre quienes aspiran a fortalecer y no a debilitar la división de poderes— tendrá que ser diseñada a partir del consenso de la gente que sabe. No es el caso de la iniciativa del mayor genio de la política que conocemos, el presidente López Obrador. Este sin duda es un hombre genial, pero no infalible: ni el papa Francisco lo es , afortunadamente. Ayer dijo AMLO:
- “Yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al poder judicial porque no es posible mantener un poder judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría”.
- “Tiene que haber un poder judicial que represente a los mexicanos, incorruptible, porque, si no, no avanzamos”.
- “Pero eso hay que verlo, platicarlo con la virtual presidenta electa”.
- “Yo he buscado otros mecanismos de reforma al poder judicial y, la verdad, no los veo eficaces”.
Alguien particularmente espabilado, notablemente talentoso y muy dotado para el análisis como Andrés Manuel no puede darse por vencido tan fácilmente ante un reto intelectual. Si no ha encontrado mejores ideas para la reforma judicial, tendrá que insistir en buscarlas. Las descubrirá si se aplica, claro que lo logrará. Lo mismo deberá hacer Claudia, también una persona brillante: poner a los mejores cerebros de su equipo a pensar en una reforma del poder judicial que no genere angustia en el economista Ramírez de la O, sino todo lo contrario: que le ayude a consolidar y perfeccionar el nuevo sistema económico que ha nacido con la 4T y que debe seguir exitosamente vigente, la llamada economía moral, que de ninguna manera debe reñir con el gran mundo de las finanzas dominado, ni hablar —aceptemos las cosas como son—, por las ambiciones incontrolables de los y las grandes capitalistas que solo invertirán donde piensen que hay reglas claras para defender sus patrimonios inclusive de los propios gobiernos.